Cuando la Nueva Granada se independizó del imperio español sólo se logró alcanzar el primer objetivo independentista, la creación de la república que en sus inicios haría parte de la Gran Colombia. Sin embargo, no se sentaron las bases para la creación de un país enmarcado en las formas modernas productivas, económicas, sociales, culturales y políticas. Tampoco se cumplieron las tareas que debía enfrentar la nueva clase dirigente para desarrollar una nación que estuviera a tono con el progreso de las fuerzas productivas fabriles e industriales, desatado en Europa y Estados Unidos, valido del mercantilismo global y de las fuentes originarias del capitalismo, de los Estados centralizados y de los regímenes políticos de la democracia burguesa que destruyeron el poder monárquico y los vestigios del sistema feudal.
Durante casi todo el siglo XIX, Colombia se debatió en luchas intestinas y guerras civiles que enfrentaron a las fuerzas retardatarias heredadas del virreinato, representadas por los grandes terratenientes contra la corriente más avanzada que buscaba la inserción económica en el mercado mundial, los poderes laicos y un régimen democrático de igualdad y libertad. Al final, con la guerra de los Mil Días, se acabó por consolidar la posición reaccionaria que llevó a la hegemonía conservadora en los primeros 30 años del siglo XX y a un modo de producción semifeudal.
Coincide tal desgracia histórica con las primeras agresiones de Estados Unidos, convertido en potencia financiera y militar, a los países al sur del Río Grande. El arrebato de Panamá para su proyecto del canal, urdido por el rol imperial que este país empezaba a jugar en el hemisferio, marcó el inicio de una era de dominación sobre Colombia. Poco a poco, las compañías estadounidenses del banano, del petróleo y las casas comerciales del café extendieron sus tentáculos por todo el país. En la década del año veinte se adecuaron las instituciones económicas para la recepción en escala de los capitales especulativos extranjeros, en particular, en forma de créditos.
La deuda pública, la exportación de productos básicos y la importación de bienes manufacturados tallaron la impronta neocolonial del país. La reputada “modernización” de los gobiernos liberales de Olaya, López Pumarejo y Eduardo Santos, que sucedieron a los conservadores, contrario a las tergiversaciones históricas en boga, marcaron ese aciago destino mediante la alianza oligárquica entre la gran burguesía ―al servicio del capital financiero― y los grandes terratenientes. En todos los episodios del siglo pasado se reforzó tan deshonrosa condición, en el de la violencia política en el del Frente Nacional y la Alianza para el Progreso, en el marco de la Guerra Fría contra el socialimperialismo soviético y en el de la “década económica perdida” de los años ochenta, con todos los gobiernos de todos los pelambres. Incluso el narcotráfico y los desvaríos del infantilismo de izquierda fueron motivo para obedecer los dictámenes del Tío Sam y abrirle las puertas a la intromisión gringa en el campo militar, de seguridad y defensa y a su inserción en el conjunto de las instituciones del Estado.
Con la Constitución del 91, concretada en el acuerdo de armisticio con la “patulea” del M-19, que era como Francisco Mosquera caracterizaba a ese grupo, Colombia se agregó a la globalización, que fue la forma que tomó la hegemonía estadounidense tras el derrumbe soviético. Implantó los dictámenes del Consenso de Washington, como la política monetaria sujeta al interés del capital bancario, la política fiscal dirigida al pago cumplido de la deuda pública, el libre comercio de bienes y servicios, la política cambiaria de libre flujo de capitales, el trato nacional a la inversión extranjera, las onerosas cargas de los derechos de propiedad privada intelectual, la privatización de los servicios públicos y la seguridad social, el inicuo mantenimiento de los derechos adquiridos sobre el subsuelo, afrentas todas y otras cuantas más que se cubrieron con la mampara de pocos y mínimos derechos, elevados de modo paradójico, a la categoría de fundamentales.
