La caída del precio de la carga por debajo de $180 o $170 mil pesos dependiendo de la región del país, la competencia desleal enmarcada en la importación creciente de arroz en el marco de los acuerdos comerciales y del contrabando, las deudas impagables, los problemas relacionados con el sistema de riego, la politiquería que se tomó el ICA, y de ñapa los problemas derivados del oligopolio de la industria mercantil que controla el mercado nacional, condujeron a los productores al paro tras ser desoídos durante meses por el Gobierno Petro.
Como escribió la ingeniera agrónoma Adaljiza Lozano en reciente análisis, los costos de producción en el país por hectárea resultan un 35 % más altos que en Estados Unidos y Brasil, a pesar que la productividad ha mejorado; y respecto a países del sur de Asia, potencia mundial en el mercado, los sobrecostos llegan hasta un 110 a 127 %. Esto refleja las condiciones desiguales en las que debe competir Colombia en cuanto a subsidios y programas técnicos estatales. Un hecho grave porque el 90 % del arroz nacional va dirigido al consumo de los hogares colombianos.
Por ende, ante el bajón en los precios al productor —no reflejado en el precio al consumidor—, los cultivadores vienen exigiendo el incentivo de almacenamiento de la cosecha como herramienta para acordar un precio mínimo de compra. Sin embargo, las propuestas del actual Gobierno, nada alejadas de su predecesor, junto con el Consejo Nacional del Arroz, no han ido más allá del anuncio de líneas de crédito especiales para hacer plantas de secamiento y silos, y cooperativas, que no pueden concebirse sin molinos propios, para lo que deberían invertir miles de millones de pesos y años de investigación para competirle a la concentrada industria molinera.
También lo dijo el Dr. Ángel María Caballero: “¿Cómo organizan empresas molineras unos productores de Saldaña, de Lérida, de Yopal o de cualquier municipio o departamento? ¿Cómo organizan un mercadeo de arroz paddy, para volverlo blanco, para empaquetarlo, para entrar a competir con las grandes marcas? Eso tiene que ser de la mano del Estado, el agricultor solo no puede”. No obstante, el prometido apoyo estatal no aparece.
Está claro, el Gobierno Petro debe asignar los subsidios que piden los arroceros para cubrir los costos de producción, mediante un plan estructurado, y buscar alternativas serias al carácter oligopólico de los molinos. Además, activar las salvaguardias comerciales, que al igual como lo han pedido los cafeteros, ahora exigen también los arroceros para proteger su producto; reducir las expoliadoras tasas de interés crediticio del agro y recuperar la importancia y pertinencia del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que ha sido entregado a los politiqueros denominados “alternativos”.
De manera que hay plena justeza en la resistencia civil que adelantan los arroceros por la producción de un cereal fundamental para los hogares del país, para la dieta básica de los hogares, superlativo de cara a la soberanía y la seguridad alimentaria. Mientras el Gobierno Nacional continúe alargando la solución a sus demandas, el problema crecerá aún más. Elevamos entonces nuestro llamado a toda la sociedad a apoyar el paro arrocero y exigir que el Gobierno les resuelva sus peticiones.
