Las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal en la Región de La Mojana convocaron una protesta que bloqueará los ingresos al departamento de Córdoba, el miércoles 7 de agosto, para exigir soluciones ante las inundaciones que afectan a sus comunidades. Las manifestaciones se realizarán a la altura de la Ye, en el municipio de Sahagún, en el mismo punto en el municipio de Planeta Rica y en el Puente sobre el Río San Jorge en el municipio de La Apartada, departamento de Córdoba.
En la víspera a las protestas, Soberanía entrevistó a José Manuel Jiménez, abogado que ha llevado la representación de la organización civil Pacto Social por La Mojana, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, una organización que, aunque no se encuentra dentro de las convocantes de la protesta del 7 de agosto, sí constituye una de las que más ha estudiado y adelantado labores para resolver el problema de Caregato y La Mojana, incluyendo movilizaciones y acciones jurídicas.
Fotografía tomada de Burbuja Política.
Soberanía: ¿Cuáles son los antecedentes históricos que contribuyen a que la problemática actual de La Mojana parezca tan difícil de resolver?
José Manuel Jiménez: Lo que aquí se ha estado atacando para la búsqueda de soluciones han sido más los efectos que la causa del problema mismo. En la Región Mojana hemos advertido hace mucho tiempo que el problema de Caregato es manifestación de toda la gran minería que las transnacionales están haciendo, lo que genera un grave problema de sedimentación que ha colmatado el Río Cauca y, ahora, los cuerpos adyacentes al mismo, como el caso de la Ciénaga de Ayapel.
El Río Cauca ha perdido por esta causa parte de su capacidad hidráulica, lo que produce las conocidas inundaciones en la zona de jarillones que, debido a que no se les realiza un mantenimiento adecuado, se encuentran muy vulnerables.
El problema de Caregato es parte de un problema mayor que, si tratamos de elaborar una línea de tiempo, puede conectarse con sucesos como los de Santa Anita y Santillana en el año 2010, cuando ocurrió una de las más graves inundaciones en la región de la Ciénaga de Ayapel. Actualmente, nos encontramos inundados desde el rompimiento de Caregato en el año 2021.
El común denominador a estos tres sucesos es que, entre otras personalidades y organizaciones, El Pacto Social por La Mojana, advirtió a su debido tiempo que ocurrirían y llamó la atención sobre la necesidad de las tareas de prevención en tales puntos, en aras de evitar su colapso y posterior inundación del territorio. Es de esta manera como podemos concluir que la falta de prevención es causa directa del problema que vivimos actualmente, a lo que tenemos que sumar el conocido daño ambiental, a la vida y a la relación con el entorno, el daño patrimonial que se le causa a las personas que habitan el territorio, entre otros.
Soberanía: De esa línea de tiempo que usted plantea se desprende que los últimos tres gobiernos han debido emprender acciones de mitigación, habida cuenta de que ustedes han señalado a tiempo la gravedad de las situaciones que estaban por ocurrir. ¿Qué acciones emprendió el gobierno de Iván Duque y por qué han fracasado?
José Manuel Jiménez: Yo pienso que se trata de un problema más de Estado que de gobierno. Acá ha habido una ausencia absoluta de planeación, al que se suma el grave problema de corrupción que es propio, inclusive, del actual gobierno, porque no debemos olvidar que las obras que se están ejecutando en la actualidad corresponden a contrataciones hechas en el marco de este gobierno.
La inversión que se ha realizado en obras de protección de inundaciones para la Región de La Mojana ha tenido lugar en el marco de las emergencias. Acá no se ha implementado una política pública que apunte a una solución de fondo y definitiva de la problemática y que haga realidad unas obras que han sido recomendadas por prestigiosas entidades holandesas y japonesas, y por estudios que han llevado a cabo universidades como la Nacional de Colombia. Se trata de unas obras definitivas que, entre otras cosas, consisten en la recuperación de la capacidad hidráulica del Río Cauca.
En el marco de la actual problemática nosotros hemos hecho un análisis más profundo, que nos indica que no es suficiente con recuperar la capacidad hidráulica del Río Cauca porque, de hecho, si esto ocurriera mediante dragado o rectificación, la producción de sedimentos desde las multinacionales mineras hacia el Río Cauca no se detendría. Luego entonces, estamos hablando de complementar unas obras que han sido sugeridas desde altos estándares técnicos, con unas trampas de sedimentos y con la recuperación de las madreviejas, que permitan garantizar en el tiempo que el Río Cauca no volverá al estado de colmatación en que actualmente se encuentra, de lo contrario ninguna obra sería estable en el tiempo, ni representaría garantía alguna de que las inundaciones no se volverán a presentar.
De lo que estamos hablando es de que esta problemática no se circunscribe a la Ciénaga de Ayapel, o siquiera a la Región de La Mojana, sino que involucra al litoral Atlántico, hacia el que todos estos sedimentos que están colmatando el Río Cauca van a parar. Actualmente el Río Cauca y el Territorio de La Mojana se han convertido en una cloaca de todos los territorios que están aguas arriba, inclusive desde la misma ciudad de Cali, desde donde viene toda la contaminación ambiental que se produce en las grandes empresas mineras, lo que nos ha condenado a toda esta problemática de inundaciones y a que la Región de La Mojana se convierta en un cementerio de muertos vivientes.