En los últimos 30 años, con los Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos y Duque se ha escalado el más profundo neoliberalismo, prescrito como norma superior, en inicuos acuerdos comerciales y Tratados de Libre Comercio, los TLC, un auténtico saqueo que materializa en grado superlativo la recolonización del imperialismo. El último hito es la llegada del nuevo inquilino de la Casa de Nariño en 2022, Gustavo Petro, un segundón que, acaballado en la inconformidad de décadas expresada en su más alto volumen en el Paro Nacional de 2021, contó con el favor de Washington para “apagar el volcán”, para controlar su explosión. “Un triunfo inevitable”, dijo Alejandro Gaviria al interpretar y respaldar la solución que tomaron Estados Unidos y los “cacaos” para estos años: había que “calmar las aguas”.
“Cambio” y destrucción
La retórica demagógica de Petro, con el maquillaje de “agenda social”, se convirtió en el instrumento principal de engaño para amplios sectores de masas, entre tanto, refrendó su compromiso con la herencia neocolonial y semifeudal que ha determinado el atraso nacional. Este nuevo ungido de la Casa Blanca, además de tener el respaldo de los partidos tradicionales y de la oligarquía subsidiaria del capital internacional, cuenta con el respaldo de las corrientes revisionistas y del oportunismo de “izquierda” que echó incienso al Frente Nacional, a los López y a Belisario, a la Constitución del 91, combinó todas las formas de lucha y marchó bajo la batuta de la Unión Soviética y sus apéndices y a quienes hoy les llegó el turno de ocupar la nómina estatal y tomar contratos a porrones. En la oleada se arrió también al ambiguo sector de “independientes”, organizaciones políticas autodenominadas “alternativas”, que le “apoyan lo bueno” en evidente ocultamiento de Petro como pelele del imperialismo.
Petro llegó pisando duro para implantar los dictámenes de la Casa Blanca, del Pentágono, de los organismos financieros internacionales, del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Mundial (BM) y de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Con un “pacto”, que contaba con la participación de destacados representantes de la tecnocracia neoliberal, arrancó con una regresiva reforma tributaria, dictada en visitas previas del FMI, que arremetió, al sacar de un manotazo $80 billones de pesos en cuatro años, contra los ingresos familiares y el ahorro empresarial y puso en entredicho la estabilidad financiera de Ecopetrol, que sufrió el alza de la tasa de tributación del 33 % a más del 40 %. Fue el primer aventón contra el país para garantizar el pago del servicio de la deuda, lo que no fue obstáculo para sacar otros más de $20 billones de pesos a la sociedad en el alza de la gasolina y en la del diésel en curso, un ucase del FMI.
Una vez engrasadas las bisagras, Petro prescindió de aquellos que pudiesen cuestionar las enrevesadas rutas que tomó en el doble propósito de embrollar la conciencia del “pueblo” y empujar a marchas forzadas las petrorreformas. Para tan torticeros designios solo podían ser subalternos sus compinches más obsecuentes, acompañados de algunos viejos politiqueros curtidos en venderle el alma al diablo y con los primeros en trance de equipararlos. El camino se sembró de negociados y corruptelas de todo tipo y en continuo aumento y el excomandante acude, para contar con una anuencia irrestricta, a groseras maneras autocráticas, en tanto llena las arcas de los magnates extranjeros y criollos, y socava la producción nacional, destruye caros patrimonios y sectores públicos, así como manipula el ánimo de trabajadores, campesinos, jóvenes y comunidades étnicas, la tarea que se le encomendó.
Los resultados de esa gestión petrista no se han hecho esperar. La deuda pública ―externa e interna― pasó de $805.2 billones en agosto de 2022 a $1.022 en diciembre de 2024, con intereses que alcanzan niveles de agio para su servicio (más de 11 % para 2025); el Presupuesto General de la Nación de 2025 destina $112 billones para pagarlo, de los cuales la mitad solo cubre el pago de intereses con un déficit fiscal de −8,1 % del PIB.
