Recientemente, varios medios de comunicación informaron sobre el intento de compra de terrenos en el Parque Nacional Natural Los Nevados (PNN) por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El objetivo de esta compra era entregar las tierras a las comunidades indígenas Piscatu y Misak de Carmelo para fines productivos.
La ANT presentó esta solicitud a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), a pesar de que un fallo judicial que protege el PNN y establece que sus tierras no deben ser utilizadas con fines productivos. Fallo reconocido también en 2020, gracias a la tutela interpuesta por el abogado Juan Felipe Rodríguez Vargas con la que se calificó al parque como sujeto de derechos.
Los terrenos en cuestión están ubicados en las inmediaciones de Potosí, como se indica en los certificados de tradición, y forman parte de las áreas de protección y conservación del PNN. Además, las entidades territoriales en cabeza del gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, habían planeado adquirir estas tierras para adelantar acciones de conservación. Esta situación generó una tensión evidente entre las intenciones del gobierno y el cumplimiento del fallo judicial al desafiar los principios de protección ambiental y los intereses regionales.
Finalmente, la ANT desistió de la compra debido a la unión de diversos sectores —la justicia, el tutelante Juan Felipe Rodríguez, las entidades, autoridades territoriales, académicos y organizaciones ambientales— en pro de la protección del parque.
Una vez revelada la intención de compra de tierras por parte de las autoridades y congresistas, el director de la ANT, Felipe Harman, calificó la acusación como “falsa”. Pero es verídica. Se identificaron cinco grandes predios que estaban en proceso de formalización, sobre los cuales la ANT solicitó la expedición del concepto técnico ambiental. Solicitud firmada por el director de Asuntos Étnicos, Astolfo Aramburo Vivas.
Ver cuadro de los predios solicitados:
El trasfondo de la compra
Dentro de la millonaria contratación de asesores por parte de la ANT, aparece José Rodrigo Toro Monte, exalcalde del municipio, actual miembro del Partido Verde y quien funge como asesor de la Dirección para el Eje Cafetero para esta compra de tierras.
En relación con la participación de Toro, Harman dijo al periódico El Colombiano que: “Las funciones de Patricia, Alexandra, Guillermo y José Rodrigo tienen que ver con la constitución de comités municipales de reforma agraria… son el vehículo organizativo que permite a los campesinos interlocutar con autoridades locales y el Gobierno nacional la posibilidad de extender la reforma agraria en todo el país”.
En realidad, Toro ha sido el principal responsable de las declaraciones sobre las mencionadas compras de tierras. Pero en sus versiones omitió que durante su alcaldía impugnó el fallo que reconoció al parque como sujeto de derechos, un hecho que el abogado Juan Felipe Rodríguez le reclamó en su momento. El exalcalde argumentó que “impugnó invocando una acción popular para que el gobierno nacional otorgue los recursos…”.
Tampoco mencionó los elevados costos de compra de los predios, los cuales fueron señalados por el director de la Carder y el gobernador de Risaralda. Este último ha estado gestionando la adquisición de terrenos con fines de conservación y explicó que las ofertas de la ANT son considerablemente superiores a los avalúos comerciales que ellos han estado manejando.
Ante la aparición de sobrecostos en las compras de la ANT, surgen varias preguntas: ¿Pasó por alto el asesor y exalcalde santarrosano el tema de los avalúos en su municipio? ¿Estas ofertas dificultará lo que se ha logrado avanzar en las regiones?
El traslado de las comunidades fue más un gancho ciego
Si bien las comunidades indígenas han solicitado tierras al gobierno, no son necesariamente estos territorios en particular. Salvo las menciones directas de la ANT sobre la compra de predios en relación con las comunidades indígenas, no se ha comprobado la solicitud de habitar estas áreas. Cabe anotar que, para esta columna, se consultó a la oficina de comunicaciones del pueblo Misak, pero no se recibió respuesta hasta la fecha.
Ahora bien, resulta sorprendente afirmar que se les llevará a cultivar tierras en el páramo, cuando su visión implica cuidar los recursos. De hecho, la asignación de estas tierras y el traslado de los Misak contradiría su cosmovisión. Esto se debe no solo a que se trata de un territorio alejado de los departamentos de Cauca, Huila, Caquetá y Putumayo, que forman parte de sus redes de territorialización definidas por su arraigo cultural, sino también porque va en contra de la protección ancestral de los recursos naturales. Los Misak son reconocidos como la gente del agua, su cosmovisión está centrada en el líquido vital que se vería afectado si ocupan estos territorios para fines productivos.
Surge entonces otra pregunta ante la solicitud de la ANT, que señala a las comunidades indígenas como destino de estas tierras: ¿Se consultó a los Misak Piscatú?
No ha sido, ni será el único riesgo
El 25 de septiembre hubo audiencia de seguimiento a la tutela y allí el magistrado encargado llamó la atención sobre la desvinculación de la acción de tutela de otros actores como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Ministerio de Transporte y el concesionario Alternativas Viales que estuvo al frente de la pavimentación de la vía. Esta observación se realizó en el contexto de los mecanismos de presión que estas entidades tienen en relación con el creciente inventario del hato ganadero y los asuntos vinculados al corredor vial entre Murillo, Tolima, y Manizales, Caldas.
La carretera incrementó los impactos sobre el parque, con miles de vehículos emitiendo partículas y otros residuos que afectan la capacidad fotosintética de frailejones, musgos y el resto de la flora y fauna. Además, ha crecido la invasión del retamo espinoso (Ulex europaeus), una de las cien especies invasoras más dañinas del mundo. A diferencia de las especies altoandinas y los páramos, el retamo se desarrolla rápidamente, interfiere en la sucesión natural y suprime poblaciones nativas.
La carretera también atrae a miles de visitantes de manera descontrolada, muchos de los cuales se toman fotos entre estos arbustos de flores amarillas, actuando como dispersores de semillas que se transportan en su ropa, zapatos y mascotas. A pesar de que se reconoce la presencia de esta especie invasora, el Plan de Manejo Ambiental del parque ofrece un tratamiento escaso para ella.
Mientras los jueces exigen el cumplimiento de la sentencia, el Gobierno Nacional no ha implementado planes suficientes para controlar factores como el alto flujo vehicular y de visitantes. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, insiste en la solución neoliberal del peaje, a la larga, una licencia para continuar contaminando. Además, en la vía surgen nuevas construcciones turísticas y pocos saben cómo estas han cumplido con las normas de uso del suelo en zonas de protección y conservación.
De modo que el PNN enfrenta problemáticas relacionadas con los impactos negativos derivados de la actividad humana que son resultado de la estructura agraria y ambiental, la falta de atención estatal y fenómenos climáticos. Aunque se pudo detener esta compra, la alerta persiste debido a la insistencia en buscar tierras productivas en estas áreas. Es importante recordar que la zona amortiguadora del parque también está sujeta a protección.
Por último, es relevante destacar la importancia de la audiencia del Tribunal de Ibagué, celebrada el 25 de septiembre, donde las partes coincidieron en la necesidad de proteger el parque y hacer seguimiento a los avances. Por otro lado, el 19 de septiembre quedará registrado como un día significativo en la defensa de las causas ambientales del Eje Cafetero (Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima), marcando un hito en los esfuerzos por conservar el Parque. En esos días, el Kumanday amaneció cubierto por una hermosa nevada.
Columna de opinión tomada de La Silla Vacía.
Publicada el 8 de octubre de 2024.
