Mantener el empleo y los ingresos de los trabajadores debe ser una de las prioridades en medio de la emergencia a causa del Covid. Las micro, pequeñas y medianas empresas son fundamentales en este propósito pues representan más del 99 % de las 1.620.000 empresas del país y son las responsables de generar 8.3 millones de puestos de trabajos que devengan en promedio un salario mínimo y pesan cerca del 85 % del empleo formal.
Ayudar a las mipymes es darle la mano a los empresarios que sostienen el aparato productivo del país y mantener el ingreso de millones de trabajadores formales cuyas familias dependen de esos salarios para subsistir. Sin embargo, el gobierno no ha tomado la decisión de destinar recursos públicos para atender de manera directa las necesidades de este sector y en cambio se ha concentrado en salvar a los bancos y al sector financiero.

Las mipymes no solo requieren préstamos sin intereses, además les urge mejorar las condiciones de los actuales, pero sobre todo, saber cómo van a pagar las nóminas, los servicios públicos y los arriendos de este y los meses venideros. En otras palabras, reclaman intervenciones más agresivas de parte del gobierno nacional para atender la crisis y mantener sus empresas.
En febrero, antes del Covid, el desempleo ya ascendía a 12,2 % mientras los niveles de informalidad siguen rondando el 60 %. Con la llegada de la pandemia los vaticinios no son alentadores y algunas proyecciones sugieren que puede duplicarse o incluso alcanzar niveles nunca antes vistos. Para evitar que se llegue a la escalofriante cifra de 25 %, similar a la registrada en 1929 durante la gran depresión en Estados Unidos o al desempleo que se vivió durante la crisis de 1999, se necesitan medidas urgentes y un gasto público sin precedentes.
En este contexto, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ACOPI presentó una propuesta que merece todo el respaldo: que el gobierno nacional ayude a pagar el salario de los trabajadores de las mipymes durante 3 meses, subsidiando el 70 % de la nómina de quienes ganen un salario mínimo.
Esta medida le costaría al gobierno unos $8.8 billones de pesos que representan tan solo el 0.83 % del PIB y se puede ejecutar mediante giros directos a las empresas a través de las cuentas que ya tienen en el sistema financiero. Cabe recordar que en la pasada reforma tributaria se le rebajaron $10 billones de pesos en impuestos a las grandes corporaciones.

Iniciativas como la mencionada ya están siendo aplicadas en países como Perú, Inglaterra, Francia o Corea. Por eso, para llevar a cabo esta propuesta resulta indispensable la unidad de empresarios y trabajadores, así como el apoyo de académicos, organizaciones sociales y líderes políticos que logren persuadir al gobierno de Iván Duque de que no solo debe, sino que puede hacerlo.
Nota: Las cifras y los cuadros fueron tomados de la entrevista de Juan Diego Alvira en Noticia Caracol a Alejandra Osorio, representante de ACOPI Bogotá – Cundinamarca la cual pueden ver en este enlace.
Columna de opinión tomada de El Espectador blogs.
Publicada el 20 de abril de 2020.