Para 2025 el incremento de la deuda neta se estima en 4.5 puntos porcentuales más, mientras se acarrea la baja ejecución presupuestal de 2024, de apenas 83.1 %, en la que los gastos de funcionamiento y los compromisos crediticios solo dejaron en el 57 % el porcentaje de la inversión planeada, en el más bajo nivel registrado para este rubro en años. Petro, como sus antecesores, presta para pagar y paga para seguir prestando, lo que Marx llamó la lógica económica del lumpen, a la sazón de Luis Napoleón Bonaparte.
Para cumplirle a los prestamistas, en 2024 se aplazaron pagos billonarios por $7 billones al sector eléctrico, en subsidios y deudas acumuladas en tarifas; por $1 billón a los constructores de vías; por $1 billón a la Agencia Nacional de Tierras; se redujeron en forma drástica los subsidios de vivienda; se dejaron faltantes para el funcionamiento de los demás poderes públicos, el legislativo, el judicial y los organismos de control, se cercenó el presupuesto del ICETEX, entre tanto aumentó los intereses a los estudiantes endeudados y, dentro de la política encaminada a la autofinanciación de las universidades públicas, disminuyó el aporte estatal del 60 % en 2023 al 54 % en 2025. El impago no fue el de los bonos del Tesoro, sino el de los recursos que garantizan mínimo bienestar y derechos a la población, en especial a la más pobre.
Lo de la salud es lo más indignante. La deuda acumulada en el sistema, aunque de vieja data, llegó a $4.4 billones en solo seis meses (de junio a diciembre de 2024). Lo mismo ocurrió con la deuda de hospitales y clínicas. De las 10 EPS intervenidas y manejadas por el Gobierno, esta creció 14 %; es decir, $1.2 billones, de los que la Nueva EPS responde por $800.000 millones. El sistema de salud le cuesta al país $100 billones al año, 20 de los cuales están destinados a medicamentos, de los que en los últimos cinco meses solo se han girado 1,6 a los gestores farmacéuticos, lo que corresponde a un mes, por lo que acumula pasivos de 4 a 5 billones. El “cambio” fue del negocio de la Ley 100 al caos, al colapso a expensas de la vida de la gente, como ya pasó con los 800.000 afiliados al régimen exceptuado del magisterio.
Se suman recortes en inversión social que, según datos del Departamento de Prosperidad Social (DPS), se reduce de 12.9 billones de pesos a algo más de 5 entre 2022-2025. Por ejemplo, la renta joven cayó de $566.097 millones en 2022 a $234.000 en 2024 y los beneficiarios mayores bajaron de 1.8 millones de personas en 2022 a 1.64. Las cacareadas ayudas sociales, la “focalización” de los anteriores gobiernos neoliberales, continúan como lema propagandístico de Petro, vacío, cínico y orientado a la práctica ruin de traficar conciencias.
A contramano, en 2023 el 33 % de la población seguía en estado de pobreza y 31.5 % en vulnerabilidad, con peores números en las áreas rurales. Andrés Bodensiek, reconocido estudioso del tema, ha desmentido las cifras acomodaticias de Petro, demostrando que la población con hambre en junio 2024 era de 18.7 millones de ciudadanos y para noviembre subió a 19.2. En marzo de 2025 el trabajo informal ha sido el principal motor del mínimo descenso del desempleo. De hecho, de los 23,7 millones de trabajadores, el 56 % son informales (13.3 millones). En febrero de 2025, al excluir al sector público ―responsable de una cuarta parte de la generación de empleos para esa fecha―, 4 de cada 5 nuevos puestos de trabajo provino de sectores informales, sin acceso a seguridad social ni garantías laborales. En sectores formales como el financiero, de telecomunicaciones e inmobiliario, se destruyeron 127.000 puestos en el año. El 61.5 % de los asalariados informales ganan menos del salario mínimo, y la mayoría trabajan en agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y en restaurantes y cafeterías. El mundo laboral en los tiempos del petrismo es el reino del rebusque.
