En los últimos 15 años, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) ha enfrentado tres acometidas privatizadoras y las ha resistido por la movilización ciudadana y de sus trabajadores.
Samuel Moreno montó en 2009 un carrusel con la cotización de sus acciones en la Bolsa de Valores que buscaba una jugosa transacción, pero que por la crisis financiera global se desplomó. No obstante, en 2010, la alcaldesa Cristina Plazas, encargada por Juan Manuel Santos por dos meses, presentó un proyecto de acuerdo para subastarla, el que, después de debates y protestas y la acción de Clara López en propiedad en la alcaldía, se hundió.
En 2016, Jorge Castellanos, presidente de ETB del gobierno Peñalosa II, dijo que la empresa era “los zapatos viejos” de Bogotá y denigró de ella al punto de perfilar sus estados financieros, en las normas contables NIIF, para simular una bancarrota. El engaño fue derrotado en un cabildo abierto multitudinario, sin precedentes, que impidió que el Concejo respaldara la nefasta iniciativa.
Hoy, en 2025, la ETB enfrenta una nueva arremetida privatizadora, ahora por el alcalde del Nuevo Liberalismo, Carlos Fernando Galán. La estrategia montada, por el presidente actual, el ex ministro santista, Diego Molano Vega, combina la de Peñalosa, la de manipular los estados financieros, con la de Moreno, en un juego bursátil, esta vez a la baja. Se retroalimentan entre ellas.
Molano inició la campaña de desprestigio en una entrevista en el periódico EL TIEMPO, el 11 de enero de 2025, en la que vaticinó su desaparición por las pérdidas en la contabilidad de 2024 y por la caída anual de la acción en el mercado bursátil de $95 a $51.
“Si la ETB no se reinventa, va a desaparecer”, “En los últimos dos años hemos perdido más de 270.000 millones de pesos”, “vamos a hacer muchas alianzas con compañías de diferentes tipos, incluso con nuestros competidores” y puso de ejemplo la fusión de Tigo y Movistar, precisamente la compañía en la que Molano laboró hace años.
Oculta que en 2024 la empresa vendió servicios por $1,7 billones y arrojó una ganancia operacional básica de $457 mil millones. No obstante, cuando en los otros gastos se restan las depreciaciones ―que no es un valor de dinero contante― por $342 mil millones, el beneficio operacional lleva a un saldo de pérdida de $7 mil millones. Es el truco de depreciar los activos aceleradamente, como una elección de técnica contable. De ahí que la cotización de las acciones en el mercado no corresponda a su situación real ni a su verdadero valor en libros, sino a las malas noticias que Molano propaga. Otra vez se propaga la tesis de los “zapatos viejos”.
Molano oculta varias de las reales razones que sí perjudican a la ETB, del contexto del mercado nacional y del entorno mundial, y otras por las cargas financieras que acarrea desde 2013, cuando a Saúl Kattan y a Gustavo Petro, con base en un plan de negocios para implantar la fibra óptica, se les “despiporraron” las cuentas y emitieron bonos por 300 millones de dólares al 7 % a 10 años, que se financiarían con el enganche de un millón de clientes.
¿Qué pasó? El negocio no funcionó según lo proyectado. Después de 11 años, en 2024, solo van 562.000 suscriptores, lo que se refleja en la situación financiera de ETB. Pese a que en 2019 se hizo una recompra de esos bonos por $180.000 millones, en 2022 quedaba un remanente de $354.074 millones que se debían a los bancos extranjeros Euroclear Bank y Clearstream Banking. Para cubrirlo se aumentó el endeudamiento financiero de ETB, con los Bancos Itaú, Scotiabank y Bancolombia hasta por $805.679 millones, con un servicio de amortizaciones e intereses en 2024, por $157.077 millones.
Este pool impuso unas claúsulas en términos de “sostenibilidad”, como la relación, máxime 3 veces entre la deuda y el EBITDA, y tiene el control del desempeño financiero de la compañía, lo que se llamó hace años “el terrorismo” bancario. Un magro resultado del “despiporre” de Petro y Kattan en 2013.
No menos importante es que hace varios años este sector, en el que los ingresos crecen menos que las constantes y necesarias inversiones, atraviesa por una grave crisis estructural en un mercado caracterizado por una alta concentración, la dominancia declarada de Claro sin ningún actuar por parte del regulador; los altos costos operativos y de espectro, frente a lo que ni Santos, ni Duque ni Petro hicieron nada. Es una crónica de “muertes anunciadas”, como Azteca, WOM o Telecall (la que ni siquiera empezó) y se pavimentó el camino hacia un duopolio que ahogará a los demás competidores.
El recorrido de la privatización de las anteriores administraciones neoliberales no logró su estocada final, se les opuso la resistencia civil, fruto de la unidad del movimiento sindical, social y ciudadano. Que de nuevo logre defender este patrimonio público y demande un plan empresarial patriótico que logre preservarlo.
