Galán descarga la crisis en los ciudadanos y empresas bogotanas

Columna de opinión por David Mateus. Foto tomada de InfoBae.

En tan solo seis meses Carlos Fernando Galán ha expresado su intención de mantener la política de austeridad expuesta por sus antecesores, además de recargar la crisis económica del distrito sobre las personas y empresas bogotanas para sostener los beneficios a pocos operadores privados de Transmilenio, ampliando así la crisis que sufre el tejido empresarial capitalino.

Actual situación del tejido empresarial nacional y local

Desde la apertura económica en los años noventa y luego con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, el sector empresarial nacional recibió un duro golpe que afectó la economía nacional, en beneficio de los intereses extranjeros. Esto se evidencia con la caracterización de las MiPymes que para el 2023 representaban el 99 % de las empresas del país, el 65 % de los trabajadores formales y el 35 % del producto interno bruto (PIB) (Vanguardia, 2023). La economía colombiana reposa principalmente en microempresas que día a día luchan para no desaparecer.

El desamparo de la industria nacional y la falta de políticas públicas que promuevan la protección y crecimiento del sector empresarial en Colombia ha ocasionado el cierre de varias MiPymes. Lo que se traduce en pobreza y hambre para la población colombiana. Según La República, para el 2023, la cantidad de empresas cayó en 1,4 % en comparación al 2022 y, las personas ocupadas por las MiPymes disminuyeron en 1,7 %.

Bogotá no es ajena a esta condición. Conforme a datos de la Alcaldía Mayor, las MiPymes en la ciudad representan un porcentaje similar al nacional. De estas, 92,3 % son micro (hasta 10 trabajadores), el 5,8 % son pequeñas (entre 11 y 50 trabajadores) y el 1,8 % son empresas medianas (entre 51 y 200 trabajadores). Estas están distribuidas por sectores, así: el 54,4 % de ellas vinculadas al sector servicios, 32 % al de comercio y solo el 13,6 % a la industria.

Estas cifras demuestran el claro atraso y el poco desarrollo empresarial capitalino, que conllevó al cierre de varias MiPymes durante el último año. Pasamos de tener 436.512 compañías a inicios del 2023 (entre urbe y periferia) a 432.784 a inicios del 2024. Esto representó el cierre total de 3.728 empresas y un incremento en los índices de desempleo en la ciudad, que pasó de un 9,2 % a mediados del 2023 a 10,1 % al primer trimestre del 2024.

Las empresas bogotanas no están creciendo y, además, vienen en una reducción alarmante. Los programas desarrollados por el distrito, como, impulso local o trabajo incluyente fueron mal enfocados y no atacaban los principales problemas distritales de las MiPymes, como son los altos costos de servicios públicos y de tributación, el difícil acceso a créditos tasas de interés asequibles y la injusta competencia de los productos importados, por los subsidios a la industria y agricultura norteamericanos.

La jugada de Galán

Para cubrir las deudas del Distrito con los operadores privados de Transmilenio, el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) presentado por Galán llevaba tres nuevos impuestos. Una sobretasa por alumbrado público que cobraría a los establecimientos comerciales, una sobretasa por parqueo en vía y una sobretasa bomberil. Si bien el primer y segundo impuesto se cayeron por falta de consenso político, sí se aprobó el impuesto bomberil (Art. 290), que se cobrará en un 1 % sobre el ICA (Impuesto de industria y comercio).

A esto se les suma el recorte presupuestal a entidades que se enfocan en fomentar la economía local, enmarcado en el Decreto 147 de 2024. A la Secretaría de Desarrollo le recortaron más $505 millones de pesos, que se verá representado en menos programas, menos apoyos y menos atención a las MiPymes. El recorte a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en más de $1.500 millones de pesos, disminuirá la posibilidad de pavimentación de los corredores viales de aglomeraciones comerciales, como el de la Alquería, que se ha exigido.

También, al Instituto para la Economía Social (IPES), en cerca de $137 millones de pesos, disminuirá los esfuerzos para poder llegar a concertaciones entre el comercio formal e informal para el desarrollo de dichas aglomeraciones comerciales.

Lo anterior no es más que el reflejo de la política antinacional contra el empresariado local: el bajo crecimiento empresarial, la poca capacidad de competir con bienes y servicios extranjeros y los recortes presupuestales a las entidades encargadas de fomentar el desarrollo local, son el producto de malos gobiernos. Con el fin de cubrir las deudas en el sistema Transmilenio que, bajo el modelo de concesión, representan un déficit de $14 billones, sin vislumbrarse renegociación de los leoninos contratos, el alcalde Galán tomó la decisión de que estos errores los tenga que asumir el pueblo bogotano y, en especial, el empresariado local, afectado por las políticas distritales y nacionales.

Recientes

Agro
Duberney Galvis

La malograda reforma agraria de Petro

No hay problema cuya solución se haya aplazado más en Colombia que el de la inequidad en la propiedad de la tierra rural. La variable de la tierra en la estructura agraria de Colombia, incluso en la etapa actual bajo el capitalismo financiero, arrastra la idea de “reducir al productor a una simple bestia de carga” (ver gráfico). Por eso el escándalo en el gobierno Petro de la compra de tierras para la Reforma Agraria o Reforma Rural Integral (RRI) –como se llama en el Acuerdo de Paz.  Pese a que el gobierno busca conformar un banco de tres millones de hectáreas

Leer más »
Scroll al inicio