Confirma el estado de estancamiento, la composición del llamado mundo empresarial. Las microempresas (hasta 10 empleados) son cerca del 95 % y ocupan 6 de cada 10 trabajadores, de los que 4 de cada 5 son irregulares; las pequeñas, entre 11 y 50 empleados, equivalen al 3.5 %; las medianas, de 50 a 100, al 0.8 % y las grandes, más de 100, al 0.3 %. Las mipymes (empresas micro, pequeñas y medianas) aportan 40.5 % del PIB, generan el 79 % del empleo y 53 % del trabajo formal.
En 2024, la industria nacional seguía siendo débil, limitada a producir bienes de consumo y muy pocos insumos o productos intermedios, enfrentando cada día mayores dificultades para sobrevivir. La formación de empresas disminuyó 12 %, comparado con 2023, en especial de microempresas y de las medianas y el cierre de estas aumentó 31 %, lo que equivale a 209.306 firmas. A tan funesto panorama se suma un incremento del Índice de Precios al Productor, IPP, para el sector industrial de 4.5 %, entre marzo de 2024 y de 2025.
La reforma agraria petrista no arrancó. Una de las principales banderas de Petro, cuyo objetivo inicial era la repartición de 3 millones de hectáreas, se redujo ―como por encanto― a 1.5 millones. Había sumado 494.556 hectáreas al Fondo de Tierras en enero de 2025, pero apenas adjudicó 154.568, el 5.32 % de la meta global. El proceso de compra y entrega de tierras ha estado plagado de escándalos, por incluir predios inservibles, pagos exorbitantes y derroche burocrático.
Lejos de resolverse, se consolida la condición semifeudal de la tenencia de la tierra que en Colombia se mantiene, desde la Independencia, con la mayor concentración (el 0.1 % de las fincas superan las 2.000 hectáreas, ocupan el 60 % de la tierra y el 1 % de los propietarios posee el 46.13 % del área rural). La mayoría de los latifundios son improductivos, dedicados a la ganadería extensiva y los principales géneros agrícolas son tropicales como el café, el banano, la palma de aceite, el cacao y las flores.
Al contrario, los minifundios y tierras de resguardo son poco productivos, carecen de infraestructura, tecnología o acceso a crédito, no se han desarrollado proyectos productivos armónicos ni eficientes y enfrentan la desventajosa competencia de las masivas importaciones subsidiadas que no pagan aranceles, o se gravan con los mínimos, gracias a los TLC, firmados por anteriores gobiernos y el actual, que lejos de renegociarlos como prometió, desdeña las justas peticiones de las nuevas ramas en riesgo como el arroz, la papa, la cebolla y la leche.
En consecuencia, en 2023, la producción nacional agrícola de 73.8 millones de toneladas, enfrentó la importación de alimentos de 13.8 millones, con un costo de 8.838 millones de dólares. También padeció elevados costos de producción. El Índice de Precios al Productor (IPP) presentó un alza de 15.35 % anual. Petro se ha convertido en el verdugo de su cadalso, al mantener el mismo modelo productivo de la apertura de Gaviria y Hommes.
De la arremetida petrista nadie se salva. El crecimiento del PIB pasó del 10.8 % en 2021 a 7.3 % en 2022, al 0.6 % en 2023 y a un escuálido 1.8 % en 2024. El déficit comercial cerró en 2024, debido a importaciones por 64.104 millones de dólares, a un saldo en rojo acumulado de 10.811, equivalentes a más de 40 billones de pesos de desbalance. Es el resultado de una estructura económica ajustada para profundizar la subordinación y la dependencia neocoloniales del imperialismo estadounidense, prorrogada en los tiempos del petrismo. Las limitaciones al progreso nacional, fuera de la pobreza, el desempleo y la informalidad, se expresan en la pérdida del mercado y de la acumulación interna de capital, el saqueo de la riqueza y el quebranto de la autonomía y del control en estructuras básicas de la vida del país.
