Más allá de los embelecos populistas y los discursos pacifistas para engañar a los desprevenidos y con los cuales se pretende amarrar el accionar cultural independiente y soberano de nuestros artistas, la política oficial del sector sigue su curso continuista y, al igual que en los demás casos de las llamadas “reformas”, no solo profundiza la dependencia nacional sino carece de los presupuestos necesarios para su ejecución.
El Presupuesto General de la Nación (PGN) es un indicador de las prioridades de los gobiernos y sus énfasis económicos, políticos, sociales y culturales. Para el 2024, prácticamente una quinta parte ($94,5 billones) del presupuesto, como es consuetudinario, estará destinado al servicio de la deuda. Lo asignado a la llamada “cultura” continuará siendo un renglón de tercer orden, caracterizado por montos mínimos, que no garantizan el quehacer artístico, la protección y estabilidad de lo existente, el resguardo del patrimonio material e inmaterial, la aparición o el fortalecimiento de nuevos proyectos, y, mucho menos, las condiciones mínimas para la creación, la subsistencia y el bienestar de los artistas.
El PGN del 2024 ($502.596.833.224.189), aprobado en la Cámara de Representantes, al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, nuevo y rimbombante nombre que no cambia nada de fondo, destina $1.346.138.425.402 y al de Ciencia $397.875.451.073. Omitiendo el absoluto desinterés por la labor científica e investigativa, indispensable para profundizar las bases del desarrollo independiente y la innovación de cualquier país moderno, el porcentaje dedicado a cultura, representa un precario 0.27 % del total. Si bien es cierto que hubo un incremento en el presupuesto del Ministerio, este no se acerca ni remotamente al 2 % del PGN, mínimo indispensable recomendado por la Unesco, y reivindicación reiterada del sector.
Como es de perogrullo, un porcentaje apreciable de los dineros se destina al funcionamiento ($437 millones; alrededor del 30 %). Lo restante estará dedicado a inversión, la mayoría en proyectos cooptados de manera ideológica y política, o a embarcar a los artistas y comunidades en lo que los economistas llaman “empresas y emprendedores improductivos” porque crean poco valor y pocos, o ningún puesto de trabajo. En otras palabras, lo que en la jerga común se llama “rebusque”, que con los reiterados cambios semánticos con los que pretenden encantar incautos o engañar abiertamente, vienen definiendo, ya desde anteriores administraciones, como emprendimientos autosostenibles.
Desde el inicio del autodenominado “gobierno del cambio”, y con el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 (PND), lo sustancial y estructural de la política cultural, trazado desde la aparición de la denominada “Economía Naranja” (EN) de Duque, se mantiene e incluso se refuerza, eso sí, haciendo piruetas lingüísticas, denominándola economía multicolor o economía cultural o popular. El Plan dejó abierta la puerta para enajenar el patrimonio nacional cultural y establece que el Estado podrá ceder sus derechos, sin que constituya daño patrimonial, en proyectos de investigación, ciencia, tecnología e innovación adelantados con recursos públicos; cambia el nombre de la áreas de Desarrollo Naranja por Territorias Culturales, Creativos y de los Saberes (TCCS), manteniendo incólume la esencia de su carácter privatizador del patrimonio material; creó el Consejo Nacional de Economías Culturales y Creativas ―antes Consejo Nacional de Economía Naranja (el hábito no cambia al monje)―, para “facilitar lineamietos de la política cultural” y promover el “fortalecimiento” de “instituciones públicas, privadas, mixtas y populares de los procesos creativos del sector”, fuera de garantizar a los “agentes del sector artístico” para “circular, articular y generar proyectos de la economía cultural o creativa” (verbo y gracia, Economía Naranja donde se fortalece el control empresarial de la cultura o se promueven “empresas auto-sostenibles” o proveedoras de mano de obra barata artística); y circunscribe la inversión a proyectos enmarcados alrededor del etéreo y condicionado concepto oficial de la paz, desconociendo que la raiz de la problemática cultural es la dependencia y la falta de soberanía, más allá de valores universales como la “paz” o la “vida”, que todos, no solo deseamos, sino defendemos.
