Desde la glorieta donde yace inmortal Francisco El Hombre divisé centenares de mantas coloridas y ondeantes, que avanzaban sobre la Troncal del Caribe en Riohacha, como quien marcha al encuentro de aquel hombre que derrotó con su acordeón al mismísimo diablo. Las mantas vestían sus cuerpos y el Acheepa sus rostros, advirtiendo que para las mujeres Wayuú, aquella era una ocasión especial. Y no era para menos; como símbolo de protesta y defensa de sus territorios, más de 600 indígenas iniciaron el pasado martes 29 de octubre, sobre las 8:00 de la mañana, una caminata de cinco kilómetros, bajo una temperatura de 30° celsius.
Fotografía del Periódico SOBERANÍA.
La sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sirvió de punto de encuentro inicial para hombres, mujeres, niños y ancianos de 63 comunidades. Las delegaciones provenientes de los territorios más alejados de Riohacha iban llegando en autobuses, motocicletas o en viejos vehículos con carrocerías desgastadas por el desierto y el sol. Mientras esto sucedía, una maestra comunitaria pronunciaba el primero de los discursos, que denunciaba los desalojos sistemáticos que vienen realizándose en contra de las comunidades no resguardas que viven en predios aledaños a la Troncal del Caribe.
Sobre las 8:45 A.M. partieron al Departamento de Policía de La Guajira, como lo habían acordado las autoridades de Sumaain Wayuú, la comunidad que convocó y lideró la movilización. Mientras los manifestantes exigían a la Fuerza Pública detener los desalojos, Carlos Uriana, autoridad tradicional de Sumain Wayuú, me contaba la razón por la cual organizaron la protesta:
-“De las 36 comunidades que vivimos cerca a la Troncal, quince ya fueron despojadas de sus territorios ancestrales. Ninguna quiere ser la número dieciséis”.
-“¿Y por qué los desalojan?” — pregunté.
Antes de volver a las tareas propias de su liderazgo, me contestó brevemente:
– “Porque pueden”.
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¿Por qué los wayuú hablan de despojos territoriales?
Cualquier despojo es, en esencia, un acto de poder. Una parte que desposee a otra con violencia, de aquello que goza y tiene. El sociólogo puertorriqueño Ramón Grósfoguel, describe el despojo como uno de los mecanismos que utilizan las clases dominantes de una sociedad, para resolver los conflictos con aquellos que consideran inferiores y a los que deshumanizan.
La jurisprudencia constitucional colombiana considera a los pueblos originarios sujetos de derecho “por el daño causado a sus usos, costumbres, valores y formas de vida, cuyo intento de eliminación o asimilación a las costumbres de la sociedad mayoritaria causó graves daños que aún hoy, pese a los múltiples esfuerzos, continúan sin ser del todo reparados” (Auto 1193/21).
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Por tratarse de comunidades no resguardadas, esta operación de despojos se realiza contra los grupos más indefensos dentro de la ya vulnerable población wayuú. Expulsarlos sistemáticamente de sus territorios, de los que dependen su sustento, sus costumbres y su espiritualidad, es una forma de selectividad social infame; un nuevo intento de eliminación. Una tragedia humanitaria para la que el lenguaje no alcanza, si pretende describirse.
Después de múltiples discursos frente al Departamento de Policía, denunciando las violaciones a los derechos humanos que sufren durante los desalojos y en el ejercicio de su derecho a la protesta, el líder de Sumaain Wayuú orientó al gentío a dirigirse hacia la sede de la autoridad ambiental guajira.
Carlos Uriana y Jazmín Romero lideran la resistencia wayuú
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Carlos Uriana es un hombre sencillo y un receloso protector de su comunidad y sus tradiciones. En los Oukajawaa (asambleas comunitarias Wayuú para rendir cuentas y tomar decisiones) concede el uso de la palabra con equidad entre quienes asisten y al momento de intervenir elige las suyas con una precisión envidiable. Recibe con calma y humildad todo cuanto se dice en esos encuentros cargados de la solemnidad más genuina.
