Por: Byron Hernández, investigador y trabajador vinculado al sindicato de AGROSAVIA
El entrante fenómeno del Niño no solo pondrá a prueba el clima colombiano. Pondrá a prueba al Estado.
Todo indica que un nuevo fenómeno de El Niño podría tener una intensidad considerable. Pero más allá de la discusión sobre probabilidades, porcentajes o modelos oceánicos, la verdadera pregunta es otra: ¿el país está preparado?
En Colombia El fenómeno Niño no es nuevo. Tampoco lo son sus consecuencias. Ya sabemos cómo luce el libreto, incendios forestales consumiendo ecosistemas estratégicos, embalses bajo presión, municipios declarando emergencia por falta de agua, muertes de animales por ausencia de forraje y sed, productores perdiendo cosechas enteras, alimentos encareciéndose y el Estado reaccionando tarde, fragmentado y, casi siempre o como siempre atrapado entre la improvisación y el comunicado.
Lo verdaderamente preocupante no es que El Niño regrese. Es que nos encuentre, otra vez, institucionalmente vulnerables.
En un país donde el sector agropecuario depende profundamente de la variabilidad climática, un evento fuerte de sequía es una amenaza directa a la seguridad alimentaria, la estabilidad económica rural y la capacidad productiva nacional. Cada hectárea perdida, cada animal muerto por estrés térmico o falta de agua, cada plaga favorecida por el cambio en las condiciones climáticas, termina trasladándose a la mesa de los colombianos, al bolsillo de las familias y a la fragilidad de miles de pequeños productores que viven al límite.
Y aquí aparece una pregunta incómoda para el Gobierno nacional: ¿dónde está el plan real?
No el documento formal. No la reunión interinstitucional para la foto. El plan operativo. El que identifica municipios críticos. El que prioriza cadenas productivas vulnerables. El que activa recursos extraordinarios. El que articula ciencia, asistencia técnica, financiamiento y respuesta territorial antes de que la crisis explote.
Porque prepararse para El Niño no consiste en recomendar ahorro de agua en redes sociales.
Consiste en anticipar el daño.
¿Está el Ministerio de Agricultura trabajando con escenarios de pérdida productiva por regiones? ¿Existen mapas actualizados de vulnerabilidad agroclimática por cadena? ¿Hay estrategias definidas para proteger la agricultura campesina, familiar y comunitaria? ¿Se han activado protocolos para alimentación animal de emergencia, manejo sanitario preventivo, seguros agropecuarios o asistencia técnica diferenciada?
Y si la respuesta es parcial o ambigua, entonces el problema no es climático. Es político.
Si Colombia cuenta con una entidad pública concebida para generar ciencia, innovación y soluciones tecnológicas para el sector agropecuario, este debería ser su momento natural de liderazgo.
Sin embargo, ¿está AGROSAVIA preparada para responder como el país la necesita?
¿Tiene una sala técnica operando sobre riesgos agroclimáticos? ¿Ha priorizado territorios y sistemas productivos vulnerables? ¿Está traduciendo conocimiento científico en recomendaciones concretas para productores? ¿O sigue atrapada en las limitaciones presupuestales, la incertidumbre administrativa y la desconexión entre ciencia y decisión pública?
La paradoja es brutal.
Colombia necesita más que nunca una institución científica fuerte para responder a una emergencia agroclimática, mientras esa misma institución lleva años sobreviviendo en medio de restricciones financieras, indefiniciones estratégicas y tensiones sobre su propio papel dentro del aparato estatal.
Es como debilitar el cuerpo de bomberos mientras se anuncia una temporada de incendios.
Se necesita inteligencia territorial. Modelos predictivos. Validación rápida de tecnologías adaptativas. Material genético resiliente. Manejo eficiente del agua. Sistemas productivos más robustos. Transferencia tecnológica real. Comunicación del riesgo con lenguaje útil para quienes producen alimentos.
Eso exige capacidad científica pública y exige decisión política.
El fenómeno del niño no debería encontrar al país preguntándose quién coordina qué.
Deberíamos tener, desde ya, una mesa técnica permanente articulando IDEAM, MADR, AGROSAVIA, ICA, UNGRD, gobernaciones, gremios, asociaciones campesinas y autoridades territoriales. Deberíamos estar priorizando municipios, construyendo escenarios de impacto y activando medidas preventivas antes del colapso.
Pero sobre todo, deberíamos estar dando una discusión mucho más profunda, ¿Colombia realmente comprende que la adaptación climática ya no es un asunto ambiental, sino una cuestión de soberanía productiva y seguridad nacional?
Si el país vuelve a improvisar frente a una amenaza anunciada, no será porque faltó información.
Será porque faltó voluntad.
Y esa, a diferencia del clima, sí depende enteramente de nosotros.
