SOBERANÍA entrevistó a Mario Yepes, presidente del ‘Comité Cívico contra el cobro del alumbrado público en el campo’, sobre la situación del alumbrado público rural en el Belén de Umbría, municipio de Risaralda, el cobro por un servicio que en la práctica no se presta y la resistencia civil de los campesinos contra esta injusticia.
Fotografía de Belén de Umbría tomada de internet.
Periódico SOBERANÍA: ¿Cuál es la situación del alumbrado público rural en el municipio Belén de Umbría?
Mario Yepes: Lo primero que hay que decir es que Dinámica ESP era una empresa municipal y el alcalde anterior la convirtió en una empresa mixta, con capital privado del 40 % y el otro 60 %, capital del municipio.
Posterior a eso, nos impusieron el alumbrado público en el campo y nos están cobrando a 3.200 campesinos por un servicio que no existe, que no queremos y que no nos prestan. Frente a eso, nosotros nos organizamos el ‘Comité Cívico contra el cobro del alumbrado público en el campo’, un comité donde están todas las corrientes ideológicas y sociales del municipio, para movilizarnos contra esta medida.
Convocamos a un plantón en el que participaron 2.500 personas.
Otra actividad que hicimos fue una reunión de 1.000 personas y nos declaramos en desobediencia civil para no pagar ese servicio, que además es inconstitucional, porque el Estado no puede cobrar un servicio donde no lo hay.
Eso lo demandamos ante la Procuraduría departamental, con la orientación jurídica de abogados que asesoran al comité.
Este sábado nos vamos a reunir para hacer un análisis y evaluar cómo ha avanzado el proceso en la Procuraduría y tomaremos decisiones para el próximo año.
Periódico SOBERANÍA: ¿Cuándo empezó el cobro del alumbrado rural?
Mario Yepes: Eso comenzó hace aproximadamente un año y medio, como en septiembre u octubre de 2023.
Y la mayoría de la gente está acatando la decisión del Comité Cívico y no está pagando, en actitud de desobediencia civil. Sin embargo, la gente está preocupada porque esa tarifa se le está acumulando en las facturas cada mes.
Periódico SOBERANÍA: ¿La empresa mixta les está cobrando por un servicio que no les presta?
Mario Yepes: Así es. Nos están cobrando por un servicio de alumbrado rural que no nos prestan.
Es un cobro supuestamente para pagar el alumbrado público del pueblo. Y se lo están cobrando a 3.20 usuarios del campo.
Además, la gente no está a gusto con eso, porque uno en el campo no necesita alumbrado público. Por eso la gente está en desobediencia civil y no está pagando ese cobro.
Periódico SOBERANÍA: ¿Cuándo y dónde fue el plantón de 2.500 personas contra el cobro del alumbrado público rural?
Mario Yepes: El plantón que fue a finales del año 2022, al frente de la Alcaldía. Un plantón convocado por el Comité Cívico, en el que participamos aproximadamente 2.500 personas, contra este nuevo cobro que ya habían empezado a efectuar.
Esa medida, la del alumbrado público rural y su correspondiente cobro, fue aprobada por 8 concejales ―favorables a la administración anterior― y 5 la votaron en contra.
Periódico SOBERANÍA: Ud. también nos habló sobre una reunión de 1.000 campesinos. ¿Cuándo fue y a qué conclusiones llegaron?
Mario Yepes: Eso fue a mediados de 2023 y ahí decidimos no pagar el cobro del alumbrado público rural, declarándonos en desobediencia civil. Desde entonces, la mayoría de campesinos no estamos pagando por ese servicio que no nos prestan y no necesitamos.
Periódico SOBERANÍA: ¿Qué viene en materia de resistencia civil para uds? ¿Cuáles serán las próximas acciones del ‘Comité Cívico contra el cobro del alumbrado público en el campo’?
Mario Yepes: Lo primero será la reunión de este sábado, en la que evaluaremos cómo va la demanda que interpusimos contra el cobro del alumbrado público rural ante la Procuraduría departamental. Lo demandamos por inconstitucional. Abogados asesores del comité señalan que no puede ser cobrado un servicio que no se presta.
Segundo, si la Procuraduría no falla a favor de nosotros los campesinos, entonces realizaremos un plantón masivo para mediados de enero.
