Comité Agrario, Colombia Soberana.
Aunque se eligió con las banderas del cambio en materia agrícola, en lo que va corrido del Gobierno Petro ha demostrado ser la continuación de las políticas del neoliberalismo aplicadas desde los noventa y profundizadas en el nuevo siglo. Contrario a lo prometido en campaña sobre renegociar los TLC que tanto afectan la producción agropecuaria, gobierna para profundizarlos. Continúa la entrega del mercado interno y amplía las redes del libre comercio en desmedro de la soberanía y la seguridad alimentaria de la nación.
Durante los gobiernos de Uribe hasta el de sus sucesores, Juan Manuel Santos e Iván Duque, se ha profundizado la agenda aperturista contra el sector agropecuario de Colombia. En el caso de los de Uribe, imperó la política agroexportadora, centrada en productos tropicales al tenor de las ventajas comparativas prescriptas para el potencial de tierras productivas que tiene Colombia, política enfocada en la gran propiedad, la denominada transición de “una agricultura con énfasis en cultivos sustitutivos de importaciones y orientada al consumo interno, hacia una con predominio de cultivos competitivos tanto en los mercados domésticos como en los externos” (Tribuna Roja, 2011).
Por esta vía aumentó el ingreso de alimentos extranjeros. El país pasó de importar 9,5 millones de toneladas de alimentos en 2012 -año de implementación del TLC con EE. UU.- a 16 millones en 2022.
Luego vino el modelo de Santos, este pulió la política de la extranjerización de la tierra mediante las Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social -ZIDRES- que profundizaron el acaparamiento de tierras.
Bajo este gobierno la inversión extranjera entre 2018 a 2019, se incrementó un 79%: por cada peso invertido salían dos. Las condiciones ventajosas que el Estado dio a los inversores extranjeros contrastaron con las dadas a los campesinos, PYMES y empresarios nacionales. Actualmente este abanico de capitales extranjeros cubre hasta cultivos como el de cannabis, respondiendo a la pregunta de algunos jóvenes universitarios de los años noventa: “¿de qué depende que se legalice el uso medicinal y comercio regulado del cannabis?”. De que la globalización lo adopte como negocio.
En su segundo mandato, incorporaría el tema agrario en los Acuerdos de Paz, que a la postre serían la guía del programa agrario de Petro, con profundas fallas e incumplimientos. Por lo demás continuó con la gran plantación e insistió en los cultivadores de pancoger, de esta manera la locomotora del agronegocio cambió el espíritu de la Unidad Agrícola Familiar -UAF-, a través de la eliminación de “limitaciones burocráticas de la UAF”, para ponerla al servicio de capitales financieros, vistiendo a los pequeños productores como eventuales suministradores mientras la figura comercial seguiría siendo la de la gran plantación para acceder a los mercados financieros globales con menos costos de capital. Se recordará la Ley Urrutia, como aquella que legalizó el acaparamiento de tierras por grandes grupos financieros globales.
Luego vino la política agraria de Iván Duque, continuó por la senda del “libre comercio” e implementó el Agro Ingreso Seguro 2.0. Se distinguió por la concentración de los recursos del sector agropecuario en pocas manos. Tres cuartas partes del crédito agropecuario puestas en manos del 2% de los solicitantes, mientras que el 75% de los solicitantes, campesinos y pequeños productores, recibieron apenas el 14% de los recursos crediticios. Además, siete de cada diez campesinos quedaron por fuera mientras que las grandes superficies y multinacionales, acapararon la mayor cantidad de recursos. El elemento novedoso fue que el crédito agropecuario por esta vía terminó financiando las importaciones, ¡inaudito!
Y como si fuera poco, la tercera parte del crédito no iba a inversiones en actividades nuevas de producción, sino a la refinanciación de deuda porque el gobierno de Duque al igual que los de Santos, nunca cumplió con los acuerdos del paro agrario para condonar las deudas agropecuarias.
Los resultados afloran: profunda desigualdad en la estructura de la propiedad de la tierra, la consolidación y dependencia de los cultivos tropicales, el deterioro de los suelos y recursos naturales, y la afloración cada vez mayor de la ganadería extensiva como elemento dominante en la variable agropecuaria colombiana.
¿El gobierno de Petro cambiará esto? No
Como primera medida, el gobierno Petro prometió renegociar los Tratados de Libre Comercio -TLC- hecho frente al que otras campañas eran tímidas o sencillamente no se comprometían. Lo plasmaría así en su programa de gobierno en el punto 2.4.1 “Pacto por el Campo”. Pero una vez en el gobierno, incumplió, dijo a través del ministro de comercio que “no se van a renegociar los TLC”.
Peor aún, afanado por los intereses foráneos, el presidente Petro pondrá a Colombia como cabeza de bala mediante la desempolvada del Área de Libre Comercio para las Américas -ALCA-, que no pudo concretar el entonces presidente George Bush padre, ante la resistencia civil de los pueblos de América del Sur.
Ahora, en contexto de varias crisis económicas ocurridas desde entonces, la pandemia del COVID, y con recursos naturales que no alcanzan a ser succionados por la vía de los TLC, a la velocidad que demanda el enjambre imperialista de “acelerar el crecimiento”; más la decisión de los Estados Unidos de limitar la influencia geopolítica China; el gobierno de Estados Unidos destapó la “Declaración Conjunta sobre la Alianza de las Américas para la prosperidad económica”, en la que junto a varios países del Caribe, Centroamérica y Latinoamérica, manifiestan “la intención compartida de establecer” dicha “asociación regional más fuerte”, una “resurrección del ALCA”; en donde no juegan ni Argentina ni Brasil.