Tras el interín de una Ministra decapitada, con más pena que gloria, y un periodo sin nombramiento oficial de reemplazo pero con continuidad de la política cultural que se venía promoviendo, llega el nuevo Ministro Juan David Correa, que cimienta la continuidad de las políticas anteriores ―eso sí, aumentando al menos en 300 cargos una burocracia pandémica que en todos los sectores crece de manera exponencial― y “define” las estrategias para ejecutar los proyectos de la institución. Su simple enumeración, ya reitera lo que venimos diciendo: infraestructuras culturales para la vida; “economía popular” (ergo sostenibilidad y rebusque); “saberes y territorios bioculturales” (implantación del manejo de la política “verde” avalada por Estados Unidos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE); cultura de paz (limitando así la independencia, la diversidad, la multiplicidad y la posibilidad de proyectos que no respondan a las conveniencias ideológicas y los intereses específicos del gobierno); cultura colombiana en el mundo; formación artística y cultural, pero donde se invertirá “buena parte de los recursos” al programa “sonidos para la construcción de paz” y “otros” para 1200 colegios (nos queda, fuera de reiterar el problema de circunscribir los programas al concepto “oficial” de paz, si el ministerio piensa que en el término “cultura”, sin disminuir su valor e importancia, solo se considera a la música, por ende, excluyendo, o minimizando, los demás sectores como, literatura, danza, plástica, teatro, audiovisuales y demás).
Los demagógicos y manipulados conceptos de la cultura alcanzan límites grotescos cuando, en nombre de la “memoria histórica”, el Ministro monta espectáculos vergonzantes como la “celebración del rescate de la espada de Bolívar”. Memoria histórica que desconoce los actos de violencia, hurto, asesinatos, secuestros y la toma del Palacio de Justicia que desencadenó una masacre, por los que se caracterizó una guerrilla aislada de las masas y del momento histórico del desarrollo de las luchas del pueblo. Como es habitual en el accionar de este gobierno, todo se tergiversa y se “cambia”, justificado en conceptos transformistas “históricos” y en proclamas vacías de una “paz” que se asemeja a la de los eunucos en el serrallo y a la cual pretenden amarrar cualquier expresión cultural.
Las amañadas proclamas de cambio o de defensa del patrimonio, tampoco se reflejan (sino, al contrario) en el manejo del rescate del Galeón San José, sobre el cual nos extendemos debido a su relevancia y ejemplo del criterio de la “defensa patrimonial” oficial. Como lo documentó hasta en el mínimo detalle Juan Guillermo Martin, en su artículo publicado en el diario El Espectador el 31 de diciembre, “Posible Intervención Ilegal al Galeón San José”: ¿a un paso de la impunidad total?” se han realizado inexplicables movimientos y remociones por posible extracción de caza tesoros que han intervenido, todo lo cual termina siendo finalmente avalado por el gobierno. Desde el 2013 se le adjudicó un acuerdo de exploración y posible extracción, con sus derechos y sin licitación alguna a la Maritime Archaelogy Consultants Switzerland AG (MAC), empresa que hace parte de una operación global a cargo de Ocean Infinity Group Ltd. “que ayuda a millonarios a encontrar ‘ingeniosos refugios’ para su capital y el almacenamiento húmedo (translado de extracciones a un lugar donde no pueda ser detectados)”. “MAC contrató al cubano-americano Roger Dooley, un saqueador de pecios que ha hecho su fortuna trabajando con empresas que trafican con patrimonio cultural sumergido”. Santos lo “graduó” como arqueólogo y lo presentó como especialista. “Tanto es su poder que consiguió que se reuniera con el Presidente Gustavo Petro buscando retomar el plan original que se viene reviviendo desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), con el apoyo de la armada”.
En 2020 Duque declaró el naufragio de interés cultural, pero han ocultado importantes detalles y se ignoraron las posibles intervenciones ilegales a manos de la MAC y las pruebas entregadas al portal del ministerio, ante las cuales se presentó denuncia que no ha prosperado de la Veeduría para el control Social del Patrimonio Cultural Sumergido, en cabeza de Francisco Muñoz.
