Nada le sirvió más al petrismo para engañar a los trabajadores, que la promesa de promulgar un estatuto del trabajo. Fue el buque insignia de Petro para conquistar votos obreros en las campañas 2018 y 2022. “El estatuto del trabajo para alcanzar la dignidad laboral”, diría Petro en víspera de las elecciones de Congreso (2022). Si se asume por estatuto del trabajo el compendio de normas laborales y de seguridad social, tras cuatro años estas se robustecieron, con los compromisos para el ingreso de Colombia a la OCDE, en desmedro de garantías obreras históricas.
Con el aplauso de las principales centrales sindicales y de fuerzas autodenominadas de izquierda y de centro, el gobierno de Gustavo Petro deja un estatuto del trabajo compuesto de:
- Ley 2381 de 2024. Reforma pensional. Si pasa el control de la Corte Constitucional eliminará los aspectos positivos de la Ley 100 y resaltaran lo peor de este sistema. Exime al Estado como co-financiador para cotizaciones mayores a 2,3 salarios mínimos. Para todo ingreso mayor a 2,3 salarios es OBLIGACIÓN cotizar en una cuenta de fondo privado. La tasa de reemplazo en el Fondo Privado oscila entre 35 al 40%, dejando los ahorros superiores a 2,3 mínimos a la voracidad del sistema financiero. En consecuencia, para obtener una pensión de salario mínimo en el fondo, hay que ahorrar mínimo 330 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($578 millones – 2026). A los trabajadores con hasta 999 semanas cotizadas, les espera la condena de un BONO. Una situación generalizada en los próximos años gracias a la flexiseguridad aprobada en la Ley 2466 de 2025 (Art. 34). Tan nefasta es la contrarreforma, que la dirigencia de la CUT nacional la llaman LEY PENSIONAL. No les alcanza el cinismo para llamarla reforma, aunque exigen a la Corte que le dé luz verde.
La campaña de Abelardo ya anunció ajustes para alinearla más a los pedidos del Banco Mundial y la OCDE. En resumen, para resaltar sus aspectos más regresivos. (Ver[1])
- Ley 2466 de 2025. Reforma laboral. Vigente desde el 26 de diciembre de 2025, elimina aspectos positivos e intensifica los regresivos de la Ley 50 de 1990 y de la 789 de 2002. Incorpora las exigencias de los TLC con Canadá, Unión Europea y Estados Unidos, sintetizadas en los compromisos de Colombia para ser admitida a la OCDE. Representa un régimen laboral al servicio del capital extranjero en detrimento de las empresas colombianas, sin vínculos con el capital y el mercado global, y contraria a los intereses de los trabajadores. (Ver[2])
- Ley 2452 de 2025. Reforma al Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Vigente desde el 06 de abril de 2026. En palabras del abogado y asesor sindical, Sebastián Galeano: (…) significa el despojo de derechos más grande que se le ha hecho a la clase obrera: eliminación de la tutela para reclamar la estabilidad laboral reforzada por fuero de maternidad, por situación de discapacidad o fuero de prepensionado y privatización de la justicia laboral (Ver[3]).
El prometido estatuto del trabajo llegó desde las oficinas del Departamento del Trabajo (Estados Unidos) y la OCDE. Lo impulsó el Gobierno Petro y tras un calculado teatro, entre el Pacto Histórico, el centro y los tradicionales Partidos de derecha, el Congreso aprobó las contrarreformas. Las principales centrales sindicales actuaron como pregoneros, ningún diablillo motivó críticas ni acciones de movilización; por el contario, exigieron a grito herido su aprobación y hasta amenazaron con convocar un estallido social (sic). Las pocas voces que disintieron fueron acalladas con los vítores de viva Petro, viva las reformas sociales del cambio.
Las consecuencias sobre la vida diaria de los trabajadores apenas comienzan. La base trabajadora, a los que afanosamente busca el candidato oficialista, todavía no identifican la amenaza que se cierne en materia de estabilidad, jornada laboral, descanso, procesos disciplinarios, seguridad jurídica de fueros, de libertad sindical y de seguridad social. La dirigencia sindical, especialmente de las Centrales, saben perfectamente lo que implica la implementación del paquetazo de la OCDE, otra cosa es que, por las canonjías recibidas como parte de pago por la traición, les haga corear: viva las reformas del cambio.
Entre 2010 y 2018, la Central Unitaria de los Trabajadores se opuso rotundamente a la vinculación de Colombia a la OCDE[4]. Le declaró oposición y lideró la resistencia contra el paquetazo de Duque y la OCDE 2019 – 2021. Caso similar el del entonces Senador del Polo, Iván Cepeda que votó NO a la Ley 1950 de 2019, con crítica al senador Petro por su voto positivo; no obstante, una vez coptado por el proyecto del Pacto Histórico (2022 – 2026) votó positivamente toda la agenda de la OCDE. Así se presente como defensor de los derechos humanos, los votos del senador Cepeda coincidieron con los anti-derechos. La CUT Nacional, así hable de democracia y lucha contra el fascismo, respalda las peores contrarreformas desde que se inauguró el régimen laboral del neoliberalismo.
Nada democrático puede esperar el país del eventual gobierno de Abelardo. Su condición lumpen burgués, la abyección al Gobierno Trump y al Partido Republicano de EE.UU., el arsenal de medidas antipopulares, que hereda del gobierno Petro, y los nuevos términos del saqueo imperialista, serán el coctel para los nuevos dolores del país. Que la respuesta sea oposición y resistencia civil.
[1] https://soberania.co/actualidad/reforma-pensional-negocio-para-banqueros-y-desfalco-a-los-colombianos/2024/
[2] https://soberania.co/actualidad/la-estafa-de-la-reforma-laboral-de-petro-un-mandado-de-los-gringos/2026/
[3] https://soberania.co/opinion/nuevo-codigo-procesal-del-trabajo-traicion-de-petro/2025/
[4] https://cut.org.co/unidad-de-los-trabajadores-y-el-pueblo-para-enfrentar-el-gobierno-de-duque/
