El uso de diferentes tipos de energía está relacionado con las grandes transformaciones en la historia de la humanidad. El descubrimiento de cada una de sus fuentes ha significado revoluciones técnico-científicas que se corresponden con cambios en los modos de producir. Así, el uso del petróleo llevó a la Primera y Segunda Revolución Industrial y la electricidad y la energía nuclear cimentaron la Tercera. En la actualidad, el debate global acerca de las fuentes y los modos de producir energía repercute en todos los ámbitos de la vida nacional.
El nivel de acceso a los servicios de electricidad, agua potable, saneamiento básico y gas natural es un parámetro para establecer el nivel de desarrollo de una sociedad. No es solo un indicador, el acceso a estos bienes indispensables para la vida moderna resultan fundamentales para mejorar la calidad de vida, por mejorar la ejecución de tareas cotidianas y son el motor del desarrollo industrial.
Caricatura de Vladdo, intervenida.
Más de tres décadas de saqueo en los servicios públicos
Con la división internacional del trabajo establecida por los Estados Unidos a través del llamado “Consenso de Washington” en 1989, a Colombia le correspondió el lugar de productor de materias primas y mano de obra barata e importador de productos de alto valor agregado, truncando las posibilidades de un auténtico desarrollo nacional. Esto abrió la inversión del capital financiero a nuevas ramas como telecomunicaciones y servicios públicos.
La Constitución de 1991 y las leyes 142 y 143 de 1994 fueron el marco jurídico que facilitó las privatizaciones de los servicios públicos en Colombia. En el marco del Plan Colombia, instrumento de dominación económica y militar que usa como excusa la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia, se creó un completo cuadro de reformas económicas entre las que se enlista las privatizaciones que el país debe acometer como las que se llevaron a cabo con Isagen y 14 distribuidoras regionales y la eventual privatización de ISA. (Suárez, 2010. Confianza Inversionista. Pág. 22).
Este proceso privatizador inició con la venta de la Empresa de Energía del Pacífico y la capitalización por parte de CODENSA de la Empresa de Energía de Bogotá en 1997, y continuó en 1998 con la entrega al capital privado de 14 distribuidoras de la región Caribe con lo que se abarcó al 42 % de los usuarios de servicios públicos del país. Durante este periodo los gobiernos de turno se aprestaron a reorganizar el sector para servirlo en bandeja de plata al capital financiero transnacional; a través de cuantiosas inversiones públicas que le costaron al país alrededor de 2.000 millones de dólares (CONPES 3122 de 2001). El Estado pagó deudas de ISA, condonó deudas a ICEL, CORELCA y otras distribuidoras; repartió utilidades de ISA y Betania para fortalecer electrificadoras y pagó deudas de las empresas con el Mercado Mayorista de Energía. Todo esto para facilitar la privatización. En 1998, las empresas Electrocosta y Electricaribe también fueron vendidas a HIE Caribe Energy (Houston Industries Inc. y Electricidad de Caracas S.A.) por un monto total de 1.4 billones de pesos, luego vendida a la transnacional española Unión Fenosa.
En los años subsiguientes, el común denominador fue altas tarifas de energía, cortes del servicio, afectación a los electrodomésticos, golpes a la producción y corrupción por robarse los subsidios de los más pobres. Aún sigue en veremos el retorno de estos recursos a los más vulnerables.
La liquidación de Electricaribe en 2017 no solucionó nada y llevó a una fracasada búsqueda de nuevos inversionistas extranjeros; aunado a la consolidación de un marco por medio del Plan Nacional de Desarrollo de Duque, que creó el Régimen Tarifario de la Costa Caribe (RTCC). Este incluye una serie de medidas para mejorarle el negocio a los operadores privados como que el pasivo pensional pase a cargo del Estado y nuevas exenciones tributarias, así como un régimen especial que permite una regulación diferente a las demás comercializadoras. También se incluyó una sobretasa de $4/kWh a estratos 4, 5, 6 e industriales, la cual tumbó la Corte Constitucional. De esa manera, el gobierno de Duque le aseguró una alta ganancia al privado que asumiera la operación.
El papel del Gobierno Petro y el desmonte de los subsidios a la energía: un mandato del Fondo Monetario Internacional (FMI)
Con su Plan Nacional de Desarrollo (PND) el gobierno de Petro continuó la senda privatizadora y antinacional del de Duque. Este último estableció un régimen tarifario especial que el gobierno de Petro mantuvo por medio del artículo 372 de su PND y que le garantiza al operador “una tasa de ganancia hoy del 12,09 por ciento” mientras “Cedió por la décima parte los activos de $6,5 billones, autorizó los contadores -inteligentes- AMI y una facturación -gota a gota-, recargada con el pago de inversiones futuras y las pérdidas no eléctricas. Los beneficiarios fueron Afinia, de EPM, con cuestionados contratistas como Deltec, y Air-e, de un holding de empresas de papel en Panamá” (Suárez, 04-11-2022. El Caribe, en pie).