Colombia, enclave estadounidense
La dependencia secular del país a los designios de la superpotencia desde hace décadas incluye el campo militar. El último reporte del Departamento de Estado informa que desde 2017 hasta 2023, proporcionó $278 millones de dólares en Financiamiento Militar Extranjero (FME) para fortalecer sus capacidades de defensa e impulsar la seguridad regional, mejorar la interoperabilidad conjunta de acuerdo con las normas de la OTAN, al tiempo que con “Colombia disfrutan de una asociación comercial de defensa que promueve la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos” y “ha sido vital para promover la estabilidad y seguridad regionales”.
Dentro de esa sumisión, el Gobierno de Petro avanza en la instalación de bases militares conjuntas en Gorgona y Leticia. La llamada “asistencia” ha sido integral. Para el Plan Colombia, los recursos aportados por Estados Unidos alcanzaron a 3.782 millones de dólares. Asimismo, según los datos que suministra el portal Foreign Affairs del Gobierno norteamericano, entre el 2006 y 2019 la asistencia estadounidense en paz y seguridad llegó a 23.778,8 millones de dólares y en el transcurso del mandato petrista va en 600 millones de dólares. No hubo aquí cambio alguno.
Con la pretensión de solucionar el conflicto, se denominó a Colombia “potencia de la vida” y se declaró la “paz total” como el guion que incluiría, fuera de los grupos parapetados en endebles proclamas ideológicas con las que justifican la extorsión, el secuestro, el narcotráfico y otras acciones criminales, a todos los grupos del hampa criolla cuyo fin es el delito. Hoy campean en centenares de municipios y decenas de departamentos mientras cojean las mesas de negociación.
Según reportan varias ONG, esos grupos están en un proceso continuo de avance territorial. Las EMC ―disidencias de las FARC―, en 300 municipios; el Clan del Golfo, en 316 municipios de 24 departamentos; el ELN, en 231 municipios de 20 departamentos y en 8 estados de Venezuela; y la Segunda Marquetalia, en 41 municipios y 7 departamentos. En el limbo quedaron los procesos con bandas como Los Rastrojos, Espartanos, Shottas y demás. Los asesinatos de líderes sociales entre 2020 y 2024 llegaron a 1.026, de los cuales 361 ocurrieron en los dos últimos años. En 2024 se verificaron 72 masacres con 252 muertos, 33 firmantes de paz y 29 defensores del pueblo, 43 líderes comunales y 25 guardianes de medio ambiente fueron asesinados y 261 niños reclutados. La violencia recurrente borró las pausas vividas por los acuerdos de paz anteriores con el M-19 y varias guerrillas afines, las Farc o los paramilitares.
En Catatumbo, la crisis humanitaria, utilizada de refilón por el Gobierno de Petro para delinear una nueva reforma tributaria, tiene confinada a la población. Se han desplazado al menos 53.361 personas y hasta hoy se registran 52 homicidios. La disputa por el territorio, las personas confinadas y la parálisis económica, política y social, también tiene lugar, entre otras, en Cauca, Chocó, Nariño, sur de Bolívar, Putumayo y Vichada. Mientras tanto, la economía cocalera crece a 253.000 hectáreas, con una producción potencial de cocaína de 2.664 toneladas y un incremento del 53 % en el año pasado.
De ñapa, a esta atomización territorial ―que hace tambalear nuestra integridad y pone en riesgo el rol clave del Estado para su protección― la acompaña la ley aprobada con el respaldo del Gobierno que, al elevar el porcentaje de las transferencias para municipios y departamentos en pro de la autonomía regional les descargará nuevas competencias en áreas básicas como la educación o la infraestructura con lo que se obstaculiza un proyecto de orden nacional que los unifique. Todo conduce a la fragmentación del país y al “sálvese quien pueda”.
Después de tres años de presidencia de Petro, no se han aminorado las contradicciones de Colombia con el imperialismo, manifestadas en relaciones de dominación del país más poderoso del mundo con una nación débil, gobernada por una burguesía colaboracionista hace más de un siglo. En las políticas aplicadas en el trienio ya transcurrido no ha habido solución de continuidad, sino una ampliación del predominio de Estados Unidos, pese a la retórica presidencial o a que haya una burocracia emergente que se reclama de “izquierda” o “popular”.
