Con ocasión de los próximos comicios y ante la perentoria necesidad de aclarar el panorama político, Colombia Soberana hace un breve repaso del legado petrista y evalúa las posiciones de las fuerzas que se disputan el solio presidencial para ungir al nuevo inquilino de la Casa de Nariño como administrador neocolonial.
En pocas semanas concluye el nefasto gobierno pro-gringo de Gustavo Petro, el elegido por la Casa Blanca y grupos de la oligarquía de Colombia como el indicado en 2022 para que, con una careta reformista, confundiera y cooptara a las clases fundamentales de la sociedad colombiana, obreros, campesinos, jóvenes y sectores medios para apagar y contener la inconformidad social general, para “controlar la explosión del volcán”. En esa tarea ha contado con la complicidad de dirigentes y partidos, aglutinados tanto en el Pacto Histórico como en puestos clave del organigrama burocrático del Estado.
Contraria a la opinión de sus adversarios en la política tradicional y del entusiasmo entre las huestes petristas de todos los pelambres, el gobierno Petro deja renovadas ejecutorias en favor del capital extranjero y un avance en sus políticas en deterioro de los intereses básicos de la Nación.
Petro intensificó la agenda de recolonización imperialista con la que se saquea a Colombia desde finales del siglo XX. Iván Cepeda, el candidato a sucederlo, ha adelantado que será un irrestricto continuador del petrismo como lo confirman los votos positivos que dio en el Senado en este cuatrienio a toda la agenda oficial, fundado en el falaz discurso de las “reformas sociales” que repite por las plazas de municipios y capitales.
1. En Washington mandan y en la Casa de Nariño obedecen.
La Superpotencia norteamericana incrementó, entre 2022 y 2026, la injerencia en los asuntos internos de Colombia, incluida la ampliación en el uso de instalaciones militares, en la isla Gorgona, Leticia y La Guajira. El Comando Sur marca la política de seguridad y defensa, campea por los territorios y decide alianzas, tácticas militares y prioridades ambientales. La Armada Nacional hace ejercicios conjuntos con la estadounidense para apuntalar su control en el Caribe y en el Pacífico, en una alianza subordinada al papel asignado en la OTAN desde 2016. En la ONU, Colombia vota en línea con la política exterior de los Estados Unidos, como lo hizo, en calidad de miembro temporal del Consejo de Seguridad, en respaldo a la condena a la justa respuesta de Irán frente a los ataques de Israel y Norteamérica. En el tema migratorio se acató, sin chistar al final, la política de Trump. Lo mismo sucedió con la estrategia imperialista contra el narcotráfico, obedecida por Petro de hinojos en especial después de las sanciones de Washington y de las vergonzosas humillaciones a las que se sometió en la visita a la Oficina Oval el 3 de febrero de 2026.
Ese cambio en reversa se acompasó con los organismos financieros internacionales, como la Reforma Laboral, dictada por la Ocde, con el llamado de la embajada estadounidense en Colombia al Congreso para darle trámite y con la intervención del Departamento del Trabajo[1], en cumplimiento del capítulo 17 del TLC; la Pensional, que es el modelo de pilares del Banco Mundial, y el proyecto de la de Salud, inspirado en documentos del BID[2].
2. Se acentúan los beneficios al capital extranjero en detrimento del interés nacional.
El dominio financiero y monetario -con un festín especulativo sobre la Hacienda nacional- se disparó en el Gobierno petrista. La deuda pública creció en más de 50 por ciento, al pasar de $ 799 billones de pesos a $ 1.238. “Colombia hoy está empeñada con deuda a 2058 y tasas del 13% anual”. “Con cifras de Minhacienda, el gobierno Petro ha aumentado la deuda del país en $ 319.000 millones diarios”, “$ 222 millones por minuto” (Portafolio; 20 de abril, 2026). El pago de los intereses de la deuda se está llevando más de un tercio (36,9 %) de los ingresos que recibe el gobierno, el más alto en las últimas dos décadas (El Tiempo; 2026)[3]. Ese entrampamiento financiero ratifica la característica neocolonial.
