En los últimos años, el debate sobre el derecho al cuidado y el cuidado como trabajo, ha cobrado relevancia en América Latina y el mundo. No se trata solo de un concepto social, sino de un derecho fundamental para garantizar la dignidad humana. Sin embargo, en nuestro país, este se enfrenta a una realidad desfavorable tanto para las personas cuidadoras como para las personas a su cargo: los sistemas básicos que deberían respaldarlo, como el sistema de salud, están en crisis.
Colombia ha dado un paso importante al acoger los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al ser parte de esta corte, en torno al derecho al cuidado. En su reciente Opinión Consultiva 31/2025, la Corte reconoce el cuidado como un derecho humano autónomo, lo que implica una obligación concreta para los gobiernos de ajustar, diseñar e implementar políticas públicas que lo garanticen. Aunque este avance jurídico debería ser motivo de celebración, su reconocimiento formal no es suficiente si no existen condiciones materiales y estructurales que lo respalden. Es aquí donde surge una profunda contradicción entre la ley y la realidad del país.
Según el DANE en 2024 aproximadamente 3.3 millones de personas se dedican al cuidado no remunerado, de las cuales el 70% son mujeres, lo que refleja una distribución de roles de género en esta labor. Adicional a esto, para el 2020, hay 3.134.037 personas con dificultades para realizar actividades básicas diarias (7,1% de la población del país), de quienes 1.784.372 (4,07% de la población del país) reportaron tener dificultades en los niveles de severidad 1 o 2.
Un caso emblemático es el de más de 100 mujeres cuidadoras afiliadas a la EPS pública Capital Salud, en Bogotá; muchas de ellas cabezas de hogar, que dedican su vida al cuidado de personas con necesidades especiales. A cambio, reciben escaso o nulo respaldo por parte del sistema de salud. Los recortes en terapias integrales, entrega de medicamentos, transporte y enfermería domiciliaria han hecho aún más difícil su labor. Esta situación vulnera no sólo los derechos de quienes cuidan, sino también de quienes dependen del cuidado para vivir con dignidad.
Frente a esta situación, han surgido voces de resistencia y organización. Una de ellas es Huitaca Colombia, una organización de mujeres cuidadoras que busca articular esfuerzos para exigir que la EPS cumpla con sus obligaciones y las escuche. Aunque en varias ocasiones Capital Salud se ha comprometido con soluciones, como seguimientos focalizados a los casos, seguimiento a las IPS, el cumplimiento de las terapias, entrega de medicamentos entre otros, en realidad no se han traducido en hechos concretos a largo plazo. . La deuda institucional con estas mujeres sigue creciendo.
Además de afrontar esta problemática, estas mujeres enfrentan otra gran dificultad: la imposibilidad de acceder a empleos remunerados. Su jornada de cuidado es de 24 horas al día, 7 días a la semana, lo cual les impide generar ingresos propios para sostener sus hogares y sobrevivir. Irónicamente, deben hacer grandes inversiones de tiempo y dinero que les facilita no solo acceder a servicios en salud si no además a sostener sus hogares, sin recibir apoyo económico del Estado.
El derecho al cuidado, entonces, no puede entenderse sin una mirada integral que reconozca el valor del trabajo de cuidado no remunerado y promueva condiciones para su redistribución justa entre el gobierno, las instituciones y las familias. Es por ello que las garantías no se limitan a las personas cuidadoras. Según Santiago Gómez, “El más reciente Estudio de Cartera de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) reveló que la deuda total con los hospitales y clínicas llegó a $20,3 billones de pesos con corte a diciembre de 2024, un incremento del 6,9 % frente a los $18,9 billones reportados en junio del mismo año. La situación es aún más crítica si se considera que las EPS intervenidas y vigiladas son responsables de más de $10 billones, lo que representa el 77,4 % de la deuda total de las EPS que siguen en operación. Esta asfixiante carga financiera deja a hospitales y clínicas al borde de la quiebra, sin recursos para garantizar la continuidad de los servicios médicos que millones de colombianos necesitan”.
Reconocer el cuidado como un derecho humano es un paso histórico. Pero para que este reconocimiento tenga sentido, es urgente que los sistemas básicos del país funcionen correctamente. Un sistema de salud financiado de forma justa, con infraestructura adecuada, tecnología suficiente y personal con condiciones dignas de trabajo, es esencial para aliviar la carga desproporcionada que hoy recae sobre las mujeres cuidadoras. Asimismo, se necesita un cambio del modelo económico del país que fomente la producción nacional y generen empleos dignos para todas las personas, especialmente para quienes hoy están excluidas del mercado laboral por asumir responsabilidades de cuidado.
La deuda del Estado con las mujeres cuidadoras es profunda. No basta con normativas o compromisos jurídicos internacionales. Es momento de convertir el derecho al cuidado en una realidad vivida, con políticas públicas efectivas, recursos adecuados y voluntad política para transformar las estructuras que sostienen las desigualdades de género.