Uriana es consciente que el viento ha traído palabras que han dividido a su pueblo, porque han llegado desde la garganta de políticos de todas las orillas, en forma de fallidas promesas de cambio o propuestas que no cobraron vida jamás. Por eso, desde hace años realiza un trabajo minucioso ―lento pero eficaz― de acompañar a las comunidades desalojadas o en riesgo, explicando la necesidad de juntarse en la defensa por el territorio e invitándolas a superar las diferencias que los han distanciado. Así logró que decenas de comunidades caminaran juntas aquel martes de octubre.
“¿Cómo se cuida la vida y el ambiente sin defender el territorio y a sus cuidadores ancestrales?”, preguntó Jazmín Romero en su discurso frente a Corpoguajira. “El Gobierno Petro engaña al mundo en la COP16, permitiendo indolente el despojo de nuestros territorios”.
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Jaz, como le llaman sus amigos, llevaba sobre su cabeza un sombrero típico, adornado con un pañuelo verde que porta un mensaje en favor de la interrupción voluntaria del embarazo, dos símbolos que retratan a la perfección el carácter firme y la filosofía ecléctica de esta mujer valiente, reconocida en toda la región por llevar años librando batallas contra Glencore-Cerrejón, por los efectos de la gran minería trasnacional en la salud, el ambiente y la economía de los pueblos del sur del departamento.
Jazmín vestía una manta blanca porque desde febrero guarda luto por el viaje a Jepirra del alma de su hermana Jackelyn, otra incansable luchadora wayuú que enarboló las banderas de la cultura y la resistencia de su pueblo. Una auténtica guardiana del viento, el agua y la tierra guajira.
“Manito, hace frío”, me dijo Jazmín con su tono pausado y sarcástico, cuando se percató de que el calor riohachero me deshidrataba.
Aproveché para preguntarle por las razones de los desalojos que sufren las comunidades aledañas a la Troncal del Caribe.
“El problema de Sumain Wayuú, Santa Clara III, Wayuukazo y las demás comunidades de la Troncal del Caribe es que el Estado y los privados los están sacando de territorios que han habitado ancestralmente. Por ejemplo, en predios de la comunidad Walinay, el Ministerio de Justicia construyó una cárcel sobre un cementerio Wayuú, sabiendo que para nosotros esos son sitios sagrados”.
Jazmín explica con detalle que décadas atrás el Estado colombiano declaró baldíos los predios habitados por los Wayuú y jamás quiso titularlos a favor de las comunidades, ni declararlos como resguardos. Una vez declarados propiedad estatal, el antiguo INCORA y otras entidades públicas fueron comercializando los predios.
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Como es sabido que en la tradición wayuú no existen más escrituras que sus jagüeyes, sus cementerios, su ganado y sus enramadas, algunas personas han aprovechado para reclamar la propiedad sobre los terrenos, mediante procesos judiciales que ganan con cierta facilidad. También la nación, el departamento y el Distrito de Riohacha han sacado ventaja de la situación para realizar proyectos de infraestructura sin contar con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas.
Desde su fundación en 1545, Quienes han gobernado Riohacha han marginado a los indígenas. En aquel entonces, manos esclavas erigieron la ciudad como fuerte para proteger a los conquistadores españoles que huyeron del Cabo de la Vela, tras no poder doblegar a los aguerridos wayuú. Los gobiernos nacionales y locales, de todas las épocas y partidos, han mantenido la decisión de segregar a este pueblo, pues Riohacha y otros municipios se han construido sobre el suelo, el hambre, las tradiciones y la espiritualidad de los nativos.