No solo siguen vigentes los contrafuertes de la política norteamericana hacia Colombia sino que, antes bien, se vigorizaron: el TLC; la política antidrogas, cuyo mote de “holística” implicó retomar la aspersión de glifosato; las petrorreformas, inspiradas en criterios del Banco Mundial y la OCDE y avaladas por el FMI y por funcionarios de departamentos del Gobierno estadounidense; la omnipresencia de agencias como USAID, que “asistía” al Gobierno Petro en la reforma rural, las políticas de “inclusión” con mujeres, etnias y minorías, la paz, la justicia, la salud, el ambiente, la educación, la política cultural y la injerencia del Comando Sur en todos los asuntos concernientes y la orientación del aparato militar.
Corresponde al execrable intervencionismo de potencias que compiten con otras, en la fase capitalista del monopolio financiero, someter a las neocolonias a fin de ampliar el mercado para los excedentes de mercancías y de capitales. Colombia es una prueba de ese control económico y político. En la mitad de los sectores económicos prevalecen, como monopolio u oligopolios, empresas multinacionales; el mercado de manufacturas y el de cereales y oleaginosas y de diferentes géneros agrícolas se proveen, en gran medida, de bienes importados; tres de cada cinco dólares exportados son materias primas; la deuda pública supera 60 % del PIB, y la inversión extranjera, en todas las modalidades, rodea los 450.000 millones de dólares, de los que dos de cada cinco están originados en Estados Unidos. Todos estos factores que hacen de Colombia una nación deudora, afluente de las economías más potentes, aumentaron en la gestión del Gobierno petrista.
En tan ominosas condiciones de sujeción llega el “Gran Garrote” de Donald Trump y, a la fecha, fuera del arrebato mañanero por ciertas condiciones de deportación de algunos nacionales, las señales de Petro son de acomodarse al nuevo gobernante. En enero, se apresuró a mandar a miembros del gabinete a Washington a presentar a las transnacionales norteamericanas un portafolio de inversión por 40 mil millones de dólares para transporte, energía y el tema ambiental y, en reuniones con altos funcionarios, ratificó, por encima de consejas y versiones encontradas, la búsqueda de “alianzas estratégicas para enfrentar desafíos comunes y garantizar un futuro más seguro para ambas naciones”, como dice la declaración conjunta. La línea es dictada por el Embajador de Colombia en Estados Unidos y amigo de Petro, Daniel García-Peña: “sacar provecho” de las directrices sean las que sean.
A Petro, en fin, le calzan las palabras de Francisco Mosquera dichas en 1991: “Durante decenios los mandatarios colombianos han venido, de una parte, diluyendo el apoyo a la actividad productiva de los estratos empresariales y, de la otra, buscando arrebatarles a las masas laboriosas los contados derechos y conquistas obtenidas en su incesante batallar. Conforme a sus escrúpulos, astucias u oportunidades, los gobiernos han corrido con mayor o menor suerte en semejante propósito. Pero el actual batió todas las marcas”. En su caso se ha servido, sobre todo de la astucia, de su capacidad de trapacería.
Por una nueva democracia, resistencia civil y unidad combativa
En el remate del Gobierno Petro y, con base en el balance anterior, debe insistirse en que, para salir del recóndito abismo en el que se ha caído, urge levantar, más que nunca, las auténticas banderas de la soberanía, la democracia y el bienestar del pueblo. Debe aprovecharse el debate electoral que se aproxima para elevar la conciencia nacional, en particular de aquellos emboscados por la celada del petrismo, fortalecida por la socavación ideológica de pretendidos partidos y movimientos de “izquierda”, o por quienes solo hacen la crítica “tibia” de las formas o de aspectos adjetivos y dejan de lado su parte esencial: la trayectoria al servicio de las políticas imperialistas y la naturaleza progringa de la Presidencia de Colombia, como ha explicado el Periódico SOBERANÍA desde su primera edición, y que los hechos confirman.
