Comunicado Público
Colombia Soberana, movimiento comprometido con el mejoramiento de los medios de vida, el desarrollo de las fuerzas productivas de Colombia y declarado en oposición y resistencia civil al actual gobierno, manifiesta su rechazo al alza de la gasolina y el ACPM implementados por Gustavo Petro, Ricardo Bonilla y José Antonio Ocampo, quienes obedecen, sumisos, las órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
El sometimiento del presidente Gustavo Petro a las exigencias del FMI y el BM, se explica por su afán de encauzar las finanzas públicas hacia el objetivo de dar cumplimiento al pago oportuno del servicio de la deuda, que hoy sobrepasa los $800 billones. El precio de la gasolina que en octubre de 2022 era de $9.180 se ha incrementado hasta los $13.964, un 47%, o sea, cuatro veces la inflación.
Para lograr el aumento en el precio de los combustibles más grande de la historia nacional, Petro aplicó con un rigor inédito la fórmula desarrollada por Pastrana, Uribe y Santos para la privatización de Ecopetrol, propuesta (o mejor, impuesta) por la “misión” del FMI en 1998 que nos obliga a pagar el combustible de acuerdo con la cotización internacional del petróleo y no por lo que cuesta producirlo en Colombia. Sobre ese valor (y los que se pagan al resto de la cadena) recae además una sinnúmero de impuestos nacionales y locales que terminan construyendo la cuarta parte del precio final, y que el reciente “Country Climate and Developement Report” del Banco Mundial para Colombia, recibido con beneplácito por el gobierno, pide incrementar aún más.
Con esa medida, el único ganador es el capital financiero, dueño de las acciones privadas de Ecopetrol y beneficiario de las “utilidades” destinadas a “cubrir el déficit”. El gobierno de Gustavo Petro cumple su papel de “deudor viable” haciendo, en la práctica, una reforma tributaria con cada alza del precio del galón. Los perdedores son los hogares y las empresas a quienes, cuando el diésel y la gasolina lleguen a los $15.500, se les habrá extraído $70 billones de pesos, tal y como lo anunció el ministro Ricardo Bonilla, quien además anunció que incrementará el ACPM después de las elecciones.
Por lo tanto, nos unimos al justo reclamo de los trabajadores y los empresarios del transporte, de sus pasajeros, de los usuarios de motos y carros particulares, de los sectores económicos rurales y urbanos que utilizan estos combustibles y de los demás sectores sociales que se van a movilizar para frenar esta política neoliberal y entreguista de nuestra soberanía económica, que encarece el transporte y los alimentos, así como muchos bienes de primera necesidad, generando quiebras, más inflación y pobreza.
Colombia Soberana hace un llamado a todos sus simpatizantes y amigos a participar activamente en la movilización pacífica del 28 de agosto, en todas las ciudades del país, y sumarnos a las voces que exigen la autodeterminación en la política de combustibles, trascendental para la prosperidad y el desarrollo nacional.
