El modelo de pilares adecúa el sistema pensional a la condición neocolonial de Colombia.

Con el ardid del amor a los viejos, el Gobierno Petro y la bancada del Pacto Histórico encubren la contrarreforma pensional de la OCDE y del Banco Mundial. Iván Cepeda, el subdirector de las toldas petristas, declara que es un imperativo protegerla y la convierte en razón de la desobediencia civil. Tras la bruma que levanta la propaganda oficialista y las críticas de algunas fuerzas tradicionales, se oculta un debate sobre el modelo del país. El balance queda en rojo para la clase obrera. Se pierden conquistas en materia pensional y se desechó la bandera de la defensa del régimen público en materia de seguridad social.

Lo que el petrismo pide defender es una imposición de Estados Unidos a Colombia mediante la OCDE[1]. En 2015 este organismo, al servicio de la estandarización de normas para el saqueo imperialista, señaló que “el plan público de pensiones es muy generoso para el reducido número de beneficiarios”. Naturalmente, la alternativa no fue recuperar las fuerzas productivas para ampliar el empleo. La exigencia fue: implementar el modelo de pilares, acompañada de la eliminación de subsidios a las pensiones, aumentar la edad de jubilación, eliminar la competencia entre el régimen público (Colpensiones) y privado (AFP), reducir la tasa de reemplazo y permitir las cotizaciones con ingresos menores al salario mínimo. Esas son las buenas prácticas por las que votó el senador Petro en 2019.

Estas intolerables exigencias recibieron el rechazo unánime de las organizaciones de pensionados[2], de las centrales sindicales[3], de voceros del extinto Polo Democrático[4] y de académicos[5]. Fueron razones de la oposición al Gobierno Santos y al de Duque. Se denunciaron durante el más extenso proceso de protestas en años recientes (2019 – 2021), con la etiqueta de paquetazo. Sin embargo, bastaron los cantos de sirena petro-santista para que una bandera inamovible de décadas, fuera repudiada por la mayoría de sus adeptos.

La Ley 2381 de 2024 es parte de la estafa petrista a la juventud y a la clase obrera en general. No solo por el contenido reaccionario de la contrarreforma, sino por la pérfida actitud de promoverla como restitutiva de derechos. Y lo sabe muy bien Fabio Arias, presidente de la CUT Nacional, quien prefiere llamarla ley pensional[6] y no reforma.

La contrarreforma adecua el sistema pensional a la condición neocolonial de Colombia. Pensión de salario mínimo para la menguada base asalariada. Bonos para millones de desposeídos a los que la organización económica relega al rebusque. El capital financiero, criollo y extranjero, drenando los bolsillos los trabajadores quienes al final recibirán limosnas. Tal como se denunció en el N° 3 del Periódico Soberanía[7].

El sistema de pilares clasifica a los cotizantes, al final de su vida laboral, en tres esclusas. La segregación se determina por la cantidad de semanas cotizadas, las que a su vez establecen el beneficio: renta solidaria, renta vitalicia o pensión. En la esclusa 1 el subsidio no supera el nivel de pobreza extrema ($236.580), focalizado para miseria, pobreza o vulnerabilidad. La renta vitalicia en el mejor casos no superará el 80% de un salario mínimo y su piso puede ser menor que el subsidio anterior (Ministerio de Hacienda, 2024)[8]. Ambos beneficios no tienen carácter de pensión y solo se acceden con 60 años en mujeres y 65 para hombres. Con el rebusque galopante, el pago por semanas e ingresos menores al mínimo, el destino de millones será la mísera renta vitalicia.

La pensión se obtiene con mínimo 1.300 semanas, 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. También puede recibir pensión si tiene entre 1.000 y menos de 1.300, pero no puede seguir cotizando como trabajador activo. En ese caso le descuentan de la mesada para completar las semanas faltantes o le complementan con el saldo en la cuenta individual. Desde 2036 las mujeres requerirán mínimo 1.000 semanas.

Para el 40% de los trabajadores asalariados la mesada pensión promedio no superará los 1,5 salarios mínimos mensuales ($2.591.427). Tan solo el 13%, eventualmente, podrán acceder a un valor más alto. La conquista de una mesada adicional equivalente al salario mínimo en la cuenta individual exige ahorros superiores a los $ 600 millones de pesos. Será un excepcional privilegio para menos del 1% de la fuerza laboral activa.

La contrarreforma es un triunfo de los neoliberales, susceptible de hacerla más regresiva. Elimina la competencia entre fondo público y privado, en favor del segundo. Se focalizan los subsidios para mesadas de uno a 2,3 SMMLV (4.027.000 de 2026). Los ingresos superiores a este tope quedan a merced de la especulación financiera de los fondos privados. Se autorizan las cotizaciones para ingresos menores al salario mínimo, una manera excepcional de extraer recursos de los trabajadores del rebusque sin el compromiso de brindar una pensión de calidad. Potencialmente el 40% de los trabajadores asalariados cotizarán solo en Colpensiones y el 13% en modalidad público-privado[9].

Abelardo – Restrepo, plantean modificar los términos de la 2381 para intensificar el modelo de capitalización. Más negocio, menos derecho. Cuenta con mayorías en el Congreso y con el petrismo pregonando la defensa de lo que pida la OCDE, esperando la bendición para el 2030. La mezcla perfecta para el escenario en el que la Corte Constitucional no le dé luz verde y deban volver a presentar la contrarreforma.

La base de la reforma pensional que requiere Colombia tiene como prerrequisito la recuperación del mercado interno, la implementación de un plan robusto para impulsar la industria, el agro y la agroindustria, así como la derogatoria de la contrarreforma laboral de Petro (Ley 2466 de 2025). Es la bandera a conquistar.


[1] Informe OCDE, Colombia 2015. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/publications/reports/2015/01/oecd-economic-surveys-colombia-2015_g1g4af99/9789264227682-es.pdf

[2] Intervención de la Asociación Democrática de Pensionados. https://www.youtube.com/watch?v=V_I79Er6_D8

[3] CUT rechaza las imposiciones de la OCDE 2015. https://cut.org.co/la-cut-rechaza-las-imposiciones-de-la-ocde/

[4] Intervención de Manuel Sarmiento. https://www.youtube.com/watch?v=7nVmMV6M82o

[5] Reporte sobre foro la OCDE vs el derecho a la pensión en Colombia. https://www.eje21.com.co/2015/03/pensionados-rechazan-imposiciones-de-la-ocde/

[6] Fabio Arias y la defensa de la Ley pensional. https://x.com/mapias15/status/1892339779292831945?s=20

[7] https://soberania.co/actualidad/reforma-pensional-negocio-para-banqueros-y-desfalco-a-los-colombianos/2024/

[8] Respuesta del Ministerio de Hacienda. https://x.com/SoyJerome__/status/2058248509623579012

[9] https://www.larepublica.co/economia/en-colombia-2-4-millones-de-trabajadores-ganan-exactamente-un-salario-minimo-4326703

Imagen de César Collazos Rico

César Collazos Rico

Docente y dirigente sindical - Directivo de la CUT regional Valle del Cauca.

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