La corrupción estructural, lejos de obedecer exclusivamente a condiciones nacionales, se origina en la relación que Colombia tiene con el resto del mundo. No es un secreto que para mantener al país en un estado de cosas que permita el saqueo sinigual al que ha sido sometido por parte de poderosos intereses foráneos, especialmente de los Estados Unidos y los países de su órbita, se requiere de una clase política servil y genuflexa que anteponga los intereses extranjeros a los nacionales.
Con ese propósito, el imperialismo norteamericano y sus lacayos, han hecho de la corrupción estructural un aspecto clave de su modus operandi, tanto para el manejo de sus asuntos internos, como para controlar a países como Colombia, sin incurrir en los costos que acarrean las ocupaciones militares. A partir de un arreglo corrupto de carácter sistémico, la élite gobernante entrega el manejo geopolítico y macroeconómico del país a organismos internacionales como la OTAN, el FMI, la OCDE, el Banco Mundial o el BID y demás organizaciones que representan intereses ajenos a los de Colombia, a cambio del manejo discrecional de una parte de los recursos públicos siempre que no controviertan los asuntos centrales de la agenda nacional.
En otras palabras, el pacto corrupto estructural consiste en que gobiernos serviles sigan en una espiral de endeudamiento que hace del capital financiero internacional, y no del ahorro nacional, su principal variable. Así, podrán hacerse a un porcentaje de los recursos públicos con un doble propósito, robárselos para su propio beneficio y corromper a la población que los elige para que acepten la aplicación de políticas contrarias a su bienestar. He allí la causa principal de la corrupción en Colombia.
El gobierno del ¿“cambio”?
Como lo ha señalado el periódico SOBERANÍA en sus editoriales, el gobierno de Petro se camufla en las banderas de la izquierda para esconder sus políticas de continuismo neoliberal: «La confusión que siembra y la apropiación abusiva de las luchas y de las consignas de la inanición y desesperación de amplias capas sociales, en nombre del “cambio”, le otorgan las credenciales para empujar la agenda de reformas, sujetas todas a las directrices de los organismos internacionales, para ahondar la recolonización» (Editorial Soberanía № 2).
El “cambio” que en realidad es el ajuste y profundización de los lineamientos trazados por Washington, se convirtió en bandera obligatoria del discurso político, para controlar la explosión del volcán, que significó la insurrección popular con los levantamientos del 2019 y 2021. Para ello, las clases dominantes tradicionales y el mismo imperialismo, se vieron obligados a recurrir al sector que más podía confundir y apaciguar las aguas. Así accede al poder Gustavo Petro, proveniente del M-19, organización que Francisco Mosquera definió como una patulea, un sector clientelista de politiqueros populistas, sin principios y profundamente oportunistas, pero útiles para montar la gran tramoya del engaño a las masas. Sí, el volcán sería aplacado, pero los nuevos encargados del montaje pasarían su jugosa cuenta de cobro. Desde la campaña, comenzaron a mostrar su ralea, con financiaciones y pactos dudosos y, una vez instalados en el poder, seguirían facturando con creces.
Gobierno Petro: Escándalo tras escándalo
De manera que para impulsar la agenda reformista de carácter regresivo el gobierno de Petro y Márquez también debe darle continuidad al régimen de corrupción que garantiza la aplicación de políticas contrarias al interés nacional. Esto se hizo evidente desde la campaña electoral cuando el petrismo se entregó a la estructura del partido de la U, puesto al servicio de la elección de Petro y Márquez, por orden de Santos, a través de varios de sus alfiles como Roy Barreras, Armando Benedetti, Dilian Francisca Toro y Alfonso Prada, entre otros. La financiación de actos de campaña por parte del Clan Torres y la posterior entrega de millonarios contratos con entidades públicas, la confesión de Nicolas Petro, hijo del presidente, sobre la recepción de dineros con destino a la campaña electoral provenientes de narcotraficantes, las denuncias sobre financiación ilegal de parte de una firma de criptomonedas y la ponencia del CNE sobre la violación de topes de gasto por $5.355 millones de pesos de parte de la campaña de Petro, son hechos que evidencian que desde la campaña, el proyecto del Pacto Histórico se enmarcó en este arreglo corrupto.
Una vez instalados en el gobierno, la abultada lista de escándalos de corrupción abarca una amplia gama de sectores y niveles de gobierno. Un artículo publicado en El Colombiano recopila 15 casos de corrupción ocurridos durante el gobierno de Petro y Márquez en los que sobresale de manera especial el multimillonario saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con el múltiple propósito de sobornar congresistas para que aprobaran las reformas oficialistas y destinaran recursos para las campañas electorales.
Por su longitud, toca mencionar sólo algunos casos de la danza de los millones y otras prácticas dudosas; ingreso de dineros a la campaña petrista de fuentes dudosas o ilícitas y exceso del cupo máximo; videos con la entrega de Juan Carlos Méndez de fajos de dinero en efectivo; el avión y un narco; el papel de Nicolás Petro; visitas del hermano del Presidente a la cárcel y declaraciones posteriores de dineros que ingresaron sin ser reportados: Laura Sarabia, sus contratos, la niñera, maletas de dinero y el polígrafo; audios de Benedetti y los $15.000 millones; esposo e hijo de la Ministra de Minas; el séquito de la primera dama, sus funciones irregulares y la adjudicación de su presupuesto; las nacionalizaciones exprés a españoles del ámbito del Presidente y su esposa; Euclides Torres y el Fenoge; Roa en Ecopetrol: puestos y financiadores; sinecuras donde no se ejecuta un peso de inversión; Fecode y la CUT, así como dinero no reportado.
Ante la contundencia de los hechos y las denuncias, las declaraciones de Petro, para no asumir la responsabilidad de su gobierno en los saqueos que vienen ocurriendo, han adquirido ribetes cada vez más fantasiosos recurriendo con mayor insistencia a la trillada versión de que un golpe de Estado “blando” se cierne sobre su gobierno, tesis absolutamente inverosímil pues el petrismo está apuntalado por los principales factores de poder: la embajada norteamericana, los cacaos y un importante porcentaje de la clase política tradicional. Las recientes acciones de colaboración entre el Grupo Aval, exsocio de Odebrecht, y el gobierno de Petro, para llevar lisonjas a La Guajira, son prueba de que su gobierno no incomoda a los superpoderosos criollos.
Explicar la corrupción estructural para enfrentarla
Corresponde a los verdaderos patriotas explicar con suficiencia las causas reales de la corrupción estructural que aqueja a Colombia. Esta es la única manera para poder enfrentarla y encauzar al país por una senda de desarrollo y bienestar nacional. El partido Colombia Soberana continuará apoyando las expresiones de resistencia civil de la ciudadanía en contra la imposición de medidas contrarias al progreso del país y desenmascarando al actual gobierno como servidor de la agenda para la recolonización imperialista.