Ignorando el material fotográfico probatorio subido oportunamente al portal del ministerio y analizado por expertos que demuestra las extracciones y movimientos ilegales,“Sorpresivamente funcionarios del ICANH, Ministerio de Cultura, la Armada y la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, sin pruebas técnicas, han insistido en la integridad del contexto arqueológico”. “El hecho de querer adelantar una extracción parcial del objeto, sin un propósito científico claro y sin contar con un laboratorio de conservación, como lo demuestra el pobre plan del manejo arqueológico que acaba de ser divulgado por el ICANH, sugeriría que es una estrategia para borrar evidencias y evitarle a los implicados, que ahora posan de asesores del gobierno, de enfrentar en los tribunales las serias denuncias en su contra”. Las numerosas irregularidades alrededor del Galeón San José han sido oportunamente denunciadas, pero los poderosos intereses detrás de este galeón, han conseguido superar tres gobiernos consecutivos”.
Parte fundamental de la cultura de un país es la garantía de independencia, democracia y pluralidad, no sólo de sus políticas sino de los medios públicos que maneja, aun más en una nación como la nuestra, donde la información está controlada por grandes empresas que a su vez siguen las directrices y lineamientos de los monopolios mundiales y los gobiernos a quienes les pertenecen. Ello implica claridad y reglas de control a esas multinacionales que, sin cortapisas, dominan el manejo del espectro electromagnético nacional y lo utilizan para la promoción de sus intereses comerciales, políticos e ideológicos. Los medios públicos deben ser parte no sólo de la cultura, sino de la información independiente y plural, y no se pueden convertir en plataformas propagandísticas del gobierno de turno. Allí debe existir una transparencia absoluta de independencia, democracia y pluralidad. La “inclusión” de reivindicaciones históricas de la sociedad y sus diferentes sectores poblacionales no puede convertirse en la promoción del interesado y egoísta concepto de ellas, del cual se han apropiado las compañías y los estados poderosos, para tergiversarlas y ponerlas a su servicio, mientras las convierten en proclamas inocuas. Noticieros “oficiales”, al servicio del gobierno de turno y la promoción de sus políticas, o periódicos “oficiales” impresos, como el anunciado “Vida”, a expensas del erario público (con una proyección de 500.000 ejemplares y para el cual se firmó un contrato de $653 millones para su distribución con servicios postales 4-72), desvirtúan la independencia de los medios y, lejos de ser democráticos, se convierten en herramienta de imposición de posiciones ideológicas y políticas del gobernante de turno. Bien se podría, con los mismos recursos, promover la divulgación pública en los canales oficiales y la impresión y difusión del trabajo y los aportes culturales, artísticos, científicos e intelectuales de aquellos que nunca han contado con posibilidad de compartir sus trabajos que enriquecen y diversifican el espectro cultural de un país soberano. Y bien se haría en poner reglas claras, tasar a las multinacionales, limitar su control sobre la información, la cultura y el entretenimiento, en vez de continuar garantizándoles gabelas tributarias y darles la libertad absoluta para que decidan qué se ve, cuando y como se ve, o definiendo lo que según sus intereses es de calidad o valioso, mientras se les brinda el trabajo de los profesionales y artistas a nacionales a bajo precio, tercerizados e imposibilitados para hacer propuestas propias.
Ante el continuismo petrista y los condicionamientos populistas y antidemocráticos de la política cultural oficial, la necesidad absoluta es fortalecer nuestras organizaciones culturales, artísticas y científicas, y que ellas, de forma democrática, independiente y autónoma, hagan una estricta veeduría de las políticas culturales nacionales, regionales y territoriales y de los recursos a ellas dedicados. Con esa unidad y fuerza conjunta, el sector artístico y cultural y todos aquellos involucrados en su cadena de producción, así como la sociedad en su conjunto, serán capaces de garantizar una cultura soberana, independiente, inclusiva y democrática que esté al servicio de nuestra gente, de nuestro país y, ¿por qué no?, de la humanidad en su conjunto.
