Las regresivas políticas energéticas del gobierno de Gustavo Petro acaban con la producción nacional e impulsan el consumo de combustibles importados a altos precios, afectando de manera grave la soberanía energética y el costo de vida de los hogares.
Mientras la infraestructura se deteriora, los daños reducen cada vez más los espacios disponibles dentro de la universidad. Esa es la paradoja. En la UPN los problemas no han desaparecido: persisten y se transforman con nuevos matices.
Mientras su alocución del 15 de julio se sustentaba en el ‘Informe de la Contraloría de 2024’ sobre 28 EPS autónomas, las acciones judiciales se concentraron en la Nueva EPS, una entidad que no solo estaba excluida de dicho informe, sino que ya se encontraba bajo control del Gobierno desde abril de 2024.
Gómez, directivo nacional de la Unión Sindical Obrera (USO), denunció el cierre de una Unidad de Cuidados Intensivos en Barrancabermeja y llamó a la unidad obrera en defensa del derecho a la salud.
El imperialismo ofrece sometimiento económico y político o hostigamiento y agresiones militares. Es la naturaleza de esta etapa histórica del capitalismo donde los conflictos vienen mayormente explicadas por la competencia entre potencias o por la presión de estas hacia pueblos más débiles, siempre en busca de recursos naturales energéticos, mercados para aliviar su superproducción y/o zonas de inversión que garanticen la mejora de la tasa de ganancia.
Es imperativo que el gobierno del “Cambio” garantice la salud y el derecho a la vida de los niños Wayuu | Comunicado de Colombia Soberana.
Existe un incumplimiento sistemático de los acuerdos pactados, se denuncian prácticas abusivas por parte de la gran industria que evocó el acuerdo firmado bajo condicionamientos y no contó con la concertación directa ni con la base de los productores. No hay mejora en las condiciones desfavorables, como la suspensión de compras, la eliminación de anticipos y las presiones para bajar los precios.
El derecho al cuidado, entonces, no puede entenderse sin una mirada integral que reconozca el valor del trabajo de cuidado no remunerado y promueva condiciones para su redistribución justa entre el gobierno, las instituciones y las familias.
Esta política persigue -como siempre- adaptar el sistema universitario nacional a las exigencias del capital financiero internacional y a la condición neocolonial del país: una educación pobre para pobres, destinada a perpetuar la desigualdad, en lugar de convertirse en motor del desarrollo nacional.
Nuestro carbón seguirá quemándose ad aeternum en la mayor fábrica de vergüenza de nuestro tiempo, incluso si el sucesor de Petro decide mantener su decreto.
