El gobierno de Petro decidió suspender la explotación y exploración de petróleo, gas y carbón a pesar de que juntos representan 68 % de la matriz energética de Colombia [Plan Energético Nacional (PEN) 2020-2050]. Más del 50 % de las rentas nacionales provienen del sector minero energético. Además, la industria petrolera representa 40 % de las exportaciones totales y entre 12 % y 15 % de los ingresos corrientes de la nación (López A, 2022).
En cuanto al gas, suple 15 % del consumo energético nacional, siendo el cuarto energético con mayor participación después del diésel, la gasolina y la electricidad. 67 % del total de los hogares cuentan con gas natural (Portafolio, 2/octubre/2022) y de suspenderse su exploración, no quedaría más remedio que importarlo más caro, a pesar de ser la opción más viable para reemplazar la leña y los desechos que usan al menos 1.691.000 hogares en el país para cocinar (Unidad de Planeación Minero Energético, Upme, 2023). En lo que respecta al carbón, es el segundo producto colombiano de exportación (Bustamante, et al., 2021), 30 % de las industrias nacionales dependen de este (transforma.global.com) y en departamentos como Cesar y La Guajira, representa 40 % de la economía local (El País, 20/marzo/2023).
Así, la suspensión de los contratos de exploración y explotación de petróleo, gas y carbón sacrifica puntos de crecimiento económico en un país cuyo PIB se estancó; el coeficiente GINI, que mide la desigualdad, se mantuvo en 0,54 (Wisevoter, enero/2024) ―el séptimo más alto del mundo― y en el que 30 % de los colombianos padecen algún tipo de inseguridad alimentaria (Portafolio, julio/2023).
En la práctica, Petro puso en riesgo la soberanía energética del país a cambio de beneficios ecológicos casi nulos, pues si la demanda internacional de energía fósil continúa ―y todo indica que así será―, otras naciones estarán dispuestas a suplirla, llevándose las divisas que dejamos de percibir y generando iguales niveles de contaminación (Rodríguez, M. 2023).
Por si fuera poco, el gobierno del “cambio” incrementó de manera escalonada el precio del galón de gasolina ―tal como lo dictó el Fondo Monetario Internacional (FMI)―. Igual que sus antecesores, Petro ―posando de líder de izquierda― aplica al pie de la letra las “recomendaciones” de ajuste fiscal del FMI, aunque ello implique castigar la capacidad adquisitiva de los hogares colombianos y empeorar la calidad de vida de estos.
En el caso del Parque Nacional Natural Gorgona, siguiendo el camino genuflexo a los intereses foráneos, Petro se pronunció respaldando el proyecto militar gringo. Está claro que no le importa desperdiciar algo de su capital político con las comunidades del litoral pacífico y los ambientalistas, dadas los claros impactos ambientales destructivos de este proyecto, con tal de seguir siendo el alumno juicioso que siempre cumple a pie juntillas las órdenes impartidas desde Washington.
Petro ha sido la ficha clave para garantizar la continuidad del sometimiento de Colombia a los Estados Unidos. Llegó a la Presidencia en tiempos de agitación social, por lo que tuvo que presentarse ante los colombianos como el adalid del cambio para apaciguar a la población y que en Washington respiraran tranquilos. Como parte del engaño, se dedicó a darle un cariz ecologista, verde, cuando no “ancestral”, a ideas reaccionarias y en contra del interés nacional.
El actual inquilino de la Casa de Nariño aprovecha cualquier escenario internacional para hacer demagogia climática con discursos llenos de argumentos efectistas y vacíos, generando expectativas no realistas, como la descarbonización total de la economía para el 2050. Su discurso omite puntos determinantes del debate ecológico; primero, que el principal origen de la economía “verde” es la necesidad de invertir los excesos de capital financiero mundial donde “por cada dólar de producción anual de bienes y servicios hay casi diez de activos especulativos” (Suárez, A. 2021); que las inversiones en el sector están al servicio del capital financiero y los grandes monopolios; que las explotaciones minerales e industriales para el reemplazo energético poco tienen de “verdes” y que, teniendo como prioridad multiplicar sus beneficios pecuniarios, son controladas por ellos mismos.
Sin duda, la crisis climática es una preocupante realidad, pero las soluciones y proclamas del norte global ocultan a los principales responsables, equiparando el impacto ambiental de los países subdesarrollados al de los industrializados, trasladándoles los costos e imponiendo medidas restrictivas para su desarrollo independiente. Aprovechándose de los justos reclamos y angustias mundiales, incorporan la debacle ecológica dentro de su agenda reformista, mientras desvirtúan las causas y responsables reales.
Es, el de Petro, un ecologismo anticientífico que nos condena a mantenernos en el tercer mundo (el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se redujo 17,9 % con respecto al año anterior). A menudo ha criticado a la ciencia, a la que no pocas veces ha tachado de hegemónica y patriarcal, pero no al neoliberalismo ni al papel dominante de algunos países sobre otros. Se trata de una ecología del sometimiento. Desde Soberanía invitamos a derrotar tan atrasadas concepciones, mediante un debate profundo, basado en el método científico, en el marco de la Resistencia Civil y la búsqueda de una verdadera política ambiental con soberanía nacional.