Colombia Soberana repudia el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay y se solidariza con su familia y allegados. No puede ser más negativo el inicio de la nueva campaña electoral que encara el país.
El gobierno de Gustavo Petro no puede eludir sus responsabilidades. En las próximas elecciones tiene la obligación de garantizar la seguridad de todos los colombianos y de los miembros de los diversos sectores que participen en las campañas electorales. La erradicación de la violencia política, junto a las demás formas de violencia, es la responsabilidad del Estado y los gobernantes. El creciente accionar y la impunidad de los violentos y de los innumerables grupos ilegales de todo tipo, los asesinatos, el secuestro, la extorsión, el confinamiento de las poblaciones, las limitaciones a la libre movilidad y a la libertad de opinión, la desintegración del territorio y las limitaciones al desarrollo productivo de las empresas y las personas, no pueden contar con la avenencia oficial parapetada tras proclamas de la Paz Total.
Como lo dijera Francisco Mosquera en torno a vetustos diálogos de paz de otras administraciones, “El país ya aprenderá que en los asuntos de la guerra y la paz, aunque se hallen relacionados con los fenómenos económicos, el inicio o el término de las hostilidades no han de subordinarse directamente a aquellos, ni más ni menos a como la revolución, que se ejecuta para desobstruir el desarrollo, estalla no por la trascendencia de sus épicas tareas sino por la potencialidad real de acometerlas en unas circunstancias dadas.” (F. Mosquera: “¿ Qué es la paz?”, febrero de 1985).
La campaña electoral y la confrontación de opiniones se deben dar en condiciones de plena democracia y contando con seguridad y garantías políticas en paridad de condiciones. La Casa de Nariño se ha convertido en el principal foco de pertubación del ambiente político. Los medios públicos no pueden ser convertidos en monopolio de propaganda oficial o del gobierno de turno, para que se los use sin límites y sin derecho a réplica. Se debe garantizar el acceso equitativo a todos los sectores para dar el debate político con plenas garantías democráticas y sin amenazas a quienes disienten con éste gobierno y sus políticas contra el desarrollo y la producción nacionales.
El ejercicio de la plena democracia es el mínimo necesario para un debate electoral donde se puedan dar las diferentes opiniones en torno al accionar y el nefasto legado de éste gobierno, así como para presentar alternativas, ojalá, en favor del desarrollo soberano de nuestra Nación.
