Dentro del plan sistemático para desarticular el país y convertirlo en presa más fácil de los países poderosos, de las multinacionales financieras y de los designios de la Casa Blanca, Colombia entró, con el régimen petrista, a una segunda Patria Boba.
Consiste en el acatamiento de las políticas neocoloniales y las reformas a tono, en la destrucción en curso de bastiones nacionales, construidos por décadas, y en configurar la “atomización” del país, al agrandar las prescripciones de la Constitución del 91, para “fortalecer la autonomía de los departamentos, los distritos y los municipios”.
En tal sentido, el proyecto de acto legislativo 018 (PAL 018) de reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) ―en los artículos 356 y 357― ya lleva siete de ocho debates necesarios. En palabras de Francisco Mosquera, hace de la “regionalización” otro “mecanismo” de “la política saqueadora” (25 de noviembre de 1993).
Colombia Soberana denunció, en el editorial del cuarto número del Periódico SOBERANÍA, la desintegración del territorio nacional con la oferta de Petro “para que el Comando Sur del Pentágono despliegue sus ejércitos, agencias de seguridad y centros de inteligencia…” y con el control de “regiones enteras al antojo de grupos y grupúsculos armados, de insurrectos errantes, con la licencia de los comisionados petristas que les otorgaron el carácter político a tales bandolas”. La conjunción de los dos hechos, explicados entre sí, hace que la “soberanía” no sea siquiera una “fachada”.
El PAL 018, que liga el Sistema General de Participaciones a los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) hasta llegar en 10 años al 39,5 %, es parte de la misma iniciativa de desmembramiento. Para empezar desde una perspectiva macroeconómica, desconoce que el crecimiento de los ICN no depende solo del recaudo de la DIAN (Espitia, Moreno, Suárez, 2015), el que incluso, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), presenta un riesgo de caída severa en el corto plazo (2024, Pág. 21).
En los ICN inciden variables como las fluctuaciones de la tasa de cambio, del precio internacional del petróleo (Brent), del PIB por habitante, del grado de apertura de la economía (importaciones más exportaciones) y de la participación de la producción industrial, todas fuera del pleno control gubernamental y menos en aleatorios horizontes a 10 años, sujetos a ciclos económicos (Espitia y otros, ídem). Hace las cuentas de la lechera.
Además de las engañosas proyecciones, la propuesta de acto legislativo 018, al final, no paga la deuda acumulada del Estado con las entidades territoriales por cuenta de las reformas constitucionales de 2001 y 2007, por más de $338 billones, en pesos constantes de 2022, y omite que los costos en salud y educación crecen por encima de la inflación general.
Los publicitados recursos adicionales para los entes territoriales, que crecerían del 23 % de los ICN al 39,5 %, tienen como contraprestación más funciones y deberes que se definirán en una ley, aprobada en los doce meses siguientes. Se sumarán nuevas cargas a las que ya tienen; por ejemplo, el plan básico de salud y su ampliación, la construcción de vías terciarias o toda la alimentación escolar (PAE) y varias más sin las estructuras necesarias para atenderlas en forma debida por todas las entidades territoriales y sin la certeza de que puedan construirlas.
Como la distribución presupuestal dará prioridad, dentro de los 1.103 municipios, los 32 departamentos y el distrito capital, a los de menores categorías y a los calificados como PDET por el Acuerdo de paz con las Farc, aquellos con mayor número de pobladores, de categorías 1, 2 y 3, se verían impelidos a un espiral de endeudamiento territorial, que supla las carencias y, por lo tanto, a reformas tributarias que garanticen el pago cumplido de los créditos. La propia exposición de motivos del PAL 018 sugiere fortalecer la capacidad impositiva en el predial unificado, en el de industria y comercio y alumbrado público, en línea con las formulaciones de la OCDE. Banquete para los agentes prestamistas financieros.
En esa “balcanización”, según se refería a ella Francisco Mosquera, el Gobierno Nacional Central abandonará las obligaciones generales de construir un sistema educativo nacional y científico o de ampliar la seguridad social en salud; desaparecerán los planes nacionales en saneamiento básico, cultura, ciencia, de producción industrial y agrícola, de defensa del patrimonio y del territorio y de políticas ambientalistas soberanas y se ahondarán las desigualdades regionales. Contrario a las naciones poderosas en las que el progreso se acompaña de inversiones, tutela y planificación conjunta del Estado fuerte, se optará por ser cabeza de ratón, expuesta a los designios de las potencias. Sálvese quien pueda, conforme con la “economía de mercado”.
Según Fedesarrollo en 2036 las transferencias del SGP equivaldrían al 8.4 % del PIB, un incremento del 65 % y, respecto al escenario base de cerca del 16 % del PIB de recaudo de la DIAN, desencadenarían más alzas en tributos hasta superar el 24 % indispensable. Así, aumentarlas en los porcentajes propuestos, conlleva a la enclenque Hacienda Nacional a quedar sin capacidad de inversión o un recorrido alcabalero sin tasa, ni medida.
Acorde con las realidades políticas del país, el proyecto de acto legislativo 018 es un cheque en blanco para que la clase política corrupta y sus ejércitos de contratistas regionales y locales queden ahítos con los fortalecidos presupuestos a cambio de sacrificar los programas de envergadura y alcances nacionales que garanticen el real bienestar y desarrollo nacionales, sin excepciones, la soberanía energética, la seguridad alimentaria nacional, la autodeterminación cultural y el avance general en los demás campos del devenir social. Una “atomización” que refuerza el atraso de Colombia.
De ahí que el proyecto 018, respaldado con alborozo por el Pacto Histórico y las demás bancadas del Congreso, el Comité Ejecutivo de Fecode y Gustavo Petro, pese al “veto” inicial del Ministerio de Hacienda y luego levantado, las opiniones negativas del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) y de Fedesarrollo, no es ninguna fórmula para “privilegiar a las regiones más excluidas para concretar la paz” sino lo contrario, una piedra de molino al cuello para ahogarlas en el océano de la barbarie.
Sobran razones para asegurar que esta “atomización” de Colombia y de su identidad, sirve a los intereses de recolonización y va contra los mínimos principios para gestar un país democrático e independiente y un adelantado sistema nacional de economía política. Los patriotas, los demócratas auténticos y las personas consecuentes, que aspiran a una nación próspera y respetable en el concierto mundial, deben oponerse en resistencia civil a la aprobación en el Congreso del regresivo y destructor PAL 018. Colombia Soberana tomó la indeclinable decisión de confrontar esta nueva acometida imperialista.