Se extienden las ventajas económicas, tributarias e institucionales para las multinacionales, entre ellas el trato preferencial para el acceso y permanencia en el mercado interno gracias a la vigencia de 16 Tratados de Libre Comercio, siendo los de la Unión Europea y Estados Unidos los más lesivos. “Desde la firma de los TLC la balanza comercial de bienes y servicios negativa acumulada supera los US $ 100.000 millones, más de $ 400 billones de pesos. Como resultado Colombia importa el 48 % de los bienes industriales y 35 % de los alimentos. El déficit comercial ha aumentado en 2025 significativamente, superando los $ 13.000 millones de dólares”. (Movimiento Agrario e Indígena por la Soberanía, diciembre 2025).
A contramano, como en todos los gobiernos precedentes, los damnificados son, en primer lugar, los trabajadores y las masas populares, quienes financian los costos del saqueo con más tributos a los alimentos, hidrocarburos y servicios públicos, la privación al acceso oportuno y de calidad a derechos esenciales como la salud, el envilecimiento de las condiciones del empleo y el rebusque como última forma de sobrevivir para uno de cada dos ocupados. Todo colombiano, de los 53 millones y cualquiera sea su condición, paga tres millones anuales en impuestos regresivos como IVA, verdes, carbono, 4 X 1.000 y demás alcabalas de corte reaccionario que Petro heredó y amplió.
Capítulo aparte fue la eliminación del subsidio a los combustibles con el argumento de no subvencionar a los ricos. Petro impuso el “gasolinazo”, el mismo que se rechazó de manera contundente en 2021 pero ahora aplaudido por la claque gobiernista, en concordancia con la prescripción del FMI de la venta del galón por Ecopetrol a precios internacionales, casi al doble de los costos internos de producción y comercio.
3. Reforma agraria manteniendo el modelo productivo de la dependencia.
A Colombia se la mantiene en el papel que le han adjudicado los países desarrollados, liderados por EE.UU., como suministrador de productos tropicales. A su vez, con los tratados de libre comercio, se lo convirtió en un importador neto de productos agrícolas indispensables para la dieta nacional. El país importa 16,9 millones de toneladas de alimentos y otros géneros del ámbito agropecuario, principalmente cereales, leguminosas y soya, representando una dependencia de los mercados internacionales para suplir gran parte del mercado interno; cerca del 80 % del maíz y el 90% de los cereales que consumimos , excepto el arroz, son importados. Nuestros agricultores deben enfrentar sin apoyos o subsidios, en un sempiterno atraso, las importaciones de países cuya agricultura no solo es mecanizada y con última tecnología, sino que cuenta con inmensos subsidios estatales.
La estructura de tenencia de la tierra conserva su carácter semifeudal. El 65,85 de los predios son minifundios (con menos de 3 hectáreas), 4 % del área total, mientras los latifundios (con más de 200 hectáreas) son el 0,8 % de los predios con un 44 % del área, 21.870.202 hectáreas. De los tres millones de hectáreas prometidas en campaña, luego reducidas a un millón y medio, a mayo 2025, se habían comprado 371.244 y adjudicado sólo 209.269 (A. Suárez; Cambio en Reversa; Ed. Planeta; 2025). La compra está tachonada de escándalos, adquisición de tierras improductivas o con títulos dudosos. Como las demás, la agraria es otra falsa promesa, adoquinada con esas compras irregulares y con la mayoría de predios entregados en “provisionalidad”.
4. Los trabajadores pierden conquistas laborales históricas.
El gobierno Petro inauguró una tercera fase de la recolonización imperialista, la de los TLC, en el mundo del trabajo. Con la Ley 2466 de 2025, la de reforma laboral, quedan sentadas las bases para un mayor envilecimiento de la mano de obra en temas sensibles como la contratación (Art, 5 y 6), el fomento de la intermediación y la subcontratación (Art. 44 y 45), la flexibilización de la jornada ordinaria (Art. 11), la universalización de la flexiseguridad social (Art. 34) , la eliminación del domingo como día de descanso y de la familia (Art. 14), la desregulación al trabajo suplementario (Art. 12), la mensualización de las cesantías (Art. 64), la normalización del contrato por horas y por labor (Art. 61), el recorte a las garantías para la creación y funcionamiento de las organizaciones sindicales (Art. 14), la pérdida en cauciones procesales de tipo disciplinario (Art. 7) y la inclusión de factores cualitativos para la valoración del trabajo, que abre la puerta para procesos espurios que justifiquen el despido con justa causa (Art. 9). Ante tamaño menoscabo de la justicia laboral, los pocos aspectos positivos, como el restablecimiento de los recargos (paulatino para dominicales y festivos), son la carnada de un anzuelo para que la inmensa mayoría de la masa trabajadora aseste esos golpes sin percatarse del inicuo perjuicio.