Esa naturaleza es la que ha permitido a los oficiales norteamericanos hacer y deshacer desde el 7 de agosto de 2022, impulsar la “agenda colectiva” con Biden, con la entonces general Laura Richardson y con los procónsules Palmieri y McNamara, siempre en persecución de coincidencias y de buenos oficios para la Casa Blanca, de ser útil y hasta de ser “canciller de Biden”, según lo graduó el más ramplón de sus secuaces, Armando Benedetti.
Las expectativas de Estados Unidos con Petro han sido superadas, van más allá de las metas trazadas en el derrotero neocolonial para estos años, que abarcaba, en primer término, el adormecimiento de amplios sectores sociales, de anular la capacidad de movilización, de cooptar sus organizaciones, de desvirtuar el pensamiento de izquierda hasta renegar de él, como lo hiciera por todos los canales de televisión el 5 de febrero, de deformar sus valores reales, de alterar y envilecer la historia y hasta la filosofía. Fue más allá, con la paulatina erosión de la producción y del patrimonio nacionales, el desmembramiento del territorio patrio y con la permitida corruptela, como salario de la traición.
La pantomima de Petro vende sus políticas como logros históricos con los que dice emular las adaptaciones a la “modernización” que exigían los potentados de Wall Street para afinar la explotación y multiplicar la ganancias, tal como acaeció con López Pumarejo, y en simultánea, reivindica el foquismo y la fallida violencia anarquista de asesinatos selectivos, secuestros y chantajes, todo lo cual adorna con un aire paternal de “enviado del pueblo”, del marginal, del trabajador y del pobre, para despojarlos de su única posesión verdadera, su capacidad de lucha. El objetivo es apaciguar y anular la resistencia organizada y masiva. ¡Para qué luchar, si ahí está Petro, el redentor!
A contramano, Colombia Soberana invoca a la resistencia civil general como la táctica para reversar tan indignante estado de debilidad frente a los designios extranjeros, causa principal de los males que padece la nación. No es ni la “polarización”, ni la falta de educación, ni la hedionda corrupción, ni las secuelas de la descomposición. Estos no son más que los efectos y no los motivos del sufrimiento de millones.
Exponer los innumerables deterioros sin combatir las razones que los ocasionan, ha sido el truco politiquero eterno, repetido cada cuatro años. Es la tradicional práctica reaccionaria que algunos precandidatos ya esbozan para 2026, así la presenten con buenos modales y en tono suave, más ladina aún para obnubilar la conciencia social. La línea divisoria entre la política honesta y la politiquería, cualquiera sea su tipo, pasa por manifestar sin ambages las causas de la opresión nacional.
La condición neocolonial y semifeudal, derivada del predominio extranjero en todos los órdenes, determina la naturaleza antidemocrática del Estado y es el sustento del monopolio político y cultural sobre la nación. De ahí que la primera e indispensable solución es conquistar un Estado soberano, erradicar la interferencia de cualquier poder foráneo en sus destinos y reemplazar las relaciones de subordinación por otras en pie de igualdad, en aras de establecer relaciones de beneficio recíproco con la comunidad internacional. En contravía de las tablas de la ley contemporáneas, el nacionalismo consecuente es la base de la estrategia central que una organización patriótica debe proponerle a todas las clases, ahora y en el futuro, hasta que se concrete la plena autodeterminación. Toda iniciativa política que no tenga ese propósito no dejará de ser otra estafa igual o aún mayor que la de Petro; en últimas, será más demagogia con nuevos envoltorios.
En esta transformación histórica, urge la participación de la inmensa mayoría de compatriotas y bajo una correcta dirección política compartida, no solo por obreros y campesinos, sino por estudiantes y jóvenes, intelectuales, profesionales independientes y artistas, indígenas, minorías de toda índole, desempleados e informales, que constituyen las fuerzas principales, también por el pequeño y mediano empresariado y por capas del capitalismo nacional sin vínculos estrechos con el capital extranjero, que ―en ciertos momentos y hasta determinados puntos― entren en contradicción con el saqueo imperialista y colaboren con la implantación de una Nueva Democracia. Se trata de la construcción de la más amplia alianza que abarque e interprete los derechos e intereses del noventa por ciento o más de la población colombiana.
