¡Se hundió la segunda reforma tributaria de Petro! El Congreso de la República rechazó la mal llamada ley de financiamiento, cuyo objetivo inicial era recaudar $12 billones de pesos, que luego se volvieron $9.5 billones.
Este proyecto sería el segundo intento de reforma tributaria después de dos años de gobierno; la primera, aprobada en 2022 en medio de la charlatanería oficial, le costó a los colombianos $70 billones de pesos adicionales, mientras que la hundida amenazaba con dar la estocada final a la ya golpeada economía de los colombianos.
Oscuro panorama de la producción nacional
De acuerdo con un estudio de Informa Colombia, el país se encuentra en medio una crisis empresarial sin precedentes. El tercer trimestre del 2024 está marcado por una disminución de 34 % en la creación de empresas frente al mismo período de 2023 y 47 % del 2022. Se evidencia destrucción de la formación bruta de capital que, asociada a poca inversión empresarial debido a las elevadas tasas de interés, que diezman el acceso al crédito, sumado a pocos incentivos fiscales.
La tasa de desempleo se mantiene en 9 %. La producción industrial (índice de producción industrial-IPI) presenta una cifra negativa del 4,5 % a septiembre de este año. Juntos estos indicadores dan cuenta de la destrucción del trabajo. Tal como lo pregona la teoría económica, a medida que se reduce la producción industrial se incrementa el desempleo.
Tabla de elaboración propia, a partir de datos del índice de producción industrial y tasa de desocupación del DANE.
El detalle de la lesiva reforma
Bajo este panorama de crisis de la economía nacional, el Gobierno Petro presentó una reforma tributaria para cuadrar caja. Buscaba suplir el déficit del Presupuesto del 2025 cercano a los $20 billones de pesos, donde $18 billones son para el pago de la deuda.
Entre las medidas regresivas de esta reforma, encontramos la posibilidad de endeudar al país mediante el eufemismo de «flexibilizar la regla fiscal». Se mantuvo hasta final el incremento al impuesto de carbono que generaría un aumento en el precio de los combustibles, adicional al del Fondo de Estabilización de Precios (FEP).
Se destaca la alerta hecha sobre este incremento por ANDEG al señalar que la reforma traería un aumento cercano a $80 kilovatio por hora, golpeando aún más la producción nacional y el empleo.
Cabe recordar que un incremento de 10 % en la tarifas del servicio de energía representa una disminución de la productividad manufacturera en 0,6 %, en la región Caribe; mientras que en el resto del país es cerca de 0,09 %, según estimaciones de Fundesarrollo.
Por otro lado, la reforma contemplaba la disminución de tarifa diferencial para las micro y pequeñas empresas, mientras incrementaba la tarifa de renta de las compañías dedicadas al sector de hidrocarburos, generado una serie de sobrecostos para el tejido empresarial nacional; sin compensar la disminución en la tarifa de renta, contribuyendo a agravar el cierre de empresas y el desempleo.
Cabe mencionar la creación de bonos de transición energética destinados a alivios a la inversión de multinacionales dedicadas a las energías limpias con operación en la misma dinámica de la «Confianza Inversionista». Así, el Gobierno estaba dispuesto a precarizar las condiciones de la dinámica comercial del país a cambio de brindarle garantías a transnacionales y ampliar el margen de endeudamiento del país con bancos estadounidenses.
En este fin de año, los empresarios y trabajadores se pueden sentir aliviados por el hundimiento de un proyecto de ley que amenazaba con empeorar la economía nacional, sin bajar la guardia para el 2025. Se proyectan recortes presupuestales y aumentos en los peajes a partir de enero, mientras se cumple a rajatabla el pago de la deuda pública (externa en bonos soberanos e interna en Títulos de Tesorería, TES). Por esto, es imprescindible que los empresarios y trabajadores estén alerta para defender la producción nacional, frente a las decisiones del Gobierno progringo de Gustavo Petro.
