La mayoría de los colombianos no quisiéramos como presidente a Abelardo ni a Cepeda. El 52 % de los habilitados no votamos por ellos el 31 de mayo. Sin embargo, una semana después, esa postura mayoritaria recibe las más agudas críticas. Los dos bandos involucrados ―el petrismo y el abelardismo― atacan a quienes no estamos en ninguno, en tanto alertamos sobre el riesgo de que el próximo Gobierno, entre otras, erosione la cima del orden jurídico de la República.
El excandidato presidencial Carlos Gaviria Díaz planteó, hace 20 años, que la democracia colombiana estaba “en construcción”. No obstante, en los últimos años en vez de avanzar en erigirla, se retrocede. Comprender la naturaleza precaria de la democracia colombiana es fundamental para interpretar la coyuntura. El respeto por las reglas y los procedimientos es de primera importancia, lo que no implica que los devaneos inconstitucionales de las corrientes en pugna sean la guía medular para definir el voto. Se refrenda la máxima de Francisco Mosquera: “La norma es la falta de normas”.
El problema principal del país es su precaria condición en el mundo. Agravada tras décadas, sin solución de continuidad, por el neoliberalismo promovido por Estados Unidos en su fase de dominio global. Sin embargo, la superpotencia en franco declive, con imposibilidad de imponerse en todo el orbe, reajusta los términos del denominado “corolario Monroe”.
Esto explica la intervención imperialista en Venezuela ―alcahueteada por la dirigencia chavista―, el acecho a Cuba, la insistencia en la anexión de Groenlandia o Canadá y las descaradas intervenciones en las decisiones de los países del continente. Se ratifica la tesis de que “el papel del Partido Demócrata de Estados Unidos es cooptar a la izquierda y el del Partido Republicano fortalecer a la derecha”.
En la estrategia de recolonización reforzada, Colombia no es un eslabón más, ni un país con una relación “de tú a tú” con Norteamérica, como demagógicamente lo afirman Santos y Petro. Tampoco es el “aliado estratégico”, como pregonan, sin excepción, los candidatos de todos los pelambres. Es una neocolonia en la que sus genuinos intereses nacionales se sustituyen por los de Estados Unidos y, con mayor crudeza en la nueva fase de expansión continental del garrote del Tío Sam.
En contraposición surgen iniciativas que buscan mitigar al menos las consecuencias más lesivas de tanta postración. La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), por ejemplo, propone crear una Oficina de Defensa Comercial para “garantizar el resguardo efectivo y oportuno de la producción nacional”, como hacen “Estados Unidos, India, Corea o la Unión Europea” y bajar al 15 % el impuesto de renta para el sector agropecuario. Coincide con una solicitud inveterada de la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Empresa (ACOPI), que reclama a lo sumo el 25 % para las mipymes, sin excepciones.
Asimismo, la Cámara Intergremial del Transporte y la Confederación de Distribuidores Minoristas insisten en que la fórmula para fijar el precio de los combustibles debe primar el costo de producción local y no el internacional. La Unión Sindical Obrera no desfallece en exigir un impulso decidido a la exploración y explotación estatal de hidrocarburos. Disímiles bancadas en el Congreso aprobaron un proyecto de Ley Nuclear.
Veintisiete organizaciones, desde la ANDI hasta la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), en los “Consensos para el futuro del sector salud”, demandan reestablecer el flujo suficiente y creciente de recursos del Estado para garantizar acceso efectivo de este derecho fundamental. Las confederaciones de pensionados reclaman ajustes positivos a las exiguas mesadas de la mayoría. La Universidad de Los Andes, por su parte, lanzó 17 recomendaciones de los académicos más versados para transitar con autonomía el enrevesado laberinto de la droga, la violencia y el lavado de activos.
Nada de esto encuentra respuesta en la fase definitiva de la campaña presidencial, ni de Cepeda ni de Abelardo, concentrados en ataques personales, en un macondiano “toma y dame”. Al revés, las trayectorias políticas, el lastrado debate electoral y las propuestas expuestas a cuentagotas por ambos candidatos no solo dejan de lado el compendio de las justas correcciones solicitadas, sino que lo contrarían.
No parece importarles que la producción nacional siga estancada con el continuismo del petrismo alcabalero, cuyo objeto principal, en riguroso acatamiento al FMI, es el pago oportuno de la costosa y descomunal deuda pública, ni que acaben por eliminarse las supérstites armas de protección económica, en emulación de la patética motosierra de Milei.
Como telón de fondo están los nubarrones del estrés energético en ciernes, que no se capoteará ni con los fetiches supersticiosos, ni con los de la privatización, esgrimida como bálsamo curador de todo mal. Decenas de millones verán incrementado el menoscabo de su bienestar y seguridad.
No es la hora de elegir un “mal menor”. Entre los extravagantes postulados reaccionarios del ciudadano naturalizado en Estados Unidos, De la Espriella, o la eventual continuación del “cambio en reversa” del Gobierno petrista, con destrucciones, corruptelas y contrarreformas, que representa Cepeda.
Los demócratas y patriotas consecuentes respaldan, acorde con criterios políticos independientes, solo aquello que consideran positivo a la luz de sus propósitos y rechazan lo que los contrarían. Si se busca desbrozar un nuevo camino para Colombia, no está en el candidato petrista, acuñado por el aparato gubernamental y tampoco en “el tigre” virtual, caricatura concebida por estrategas de la manipulación. Entre ellos no se enfrentan distintos modelos de país, sino cuál consigue el mayor asalto fraudulento a la conciencia colectiva, para allanar los caminos a la agenda de saqueo imperialista impuesta desde la Casa Blanca.
Colombia Soberana vuelve a votar en blanco el 21 de junio. No como “opción permitida”, según oportunistas que, a nombre de la libertad, invitan a los suyos a “respaldar a cualquiera”. Nuestra decisión busca construir los puentes necesarios para unificar una férrea oposición. Por los genuinos intereses de Colombia, por la transformación del país en el sentido correcto, de una nueva democracia. Es la cruzada a la que convocamos a las fuerzas democráticas del país.