Mediante esta resurrección bilateral, también buscan corregir los errores del mercado que incluyen derribar las barreras arancelarias, como aquellas que al carecer de carácter único, no garantizan pleno acceso a las trasnacionales financieras y crediticias. Atravesados están aún para sus intereses, sistemas como el Andino de Franja de Precios, a lo que se podrá sumar el derribo de escasas salvaguardias comerciales. Y el gobierno Petro maquilla su membresía colonial en tal alianza, con consignas reivindicativas legítimas, apropiadas de los movimientos sociales: cambio climático, igualdad de género, empoderamiento femenino, derechos humanos, combatir la corrupción, comercio responsable etc.
En cuanto al modelo agroexportador, el gobierno de Petro no ha disimulado en la agitación de las políticas de sometimiento aplicadas por sus antecesores. Es conocida por ejemplo su recurrente alabanza a la inversión extranjera y su incapacidad de resolver a favor de los productores nacionales, en materia de costos y rentabilidad en el sector; en donde, se profundiza la variable de costos crecientes y rentabilidad decreciente para el agro de Colombia, siendo el café un caso crónico.
Todo lo anterior cabalga en la política económica aplicada por el exministro de hacienda José Antonio Ocampo, el “adulto responsable” del gobierno Petro, y continuada por Ricardo Bonilla; que, en consonancia con su predecesor, aprueba cuanta receta le impongan los organismos internacionales como el FMI, la OCDE y el Banco Mundial. Obran en la línea ortodoxa del Banco de la República, lo que ha incluido un alto costo inflacionario, el aumento disparado del crédito y la incidencia en el aumento en los índices de producción, más el encarecimiento mensual de los combustibles. Tan feliz se sentía Ocampo, que celebraba sin empacho cifras inflacionarias del 13%.
Además, mediante el tono reformista, introducen con especial énfasis la idea de formalizar el campo, cuyo primer yerro consiste en insinuar que ésta idea, es sinónimo de la formalización del trabajo; omiten que, sin resolver la propiedad desigual de la tierra y frenar el modelo aperturista, la pretendida formalización es canto de sirenas; menos aún si las ejecutan en asocio con las clases políticas tradicionales, tan empotradas en el Estado durante el gobierno Petro como en los que lo antecedieron. La tal formalización solo servirá para actualizar los registros de las familias trabajadoras y productoras rurales y “ordenarlos” en favor de que paguen mayores impuestos para sostener el Estado. Incluso esta política ya ha recibido el rechazo masivo en movilizaciones ciudadanas contra el injusto cobro predial derivado de las actualizaciones catastrales y el catastro multipropósito.
Así pues, la inexpugnable tesis de Francisco Mosquera acerca de que los millones de campesinos colombianos padecen la dominación y explotación neocolonial del imperialismo yanqui sobre la nación colombiana, continúa vigente durante este gobierno. A esto se suman los retrasos propios de la expansión terrateniente y la sabida concentración de la tierra en el territorio nacional. De ahí los resultados en el coeficiente de Gini de 0,897 que nos ubican entre los países más desiguales del planeta, sólo superados por Brasil. Con índices de miseria superiores al 42% (Suárez, 2021). Y como si lo anterior fuera poco, este gobierno se ha atrevido a transar abiertamente la compra de las mencionadas tierras, dizque para “ayudar a las víctimas”.
Hay que recalcar que la respuesta a estos males no ha sido la de impulsar una solución en el marco de la soberanía nacional, que empieza por defender la producción campesina y empresarial, promoviendo el acceso de los productores pequeños y medianos a mayores y mejores tierras productivas en el marco de una política para abastecer el inmenso mercado interno. Por el contrario, es la política del continuismo de la especialización en cultivos tropicales, de la gran plantación, de la inversión extranjera, la especulación financiera, con campesinos pobres en pequeños pedazos de tierra a los que nadie les garantiza la compra de sus cultivos y sin que se proyecte sacarlos de la condición de cultivar para subsistir.
Tampoco es la línea científica la que orienta la política agropecuaria de Petro y sus ministros. No impera la evolución de la relación entre ecología y sociedad en la línea de las tesis de Friedrich Engels, por el contrario, opera el modelo en el que el dominio del hombre sobre la naturaleza se concibe como el de un conquistador sobre un pueblo extranjero, moldeando cada vez más nuestras ventajas a las demandas del sistema financiero de esos conquistadores. De ahí que nos cueste resolver aspectos estructurales y coyunturales del sector agropecuario, incluso los de cultivos como la coca a manos de familias campesinas, planta de comprobadas propiedades para producir agroinsumos y otros productos orgánicos y vegetales que podrían reducir la dependencia del monopolio de los agroquímicos.
No obstante, lo que ha privilegiado este gobierno “del cambio” es la charlatanería y el recetario extranjero, aunque sea bueno precisar, no por despiste, sino porque lo pone a tono con las consignas de las agendas intergubernamentales de las potencias mundiales en cabeza de Estados Unidos, mismas que han conducido varios países del globo y a millones de sus habitantes, a padecer crisis económicos y alimentarias.