Gráfica: Elaboración propia a partir de datos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Desde que Petro asumió, la tarifa se disparó. Subió 21 % (Air-e) y 30 % (Afinia) en el último año, dos y tres veces más, respectivamente, que el promedio nacional y desde que Petro es presidente aumentó, en promedio, 33 %. A julio de 2024, el costo de kilovatio por hora (kWh) en Air-e y Afinia fue un 20 % superior a la media nacional. Esto en la región con mayor inseguridad alimentaria encontrándose por encima del promedio del país en prevalencia grave (Dane); la pobreza monetaria es 7,6 por ciento mayor a la del resto del territorio, la pobreza monetaria extrema es superior al 12 % de los hogares y el índice de Gini es 0,50 (Dane). “Si en Manizales (Chec-EPM) la factura de estrato 4 es el 7 por ciento del salario mínimo, en Afinia se traga el 25” (Suárez, 04-11-2022. El Caribe, en pie).
En el informe técnico intitulado reforma de los precios de la energía de 2019, el Fondo Monetario Internacional instruyó el desmonte de los subsidios a la energía de los estratos 1, 2 y 3. Este mismo informe orientó aumentar los precios de los combustibles, a través de la eliminación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), como lo está aplicando el Gobierno, lo que incrementará los costos de producción y distribución y traerá más carestía a los colombianos. El proyecto del PND de Duque eliminaba los subsidios para el estrato 3 y los disminuía del 60 % al 50 % y del 50 % al 40 %, para los estratos 1 y 2, respectivamente (Acosta, 16-02-2019. La eliminación de los subsidios). Aunque dicha medida no prosperó en su momento es prueba del sometimiento a los mandatos del FMI.
El autodenominado gobierno del “cambio” da pasos agigantados para cumplir los dictámenes del FMI. Con su PND, se modifican los criterios para entregar los subsidios de energía a los usuarios ubicados en los estratos 1 y 2, a través del “uso de tecnologías de medición inteligente del consumo de energía eléctrica” (Art. 108 Ley 2294 de 2023), es decir los famosos medidores AMI que tanto rechazo han generado entre los habitantes de la costa Caribe. Esto llevará a que la continuación de los subsidios, que serán diezmados, esté sometida a la implementación de tecnologías que ha sido rechazada por elevar los costos de facturación a los usuarios. ¡Zanahoria y garrote!.
Y lo más grave: ¡la eliminación del subsidio a las tarifas de electricidad al estrato 3!, sector con algún ingreso estable, pero vulnerables ante cualquier hecho que afecte sus ingresos.
A este difícil panorama hay que agregarle un nuevo azote contra los usuarios; la opción tarifaria, que refiere al cúmulo de deudas insolutas producto de alzas no cobradas durante la pandemia de COVID-19, descargando la crisis sobre estos. Si bien los expertos han manifestado que se soluciona con el 4,5 billones de pesos, el Gobierno se ha hecho el de la vista gorda y su demagogia radica en culpar a terceros, sin solución al problema de fondo.
Gráfica: Elaboración propia a partir de datos de los Precios de combustibles líquidos (creg.gov.co)
Conclusiones
La estructura económica y jurídica de los servicios públicos es fruto de décadas de ajustar las normas a las necesidades del capital financiero para obtener la máxima ganancia.
La política de imponer precios de país no productor de petróleo, que elevó el precio de la gasolina de $9.212 a $15.513 en menos de 2 años (+68 %), sumado a la antinacional decisión de suspender la exploración y exploración de petróleo y gas, el aumento real de las tarifas de energía a través de la prolongación de la opción tarifaria y del régimen tarifario especial, constituyen un explosivo cóctel que atenta contra la calidad de vida, la dignidad de los colombianos y el interés nacional al avanzar en políticas que destruyen uno de los principales activos del país como lo es la Soberanía Energética.
El gobierno antinacional de Petro avanza en su embestida para destruir las fuentes ciertas de producción nacional de energía mientras promete fuentes inciertas de producción de energía controladas por multinacionales extranjeras como en el caso de la Guajira, en el que por enésima vez, se decide privatizar los recursos naturales del país a medida que se va descubriendo su utilidad; con Petro se afianza la era de la privatización del viento, la energía solar, los bosques, y otros.
Colombia Soberana invita a los usuarios a organizarse, a fomentar y mantener la resistencia civil contra las nefastas políticas antinacionales de Petro y a enarbolar las banderas de la defensa de la soberanía energética de la Nación materializada en Ecopetrol, EPM, ISA y tantos otros activos estratégicos que hacen parte del patrimonio público de los colombianos. Contra el Gobierno de Petro, ¡oposición y resistencia civil!
Adenda
Promedio porcentual nacional de los componentes del costo unitario de la tarifa de energía
Gráfica: Elaboración propia a partir de datos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – Información tarifaria de energía 2024 – Principales comercializadores integrados al operador de red agosto.
Fórmula para determinar el valor del servicio de energía
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – Información tarifaria de energía 2024 – Principales comercializadores integrados al operador de red agosto.
Distribución, ¿es necesaria?
El 38 % del valor de la factura corresponde al componente de distribución. Este se refiere al costo de transportar la energía hasta el usuario final por medio de las redes locales. Estas empresas no agregan valor a la cadena de suministro y ganan casi 4 de cada 10 pesos. Esas empresas tienen un margen de intermediación del 30 %; este valor es mayor que el de las generadoras y comercializadoras.Este componente no es necesario, entre otras razones, porque el Estado ha realizado cuantiosas inversiones para mejorar las redes locales. ¿En los intentos de disminuir el costo de la tarifa, Petro le quitará el negocio a estas empresas?
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