Riohacha es una ciudad que se levanta sobre sus muertos. Así la describe Alexander Iguarán, del eiruku Uriana, líder de la comunidad Luace, en el corregimiento de Bahía Honda, en Uribia. Mientras caminábamos, este Apalanchii me enseñaba un documento que elaboró con imágenes satelitales y fotografías de cuatro cementerios Wayuú, afectados por la expansión urbana de Riohacha, ubicados en los barrios Las Tunas, Buenos Aires, 7 de agosto y en las inmediaciones del Mercado Nuevo.
Negligencia y racismo institucional
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Tras una parada frente a la sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), las nubes decidieron apaciguar los rayos del sol, como premiando la firmeza indígena con condiciones más gentiles para continuar su caminata. En aquel desfile de desposeídos, cada persona cargaba la historia de algún despojo, y cada relato resultaba más inverosímil que el anterior. En agosto el director de la ANT, Felipe Harman, visitó La Guajira y se reunió con líderes de la comunidad Jarijinamana, una de las quince desalojadas.
En las redes sociales del director aún puede verse el reportaje en televisión nacional en el que comentó que la entidad había podido constatar que, desde hace al menos 70 años, el predio es ocupado por los Wayuú. Por esa razón, el funcionario prometió resolver definitivamente el problema en 15 días e instó a la comunidad a que retornara a su territorio. Así lo hicieron decenas de hombres, mujeres, niños y ancianos de Jarijinamana, pero 5 días después, la Policía volvió a desalojarlos y, desde entonces, los uniformados custodian el predio permanentemente.
Desde aquella visita han pasado 80 días con sus noches, y la comunidad, dispersa por toda Riohacha, sigue esperando las medidas definitivas que prometió el director Harman.
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Cuando los manifestantes llegaron al Palacio de Justicia Departamental, una duda se había sembrado en mi cabeza: ¿Contradicen las decisiones de los jueces municipales la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) para proteger los derechos fundamentales a la salud, al agua y a la alimentación de los niños y niñas del pueblo Wayuú del departamento de La Guajira?
Para estas gentes humildes, defender la tierra es defender la vida. Sin el territorio no hay alimentos, ni agua. El Instituto Nacional de Salud reportó que, entre enero y mayo de 2024, se presentaron en La Guajira 987 casos de desnutrición infantil en menores de 5 años, de los cuales 789 corresponden a niños y niñas wayuú, 243 de ellos en Riohacha. El 31 % de los casos en ese departamento son reincidentes.
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Al llegar a la Alcaldía Distrital, la plaza José Prudencio Padilla se inundó de arengas y carteles. El alcalde Genaro Redondo sofocó la indignación de los manifestantes al ordenar cerrar la entrada principal del Palacio Municipal. Los funcionarios distritales fueron evacuando el edificio uno a uno, provocando todo tipo de quejas y abucheos entre la multitud.
La mayoría de los líderes dieron sus discursos en castellano, para que el alcalde y su gabinete no pasaran por desentendidos. Las ‘mayoras’, en cambio, prefirieron el wayuunaiki para invitar a la juventud wayuú a mantenerse firmes en la defensa del territorio, como lo han hecho todas las generaciones pasadas, desde que Alonso de Heredia y Juan de la Cosa arribaron a costas guajiras.
El trato que el alcalde y la secretaría de Gobierno dieron a la movilización indígena, o el silencio y la negligencia del Gobierno Petro frente al tema, pueden entenderse mejor a la luz de las palabras consignadas en la providencia constitucional antes mencionada: “La Corte considera que la solución a la crisis de desnutrición de los niños y niñas wayúu requiere que todas las entidades públicas superen los prejuicios y los estereotipos étnicos”.
Vuelve a desnudarse el racismo institucional que desde siempre ha orientado las relaciones del Estado colombiano con el pueblo Wayuú, y que ha servido de herramienta para mantener incólume e impune el saqueo neocolonial que se impone a lo largo y ancho de La Guajira, y al que sólo se le atraviesa la resistencia wayuú, que planea exigir desde el Congreso de la República respuestas a todas las instituciones involucradas y seguirá movilizándose en la defensa de su territorio.
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