A medida que aumenta la dependencia de Colombia del mercado mundial, el salario promedio de la población disminuye: el país empobrece mientras se enriquece a las naciones poderosas. Es el resultado de la decisión de los gobiernos colombianos de orientar el sistema educativo hacia la formación masiva de mano de obra barata para insertarse a la globalización y desechar su papel primordial de generación de conocimiento científico en universidades y demás niveles, condición necesaria para construir un desarrollo nacional autónomo.
Así, Pastrana recortó los recursos del Sistema General de Participaciones -SGP- que financia la educación básica y media; Uribe convirtió al ICETEX en una banca de segundo piso de naturaleza mixta y financiada por el Banco Mundial; Santos robusteció la financiación a la demanda privada con el programa Ser Pilo Paga; Duque hizo lo mismo con Generación E, y, entre él y Petro, replicaron el incentivo a la demanda en el sector público con la Matrícula Cero, recién ascendida a Ley, la 2307 de 2023. Sin excepción, incrementaron constantemente la cobertura universitaria con recursos congelados para atenderla, lo que significó para el sistema universitario público “desfinanciar sobre lo desfinanciado”, a lo que el movimiento social y estudiantil se ha resistido desde 2011.
En el Plan Nacional de Desarrollo de Petro, Ley 2294 de 2023, el artículo 105 instauró el mecanismo de Pago Contingente al Ingreso para repotenciar el subsidio a la demanda con crédito educativo; tal como el Banco Mundial, prestamista del ICETEX, prescribió en sus Notas de política sobre Colombia – 2018: “Promover, de manera sostenible, la equidad en el acceso mediante la promoción de financiación contingente de los ingresos para la educación terciaria. (…) Esta modalidad podría reemplazar a Ser Pilo Paga, ya que tendría sus mismos beneficios (eliminación de barreras de acceso) pero sería más sostenible, pues se recuperaría parte del recurso asignado”; es decir, es más un plan de salvamento al ICETEX para pagarle al Banco Mundial, que uno para sus deudores.
Tanto Duque como Petro han priorizado las competencias laborales en la educación, en lugar de imprimirle, como reclama José Fernando Ocampo, “el carácter científico” en cada nivel. Es la educación para exportar plusvalía que condena a Colombia al atraso y a la maquila, siguiendo la receta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- de reglamentar e implementar el Sistema Nacional de Cualificaciones. Se hizo como consideró la entidad en sus documentos para Colombia: “Debe implementarse en su totalidad y reforzarse el marco nacional de cualificaciones actualmente en desarrollo, y un sistema de transferencia de créditos”, que, entre otras, “permitiría el reconocimiento de las competencias que habrían adquirido en el lugar de trabajo”. En 2019 se estructuró el Sistema y en 2022 se le trazó un norte: “será esencial mejorar la calidad y la pertinencia de la capacitación laboral”. Petro hizo norma el Sistema Nacional de Cualificaciones en el artículo 64 del Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 2294 de 2023.
El Proyecto de Ley 224 de 2023, radicado por la ministra Vergara, busca ser la Ley Estatutaria de la Educación, la norma rectora de las dos que hoy -por separado- rigen la educación básica, media y no formal (Ley 115 de 1994) y la superior (Ley 30 de 1992).
La primera, fruto de la victoria de la movilización del magisterio que entonces impidió el avance de la privatización de la educación escolar y se impuso con la consigna de ciencia en los contenidos y autonomía en los métodos, quedó en veremos tras el acuerdo sindical de 2023 entre FECODE y el Ministerio. La segunda ha sido combatida por las luchas universitarias de las últimas décadas y, por el primer borrador conocido, según la propuesta de modificación del artículo 86 respecto a la financiación, plantea solo “ajustes” anuales a la base presupuestal sin resolver la deuda histórica.
Esa Ley Estatutaria, agitada con el señuelo de elevar a derecho fundamental la categoría jurídica de la educación, no resuelve el problema de la financiación que es el aspecto central del análisis. El Gobierno ni reconoce, ni menciona los déficits acumulados, tanto el del SGP, por el recorte de sus transferencias a 2022 de $245 billones, como el del sistema público de educación superior que en 2018 superó los $18 billones. La deuda histórica no se pagará.
De hecho, en la exposición de motivos del proyecto (p. 61) se asegura que “no existe una disposición que ordene un gasto adicional”, y cualquier contingencia quedará al libre albedrío de Petro, a quien, al semestre siguiente a la aprobación del texto, se le otorgan poderes especiales para tales efectos (artículo 35). En conclusión, no deja de cumplir las reglas fiscales y las normativas impuestas por la OCDE y el Fondo Monetario Internacional -FMI-, aquellas que impiden la financiación pública total a la oferta, así como el incremento actualizado para cubrir los faltantes históricos. Un extraño derecho fundamental sin recursos suficientes.
No basta con que el Gobierno mantenga la clasificación de la educación como servicio de comercio transfronterizo, ni las garantías para adelantarla como negocio, consignadas en el TLC con Estados Unidos; sino que, como paradoja, en la Estatutaria los elementos esenciales, los principios y fines que caracterizan el derecho fundamental, condensan todas las tesis de política educativa contra las que se ha luchado en los últimos 20 años, las que delineó la Misión Alesina de los años noventa del siglo pasado, seguidas a rajatabla.
Veamos. Entroniza la pertinencia de la educación al mercado mundial (artículo 5, literal e); la sujeta a la sostenibilidad fiscal (artículo 5, literal m); enuncia una cosmética promoción de la formación y formalización docente (artículo 33); enmarca al sistema educativo dentro de las “políticas públicas globales” (artículo 4); “cumple” con mañas la promesa de oferta universal, al acudir a las instituciones de educación mixtas (artículo 4 y artículo 5, literal p), las del negocio privado con la infraestructura pública, como hizo Petro en la alcaldía de Bogotá, y, asimismo, considera la educación virtual como medio expedito: se repite la historia de la primacía de la cobertura sobre la calidad (artículo 7, literal d), denunciada por rectores universitarios en diversas comunicaciones.
Frente a tan regresivas reformas educativas de Petro y Vergara, no se puede soterrar la consigna de una educación nacional, científica, pública y al servicio del pueblo, sino que, antes bien, agitarla como nunca, puesto que el Gobierno ahonda en el proyecto neoliberal, el trazado por Alesina, enfilando la educación del país en consonancia con el saqueo general. Colombia Soberana invita a la comunidad educativa, estudiantes, profesores, trabajadores, directivas y padres de familia, a estudiarlas con detalle, a debatirlas de modo amplio y democrático y a organizarse de forma independiente para confrontarlas con la Resistencia Civil.
