Sumaain Wayúu, comunidad indígena no resguardada de La Guajira, le exige al Gobierno de Gustavo Petro cumplir con los compromisos adquiridos con ellos y con las demás comunidades de la Troncal del Cáribe. Así mismo, le exige al director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, y a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, instalar una mesa técnica para darle cumplimiento a la sentencia T-302 de la Corte Constitucional y anuncian nuevas movilizaciones en caso de que no haya atención gubernamental.
Reunión con la Defensoría del Pueblo de Colombia. Fotografía del archivo de la comunidad Sumaain Wayúu.
SOBERANÍA reproduce el comunicado de Sumaain Wayúu, a continuación:
La comunidad SUMAAIN WAYÚU exige el cese de desalojos ilegales y la instalación de una mesa técnica
Comunicado de prensa
Marzo 16, 2025
La comunidad SUMAAIN WAYÚU del municipio de Riohacha, La Guajira y las 44 comunidades en riesgo de desalojo en la Troncal del Caribe, exigimos al Gobierno Nacional el cumplimiento de la protección de nuestros derechos fundamentales que han sido vulnerados mediante desalojamientos ilegales de nuestros territorios, los cuales fueron expuestos en la audiencia pública de la Comisión IV en el Senado de la República el 19 de diciembre de 2024. De acuerdo con lo anterior, exigimos la instalación de una mesa técnica con la participación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Ministerio de Agricultura, la Alcaldía de Riohacha y otras entidades competentes como la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el fin de resolver la problemática del desalojo forzado y evaluar la situación social de las comunidades afectadas. Este mecanismo ha sido motivado por la respuesta ausente de la Alcaldía Distrital de Riohacha ante nuestras peticiones.
Por lo tanto, hacemos un llamado urgente al director de la ANT Felipe Harman, y a la ministra de Agricultura Martha Carvajalino, para que se instale de manera inmediata esta mesa técnica y se garantice el respeto a los derechos fundamentales de las comunidades Wayúu, tal como lo establece la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional. Este fallo resalta el derecho a una vida digna en el territorio, el acceso al agua y la protección de los niños y niñas que habitan en estas tierras.
La comunidad SUMAAIN WAYÚU se encuentra en máxima alerta, ya que enfrenta una nueva amenaza de desalojo por parte del municipio, que, basándose en una orden judicial y en una reunión realizada en diciembre del año pasado (2024), argumenta que los Wayúu no son propietarios de estos territorios.
Lamentablemente, el 13 de marzo de 2025, durante una reunión con la Defensoría del Pueblo, se registró una grave amenaza contra el líder Santiago Segundo Epiayu Fernández de la comunidad Cachaca Mejía ―quien ha sido desalojado violentamente junto a sus familiares y comunidad en cuatro ocasiones y es hijo de un líder asesinado―, proferida por el exconcejal Jorge William Sprockel Choles quien se presenta como «supuesto» dueño del territorio de la comunidad Jarijinamana, el cual expresó: «A todos esos indios hay que darles balín«, mientras simulaba portar un arma. Esta comunidad ha sido desplazada por desastres ambientales y despojos previos, pero sus habitantes han retornado para reconstruir su vida. También, en esta reunión, más de 100 autoridades indígenas y líderes han denunciado hechos de violencia, discriminación racial, destrucción de viviendas y asesinatos de miembros de sus familias. En los pueblos indígenas, la ausencia de garantías y la presencia de grupos violentos ponen en riesgo la cultura, la dignidad y la vida de sus habitantes.
Finalmente, si el Gobierno no actúa de inmediato, las comunidades afectadas nos desplazaremos en una gran movilización hacia el Ministerio de Agricultura en Bogotá. Autoridades Wayúu, miembros de la comunidad SUMAAIN y representantes de las comunidades en riesgo llegarán para exigirle al director Felipe Harman respuestas concretas y el fin de los desalojos ilegales de nuestras comunidades. No aceptaremos más vulneraciones ni indiferencia. ¡Defenderemos nuestro territorio con firmeza y determinación!
Exigimos que el Estado cumpla con su deber de proteger a las comunidades indígenas y respete los derechos que nos asisten por ley y por legitimidad ancestral.
¡No más desalojos ilegales!
¡Exigimos el respeto a nuestro territorio y el derecho a vivir dignamente!