Es de aquí que provienen todos los graves problemas de salud pública que se presentan en nuestro territorio y que cada día se complican más. En la actualidad tenemos estadísticas de personas que acuden a la Clínica IMAT y a otros centros de salud de la ciudad de Montería desde Ayapel, San Marcos y Sucre, Sucre, y que llegan allí con problemas gastrointestinales que tienen que ser atendidos a través de diálisis, porque el consumo de esta agua contaminada los condena a tales padecimientos y a la gravedad del problema de salud pública que vive el territorio de La Mojana.
Soberanía: Ya que las acciones de mitigación, aun cuando se hubieran desarrollado adecuadamente, habrían sido insuficientes para resolver de fondo el problema, ¿Cómo evalúa usted las acciones que el gobierno Petro ha desarrollado en estos dos años?
José Manuel Jiménez: Precarias. Precarias y como una demostración de inacción, porque en la administración pública no puede solamente cuestionarse el hurto, también se peca por acción y omisión y el que no se haya exigido al contratista que se realizara el cierre de Caregato en el menor tiempo posible, ya que es lo inmediato, y que se realizaran las obras complementarias, tiene mal calificado al gobierno ante la opinión pública. Porque, insisto, acá la responsabilidad es del Estado colombiano, independientemente de quien ocupe el gobierno, pues estamos hablando de un territorio que es despensa alimentaria de la nación, a cuyos pobladores se les causa un enorme detrimento patrimonial cuando no se actúa, porque no puede ser solamente denunciar que hay actos de corrupción y no buscar mecanismos que permitan la solución del problema. Eso es grave en la administración pública.
Soberanía: Ese parece ser un asunto medular de la problemática del que paradójicamente no se habla mucho. ¿Ustedes tienen un cálculo de cuánto se ha perdido, podríamos decir, en la región que corresponde a los departamentos de Córdoba y Sucre, en La Mojana, en las últimas décadas por estas problemáticas, y cuánta inversión pública se ha gastado sin resolver el problema?
José Manuel Jiménez: Nosotros manejamos para el caso puntual de Caregato una estadística que tiene como fuente la defensoría del pueblo, porque, de hecho, en este momento se encuentra en trámite una acción popular en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que radicó la misma Defensoría del Pueblo, porque ha sucedido esto, que en cuanto a la parte estadística, los entes territoriales también se han quedado cortos para suministrar esa información y tener claro la base estadística. Sin embargo, ellos, para el primer periodo de inundación del año 2021, calculan, y esta es una fuente, insisto, de la Defensoría del Pueblo, que en promedio hay 35.000 familias damnificadas, aproximadamente 3.000 viviendas afectadas, 500 viviendas destruidas, 10 puentes vehiculares afectados, 7 centros de salud afectados, 9 acueductos destruidos, 72 centros educativos deteriorados o destruidos, 47.000 hectáreas de cultivos perdidos, 6.757 bovinos perdidos, 6.803 porcinos perdidos, más de 40.000 aves de corral perdidas, 300 estanques de acuicultura perdidos, entre otras afectaciones. Entonces, si vamos a sumar entre una y otra, sería muy difícil cuantificar esas pérdidas, pero más o menos esa es la estadística que tenemos. Entonces, mire que también se convierte eso en otro grave problema, la inexistencia de estadísticas, de cifras claras, con fuente institucional, que nos permitan dimensionar de mejor manera esta grave problemática que estamos viviendo en el territorio de La Mojana.
Soberanía: Eso que usted plantea contradice lo que el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, ha planteado en distintos medios de comunicación, relativo a que son unos terratenientes los que están afectados ahí. ¿Cuál es la composición socioeconómica de los afectados? ¿Son de verdad terratenientes como plantea el director Carrillo?
José Manuel Jiménez: Aunque eso fuera cierto, ¿en qué cambia las cosas? Hay unas estadísticas que demuestran la gravedad del problema, lo que vemos día a día son familias humildes afectadas. Acá hay un grave problema de percepción, casualmente por el desconocimiento del territorio del señor director de la UNGRD. Él llegó de ser concejal de Bogotá y puede ampliamente contextualizar y conocer los problemas que se dan en el territorio de Cundinamarca, en Bogotá, pero la verdad está lejos de entender y conocer el territorio de la región Mojana y se quedó en ese discurso que dice que unos son ricos y otros son pobres, y no dimensiona la real situación del territorio Mojana.
No se da cuenta que los que se están ahogando son los hijos de los campesinos, cuando cruzan los puentes para desplazarse hacia las instituciones educativas. No se da cuenta que los que están inundados son los centros de educación, donde se educan los hijos de los campesinos. No se da cuenta que la infraestructura vial que se está afectando es la infraestructura vial por donde transitan nuestros campesinos el territorio.Antes de encontrar solución, ha complicado más el problema.