Contrario al discurso del Gobierno Petro y sus escuderos, esta reforma no constituye la restitución de derechos conculcados por la Ley 50 de 1990 y la 789 de 2002, sino la profundización del modelo neoliberal de precarización de las relaciones del trabajo. De ñapa, en la Reforma al Código Procesal del Trabajo, se ejecutó el despojo de derechos más grande que se le ha hecho a la clase obrera: eliminación de la tutela para reclamar la estabilidad laboral reforzada por fuero de maternidad, por situación de discapacidad o fuero de prepensionado y privatización de la justicia laboral (Galeano, 2025)[4]. Con Petro, en palabras de Francisco Mosquera (1990) se revalidó que no hay neoliberalismo sin mano de obra barata.
Un esperpento del mismo tenor es la reforma pensional, del recetario del Banco Mundial, respaldada por la Federación de Aseguradoras de Colombia (Fasecolda). Presentada como la jubilación de los “viejos más pobres”, elimina los atributos rescatables del modelo pensional de la Ley 100 y profundiza lo peor del régimen de prima individual y de prima media. Exime al Estado de la responsabilidad de cofinanciación pensional, favorece a los Fondos Privados con la cotización obligatoria para ingresos mayores 2,3 SMMLV, elimina el subsidio para este segmento y los deja a merced de la expoliación de la AFP por cuenta de la reducción de la tasa de reemplazo; en consecuencia, para obtener una mesada de un salario mínimo en la cuenta de Fondos Privados se deben ahorrar 330 SMMLV ($ 577 millones). Si la Corte Constitucional le da luz verde, el Gobierno Petro pasará a la historia como el gestor del modelo pensional de salario mínimo.
5. Aumentan las restricciones en materia social para las familias colombianas.
La inversión social disminuyó de $12.9 billones en 2022 a $8.9 billones en 2024 y con ella se redujo el número de “beneficiados”. Asimismo, los decretos y proyectos sobre el régimen de salud están guiados por documentos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que dictamina, como base de la sostenibilidad fiscal del sistema, la racionalización del gasto en salud. No es otra cosa que la reducción del monto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), política que, según la Defensoría del Pueblo, se volvió un drama humanitario, que “requiere medidas urgentes, con o sin reforma”[5].
Todas las disposiciones anteriores obedecen al compromiso de Gustavo Petro con el Fondo Monetario Internacional de “reducir el déficit fiscal[6]”, que abarca además el recorte presupuestal para las principales instituciones públicas a cargo de servicios sociales y el aumento de la precarización de los trabajadores del Estado, a quienes se señala como enemigos del “cambio” cuando protestan por sus derechos. Es el caso de los del Ministerio del Trabajo, del de Deporte, de la DIAN, de Agrosavia, del ICBF, del Sena y del sistema universitario estatal, por mencionar los más notorios.
A tales recortes se suman los desfalcos, entre los que se destaca la expoliación sistemática del Fondo de Prestaciones del Magisterio – FOMAG, por cuenta del cambio en la modalidad de contratación de los servicios de salud para los docentes, jubilados y sus familias, 850.000 perjudicados, como lo denuncia la Veeduría de Salud del magisterio desde octubre de 2023.
6. Paz total y desintegración territorial.
A finales de 2025, los grupos ilegales ya superaban los 27.000 integrantes, registrando un aumento del 23.5 % respecto al año anterior. El Clan del Golfo cuenta con alrededor de 10.000 miembros, el triple de efectivos triplicando de 2018. Las Disidencias de las FARC reporta un aumento del 15 % en solo ocho meses durante 2025. El ELN pasó de tener 2.541 integrantes a 6.450, un incremento del 154 %. Muchas regiones enfrentan confinamientos forzados territoriales temporales o permanentes, paros armados, hostigamientos a la población civil, atentados, secuestros, extorsiones y masacres (48 desde inicios de 2026). Está en vilo la integridad territorial nacional y se lesiona de forma grave la vida y la economía de millones de personas.