La economía de esa Nueva Democracia fue definida por Francisco Mosquera: “El capitalismo de un país, en especial un capitalismo en ciernes como el colombiano, no logra desenvolverse y prosperar si no controla y protege su propio mercado, y para ello es cláusula forzosa la salvaguarda de los linderos y garantías nacionales, lo que no es posible sin la independencia y hegemonía del Estado”. Desarrollar un sistema nacional de economía política que, a partir del fomento del ahorro nacional, eleve al más alto nivel las energías productivas.
El progreso que debe desatarse demanda la instauración de una política de Nueva Democracia, garante de los intereses nacionales, que asegure los derechos fundamentales para una vida próspera y digna, y, como se advirtió, con relaciones igualitarias y de respeto con todos los países. Es el establecimiento del poder efectivo de las clases unificadas, con los respectivos instrumentos que las representen y protejan, en un Gobierno que haga cumplir la voluntad plasmada en los puntos centrales del programa que orienta hacia una nueva sociedad.
También debe haber una cultura de Nueva Democracia, que es reflejo de la nueva economía y del nuevo sistema político. Es decir, es la cultura que contiene la ideología fundada en la soberanía, que propende por el progreso real de la sociedad y que se alinea con el bienestar del pueblo, en contraposición a la que ha predominado, acallando las voces de la gran mayoría de los colombianos afectados. Sus ideas y expresiones se harán escuchar y se difundirán.
En la Nueva Democracia se aplicará la máxima de Marx y Engels, referida a la cultura dominante: “en cuanto dominan como clase y en cuanto determinan todo el ámbito de una época histórica, se comprende que lo hagan en toda su extensión y, por tanto, entre otras cosas, también como pensadores, como productores de ideas, que regulen la producción y la distribución de ideas de su tiempo; y que sus ideas sean, por ello mismo, las ideas dominantes de la época”.
Los prolegómenos de la Nueva Democracia están en curso. Se dan protestas por doquier, los obreros, los agricultores y campesinos, los sectores poblacionales y minorías, las mujeres, los estudiantes, intelectuales, artistas y profesionales y los empresarios de distintas capas se ponen en pie de diversas maneras cuando se ven perjudicados por las políticas corrosivas a favor del capital internacional y en desmedro de sus intereses. Hay numerosas organizaciones gremiales que aún defienden su autonomía, así como otras donde, a pesar de las desacertadas dirigencias, las bases comprenden el entrampamiento y surgen dirigentes políticos y sociales que añoran un país independiente y justo. Todos ellos pueden constituir la gran unidad por la Nueva Democracia.
En las difíciles horas que atravesamos, en las que el rumbo con el Gobierno de Petro va en sentido contrario, se conspira contra la independencia de las instituciones y de los medios públicos y contra toda disensión, se siembra la confusión en vastos sectores de la población, se apuntala a los grandes grupos económicos preponderantes, se ceba a las banderías políticas tradicionales y se continúa el saqueo de Colombia, afloran el desfallecimiento y las vacilaciones, que llegan a disparates de ingenuidad como proponer el castigo a Trump por las arbitrarias imposiciones al comercio, acudiendo a cláusulas del inicuo TLC o a las leoninas normas de la OMC.
Con la presentación de los que consideramos puntos esenciales para sentar las bases hacia la edificación de un país más próspero, independiente y justo, en esta edición № 5 del Periódico SOBERANÍA, Colombia Soberana propone un programa para iniciar conversaciones y concretar acuerdos con quienes de manera auténtica decidan emprender el camino de la Nueva Democracia como hoja de ruta central hacia la emancipación. Nos anima en esta tarea, a pesar de las adversidades en el ámbito interno e internacional, la enseñanza visionaria de Francisco Mosquera: “Mientras más oscura esté la noche, más cercano estará el amanecer”.