Soberanía: Aquí parece haber un problema nacional en toda la regla. Es decir, un problema que enfrenta a quienes en la práctica son, como usted dice, la reserva del 10 % de nuestra capacidad de producir alimentos, contra unas multinacionales que desarrollan procesos mineros, que desarrollan procesos industriales y que están sedimentando la cuenca del Río Cauca y que por lo tanto generan esta enorme presión hidráulica sobre la Ciénaga y sobre la región de la Mojana.
¿Cuál es la solución que ustedes respaldan? Sobre todo, de cara a la manifestación que está por presentarse y a la que el gobernador de Córdoba ha salido al paso, tratando de concertar reuniones previas. ¿Cuáles son las soluciones que ustedes respaldan para esta problemática?
José Manuel Jiménez: Yo pensaría que lo inmediato es el cierre de ese boquete de Caregato, que se dé una acción del Estado que garantice que ese cierre se haga de la manera más inmediata posible. Y lo segundo es promover ya la implementación de ese plan de obras definitivas y de fondo a la problemática de la región Mojana. Porque solamente el cierre de Caregato no va a solucionar de manera definitiva y de fondo el problema.
Y eso todos lo tenemos claro. Pero, cierre inmediato. Porque en el tiempo en que se buscan las soluciones de fondo, no podemos tener a la región de La Mojana inundada. Debemos buscar una solución que garantice la soberanía alimentaria del territorio y de la nación.
Entonces, ahorita pensaría que lo que la gente reclama en el tiempo inmediato de ese cierre, que es responsabilidad del Estado. Insisto, si lo está ejecutando un contratista privado, que ojalá contra él pudiéramos iniciar acciones judiciales o disciplinarias, lo haríamos. Pero es un particular que depende de la UNGRD.
Son ellos, como contratantes, los que tienen que buscar mecanismos amparados en la ley, que les permitan acelerar el ritmo para que esa obra se materialice de manera inmediata. Pero, lo que encontramos como respuesta del Estado es evasiva. No hay una respuesta concreta que nos garantice que ese contrato se va a terminar y que se va a buscar un contratista que efectivamente cumpla con el objeto contractual de manera inmediata, cerrando el boquete de Caregato y solucionando el problema. Lo que yo observo es que el señor director de la UNGRD ha puesto su ego por encima del bien común de los habitantes de la Región de la Mojana. Su ego está causando un enorme daño. Dios premiará o Dios demandará en el tiempo.
Soberanía: Hay un CONPES que garantiza la apropiación de recursos, hay unas relaciones contractuales entre distintas entidades del Estado y los contratistas que, en teoría, deberían estar atendiendo la problemática. ¿Usted cree que podríamos concluir que ha habido, por lo menos, omisión o desidia por parte de estas entidades del Estado y de la actual administración en relación con Caregato?
José Manuel Jiménez: A esa conclusión llegarán los entes de control. De hecho, ya nos correspondió presentar las respectivas quejas disciplinarias contra el director nacional de UNGRD. Porque, como he dicho, no es solamente decir que no se roben la plata, sino que también le corresponde actuar, como servidor público. Por acción o por omisión hay una responsabilidad del Estado acá. Y lo que vemos es omisión. Insisto, el director de la UNGRD ha sido evasivo en las respuestas, en la búsqueda de soluciones, no ha dado respuestas concretas, eso causa un detrimento patrimonial al Estado, porque hay que observar que hay una obra que está contratada y que, si la obra no se está ejecutando según criterios del contratista o del Estado colombiano en debida forma, ya debió haberse dado por terminado ese contrato y haberse buscado un contratista que sí la ejecute en debida forma. Entonces, se puede dar una presunta responsabilidad disciplinaria por los hechos que están ocurriendo en este momento, en este problema de Caregato.
Soberanía: Es inevitable que quienes viven en la región del Medio Sinú, en el Bajo Sinú se sientan geográficamente lejanos a la problemática, pues no tienen el agua al cuello, no se les están perdiendo los animales, etc., Pero, inevitablemente sentirán el impacto del bloqueo de las tres entradas al departamento de Córdoba por cuenta de la protesta convocada por las Asociaciones Comunales. ¿Usted cree que merece el respaldo de la población cordobesa esta protesta? ¿Cuál es el llamado que haría a los colombianos de cara a la protesta que se avecina?
José Manuel Jiménez: No, no solamente me quedo en que el respaldo de la gente del territorio del departamento de Córdoba, del país, este es un problema que, insisto, está asociado al problema de las crisis alimentarias.
La región Mojana representa un 10 % de las zonas productivas de este país que le aportan a esa soberanía alimentaria y cuando se afecta esta producción se afecta a todos los sectores. La economía en general golpea al rico y al pobre, aquí se afecta el que recoge el arroz, se afecta al camionero que transporta las reses cuando se producen o el que transporta el arroz en su defecto, se afecta al tendero, se afecta a todos. Entonces, yo pensaría que merece el apoyo de la ciudadanía en general, pero más allá que eso, pues yo pensaría que no debería suceder, no deberíamos llegar a estas instancias de las vías de hecho para que los territorios encuentren solución a sus grandes problemas y los reclamos legítimos porque este es un reclamo que es legítimo de las bases sociales.