7. Instrumentalización de las principales organizaciones del movimiento social.
Al revés de quienes resaltan que Petro incluyó a los “nadies” en su proyecto, la instrumentalización de las organizaciones – centrales obreras y sindicales, de numerosas asociaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, de grupos juveniles y estudiantiles – les restó la plena independencia y la total autonomía, tanto que el derecho fundamental a la protesta y a la movilización se supeditó a las convocatorias del Gobierno y quedaron convertidos en apéndices politiqueros del petrismo.
El sector cultural, los medios públicos, las redes sociales y gran parte de la intelectualidad giran alrededor del libreto oficial amañado, adobado de prebendas o espejismos de inclusión, lo que ha llevado al ocultamiento y a la pérdida de sentido crítico frente a las decisiones del autodenominado “progresismo” que causan evidente beneficio a los grupos financieros y a los capitales transnacionales, a un punto tal que esas insólitas prerrogativas son resaltadas por el candidato oficial, Iván Cepeda.
No se puede obviar que, pese a todas las proclamas, los índices de corrupción e impunidad alcanzan los niveles de los gobiernos tradicionales anteriores, y que en la cacareada transparencia el “cambio” fue en reversa absoluta, con la participación de altos funcionarios del Gobierno. Los movimientos políticos que conforman el Pacto Histórico guardan un execrable silencio cómplice sobre las barbaridades en la UNGRD, la ANT, en la salud, en Ecopetrol y en la contratación pública sin respeto mínimo por las normas existentes, con la instauración, de hecho, de una Cueva de Rolando en la administración estatal.
VOTO EN BLANCO EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2026: EXPRESIÓN DE RESISTENCIA CIVIL.
Ante la destrucción sistemática, la debacle nacional y el aumento de la dependencia frente a Washington no hay una respuesta patriótica ni democrática de ningún candidato. Esa ausencia es natural en quienes están avalados por las fuerzas políticas que desde 1990 han implantado los preceptos del neoliberalismo, asimismo por el del petrismo -que los ha prorrogado por cuatro años- pero también carecen de un ideario diferente las candidaturas que se reclaman de “centro”. Ninguno cuestiona los TLC, ni las políticas continuistas contra la producción y de sometimiento a los designios del imperialismo norteamericano ni siquiera los ha estimulado a discrepar la ignominiosa presidencia de Donald Trump.
Ninguno, ni siquiera Cepeda, con su almibarado discurso “progresista”, esboza planes fuera de la apertura económica, las privatizaciones, y la globalización. Todos sacralizan al “aliado y socio histórico” y “estratégico” que nos “valida como actor internacional”, según dice Fajardo; no hay quien trace estrategias para proteger, fortalecer y desarrollar la producción industrial y agrícola del país y el empleo formal, pero Paloma Valencia repite los caminos ya recorridos en los “tres huevitos” de Uribe y en el Plan Colombia y el “destripador”, Abelardo de la Espriella, quien se enorgullece de ser ciudadano norteamericano, acoge todo el recetario antinacional y hace gala de un derechismo estridente y de demagogia de “milagrero” para estimular los más reaccionarios instintos motivados en una contestación irracional, de turba que “el tigre “ mismo alienta, contra la negativa práctica política de Petro.
Esta, como la describiera Antonio Caballero en 2018 ,“de ineptitud y de rencor, de caprichos despóticos y de autosatisfacción desmesurada”, fue usada para meterle “gato por liebre” al pueblo colombiano mientras desde la presidencia del “cambio” se diligenciaban las órdenes norteamericanas, las del gran capital financiero y de los buitres prestamistas, se implementaban las “recomendaciones” de políticas públicas de la OCDE y los ucases militares de la OTAN, que no se ponen en entredicho por ninguno de los aspirantes al solio de Bolívar en 2026.
No hay respuestas al oprobioso endeudamiento, distintas a los consabidos “ajustes” del FMI, donde “todos ponen” para el pago cumplido del descomunal pasivo y de los escandalosos intereses; no hay programas para reavivar el deteriorado ahorro nacional, indispensable para resolver la crisis de oferta, de la que nadie habla; no hay política social y la profundización de “las reformas” no pasa de repartir óbolos a “los vulnerables”; sin embargo, abundan las más radicales iniciativas para devolver el “orden público”, como la militarización de la vida ciudadana, la aspersión aérea con glifosato, las megacárceles o el “balín” y el “dar de baja” a quienes protesten.
