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Reformismo neoliberal y educación en el gobierno de Gustavo Petro 

Con su acostumbrado histrionismo, Gustavo Petro se ha encargado de magnificar las pocas ejecutorias que en su gobierno han tenido como objetivo la educación, presentando como avanzadas y progresistas, las intentonas reformistas que, en la práctica, tienen como objetivo hacer avanzar el libre comercio y los compromisos adquiridos por gobiernos anteriores con la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) y la adscripción a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

En primer lugar, tenemos el proyecto de Ley Estatutaria de Educación, que, presentada por el propio gobierno como una propuesta para avanzar en la universalización progresiva del derecho a la educación desde la primera infancia hasta la educación superior, representa en realidad una condensación de varias de las propuestas de anteriores gobiernos que han sido derrotadas por la fortaleza del movimiento social. 

Tan temprano como en su artículo 4, el proyecto define el sistema educativo como un conjunto articulado de principios, valores, programas, recursos y normas, en el que concurren políticas públicas territoriales, nacionales y globales, sectores, instancias, entidades, establecimientos, instituciones, órganos y demás personas naturales y jurídicas, públicas, privadas y mixtas… con el que se incluye con una sola oración, todo el capítulo de servicios del TLC con los Estados Unidos como parte definitoria de nuestro sistema educativo, reviviendo además la figura de las entidades de educación mixtas, que el movimiento universitario derrotó con el paro de 2011. 

En su artículo 8, el proyecto introduce la educación virtual como uno de los mecanismos con el cual el Estado hará que la educación esté al alcance de todas las personas, con una terminología que ―haciendo hincapié en la garantía del Derecho a la Educación― no menciona ni una sola vez los compromisos del Estado con la financiación adecuada del sistema educativo; desconociendo así la deuda histórica producto de la aprobación del acto legislativo 01 de 2001 que acabó con el situado fiscal e introdujo el Sistema General de Participaciones, propiciando una desfinanciación progresiva del sistema educativo nacional. 

En relación con la educación superior, el gobierno nacional se ha centrado en todo el ruido alrededor de la denominada política de gratuidad, mientras los documentos publicados en la página web del Ministerio de Educación como propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, no solo desconocen la deuda histórica del Estado colombiano con las Instituciones de Educación Superior, cuyo pago ha sido consigna central del movimiento universitario, sino que no hace mención alguna a su existencia, dejando por ende el grueso de la problemática universitaria intocado. 

Además, la propuesta propone una fórmula para reemplazar lo reglamentado en el artículo 86 y 87 de la Ley 30, amarrando ahora el aumento presupuestal de las universidades al aumento de cobertura y el índice de costos de la educación superior, una propuesta que no mejora en nada la fórmula con que hoy se calcula tal aumento. 

Esta ausencia de soluciones a la grave crisis financiera que viven las universidades del país, contrasta con los devaneos petristas en relación con la apertura de nuevas Instituciones de Educación Superior (IES) y nuevas sedes universitarias. Lo que ha tomado cuerpo en la denominada política de regionalización de algunas universidades públicas que, de llegar a recibir más sedes, con el panorama financiero que pintan todos los documentos oficiales del gobierno, recibirían no más que una pesada carga que entraría a agravar la crisis financiera, con el consiguiente impacto negativo en la calidad de la educación superior del país. 

La ausencia deliberada de compromisos claros con la solución de la crisis económica del sistema educativo ―a todo nivel― pone en sus pírricas proporciones el discurso petrista de la garantía del derecho a la educación que, a la par con la repotenciación de derrotadas fórmulas como las de instituciones de educación mixtas y la educación virtual como política estatal, da cuenta de una educación de pésima calidad, ahora convertida totalmente en servicio transable a la luz de los términos del TLC con los Estados Unidos, en la que los colombianos recibirán, cuando mucho, un cupo en una institución educativa de pésima calidad que no se piensa para la solución de las enormes necesidades del pueblo colombiano sino por el contrario, para perpetuar el papel secundario que los mandamases del libre comercio le han asignado a nuestro país en el concierto internacional. 

La adopción por parte del Gobierno Petro, de una línea reformista neoliberal, continuadora de lo trabajado por los gobiernos anteriores en relación con la educación, se expresa patentemente en un discurso que hace énfasis en la existencia de una oferta educativa, en los términos en que se concibe la oferta de servicios en los TLC, sin contemplar la necesaria producción y reproducción de conocimientos y técnicas necesarios para destrabar los rieles del desarrollo nacional y encaminar a la nación hacia lugares de soberanía plena, democracia participativa y desarrollo económico para todos. 

La novedad estriba en que quienes ahora aúpan la política neoliberal para lo educativo lo hacen en nombre de una izquierda y un movimiento educativo y universitario que han tomado la decisión de engavetar sus consignas históricas y empeñar su destino a los inciertos logros de un gobierno que se honra de interpretar y aplicar adecuadamente lo que el Banco Mundial y la OCDE le imponen al país. 

Urge desempolvar las históricas consignas de estudiantes y maestros, esclarecer la inconveniencia de las denominadas “reformas del cambio” y preparar los escenarios necesarios para superar la dispersión y consolidar la resistencia civil por una educación científica, democrática y al servicio del pueblo colombiano.

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