El proceso para elegir al sucesor del Gobierno Petro es una disputa por demostrar quién cumple de la manera más humillante la agenda de saqueo. He ahí la esencia de la “polarización”, de la que tantos se quejan, manifestada con lujo por el candidato petrista, Iván Cepeda: “cuando uno asume la investidura de jefe del Estado, debe tomar decisiones que pueden ser profundamente contrarias a lo que uno quiere” (El País España, marzo 20 de 2026)[7].
Así las cosas, el tarjetón de la elección presidencial no se diferencia mucho de la galería que en su época esbozara Francisco Mosquera, en la que desfilan “como en una pesadilla interminable”, “liberales y conservadores”, “herejes y camanduleros”, “economistas y abogados”, “letrados y doctores honoris causa”, con “letanías de promesas incumplidas”, y para cuya actualización a la fecha podrían añadirse “petristas”, “uribistas” y “tibios”.
Las fuerzas y partidos democráticos y patrióticos como Colombia Soberana no deben participar en este certamen de la elección presidencial de 2026, en la que ninguna opción siquiera se aproxima a los principios básicos de una Nueva Democracia en Colombia. En el número cinco de nuestro periódico definimos algunos puntos centrales que se consignaron para las elecciones legislativas de marzo por el Movimiento Agrario e Indígena por la Soberanía, pero según se ha explicado con suficiencia, no es el mismo caso para las elecciones del 31 de mayo venidero en las cuales las diferencias entre los 12 candidatos son secundarias y no estriban en las contradicciones principales del país.
En esa línea, Colombia Soberana no desfallecerá en promover la unión de los obreros, los campesinos, la juventud, la intelectualidad honesta, las clases medias, los profesionales laboriosos y, en condiciones determinadas, del empresariado nacional, que ha de iniciarse en la contraposición que se vendrá a las eventuales soluciones drásticas e inicuas que se promoverán, cualquiera sea el próximo presidente, para atender el funesto testamento de Petro en el área de la salud, en la crisis energética, en la bancarrota de las finanzas públicas, en el restablecimiento para una mínima convivencia en campos y ciudades y en otras materias centrales de la vida nacional.
Lejos de una posición infantil, Colombia Soberana toma la decisión de votar en blanco con la convicción de que ninguna candidatura ha jugado un papel esclarecedor sobre los problemas del país; varios , como Cepeda y De la Espriella, hasta se niegan a debatirlos y menoscaban valiosas palabras como “patria” o “revolución”; ninguno ha presentado las soluciones necesarias, ni ha elevado el nivel de conciencia en la opinión acerca de las causas de tanto sufrimiento; ni se ha estimulado la resistencia civil ni la organización social para coadyuvar a construir en Colombia una nación próspera, soberana y una sociedad justa y equitativa, con bienestar para todos. ¡No hay con quién!
¡VOTO EN BLANCO, EXPRESIÓN DE LA RESISTENCIA CIVIL!
Partido Colombia Soberana, 24 de mayo de 2026.
[1] https://www.mintrabajo.gov.co/prensa/comunicados/2023/mayo/-/asset_publisher/naoLBE9fTtCU/content/gobierno-de-los-estados-unidos-respalda-proyecto-de-reforma-laboral
[2] https://www.infobae.com/colombia/2023/12/13/estados-unidos-confirmo-su-apoyo-a-la-reforma-laboral-de-gustavo-petro-estas-son-las-razones/
[3] https://www.eltiempo.com/economia/sectores/ya-casi-4-de-cada-10-pesos-que-recibe-el-gobierno-van-a-pagar-los-intereses-de-deuda-el-mayor-nivel-desde-hace-mas-de-20-anos-3557154
[4] Denuncia Sebastián Galeano https://soberania.co/opinion/nuevo-codigo-procesal-del-trabajo-traicion-de-petro/2025/
[5] https://www.defensoria.gov.co/-/radiograf%C3%ADa-de-la-defensor%C3%ADa-del-pueblo-sobre-la-crisis-en-el-sistema-de-salud
[6] Entrevista El Tiempo a Gustavo Petro https://www.youtube.com/watch?v=CoFp4Agvzss
[7] Entrevista a El País España https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-03-20/ivan-cepeda-nuestro-enfrentamiento-no-es-con-paloma-ni-abelardo-es-con-uribe.html
