En el proyecto de reforma de la Ley General de Cultura (LGC), recientemente aprobado en primer debate en Cámara, no se permitió una democrática y real participación de artistas y de la ciudadanía en general. Con ésta, el Ministerio de Cultura mantiene, en esencia, los postulados de la economía naranja de Iván Duque, a la que rebautizó como «Economía Creativa y Cultural». A las nefastas consecuencias implícitas en el modelo,se suma que ahora se obliga a los artistas a alinear sus propuestas creativas con la ideología del gobierno, limitando la autonomía artística, la libre creación y el libre debate. Además, no se protege la producción intelectual ni los derechos de autor y se permite el control del entretenimiento y contenidos culturales en general, en manos de monopolios internacionales.
Los objetivos del proyecto están supeditados a conceptos engañosos como «sostenibilidad» y «economías populares», ocultando que los artistas, colectivos y empresas nacionales de la cultura, no pueden competir con las grandes empresas. Los pírricos estímulos y apoyos a los sectores culturales se complementan con créditos y alianzas privadas , las cuales sí, a diferencia de los artistas colectivos de a pie, contarán con importantes gabelas y ayudas.
A pesar de que ya se habían anunciado recortes para el sector, blandiendo la banal excusa de que no haya sido aprobada la denominada Ley de Funcionamiento, la cual era una nueva reforna tributaria de facto, el presupuesto de inversión del Ministerio tendrá una reducción del 29 %. El monto recibido por el Ministerio que alcanzó los 912.360 millones en 2024, se ve reducido a 651.354 millones en 2025. A pesar de ello, de manera falsa el ex Ministro Juan David Correa y la nueva Ministra Yannai Kadamani, continúan negando los recortes en cada item que manejan y eso si, anuncian un importante incremento de la burocracia oficial de entre 900 y 1000 nuevos cargos, más la vinculación con la consabida imposición ideológica por la cual se ha caracterizado, del servicio social para la paz.
Realmente, el ficticio crecimiento del sector cultural del cual se vangloria el Ministerio, está jalonado casi exclusivamente por los juegos de azar cuyo crecimiento pasó de 6 % (2023) al 14.1 % (2024) y cuya participación en la rama del entretenemiento pasó del 19 % (2018) al 44 % (2022) y la propuesta reforma al proyecto incluye actividades económicas como desarrollo web y apuestas, sin regulacioneso o criterios claros. La estructura legal facilita el movimiento de capital en actividades periféricas a la cultura, como turismo y emprendimientos, difumina la cultura y la niega como un derecho de todos los colombianos.
Los receptores de estímulos incluyen mediadores culturales, industrias creativas. Se promueve, sobre todo,la formación de mano de obra barata para las grandes compañías productoras, principalmente extranjeras, de audiovisuales y de espectáculos las cuales reciben, además, ingentes subvenciones y beneficios fiscales.
El recorte del presupuesto para el sector cultural afecta principalmente la inversión y los raquíticos estímulos quedarán en 33000 millones. Las políticas promovidas por el Ministerio debilitan la unidad territorial e identitaria de la Nación y favorecen la manipulación del sector cultural. La ley exime al Estado de su responsabilidad de garantizar el derecho a la cultura y no promueve la producción nacional.
La nueva ley deja márgenes interpretativos y conceptuales bastante amplios que afectan y minan las competencias y misionalidades de la administración pública cultural en todo el país. Incluye términos y definiciones que desbordan la naturaleza de una ley orgánica, colocándola en la línea de una ley estatutaria que afecta derechos fundamentales. La ley plantea serias dificultades intoduciendo ajustes a la regulación sobre el régimen de patrimonio cultural, dispersando las normativas y comprometiendo su seguridad jurídica, allanando el camino a contradicciones en la aplicación de las disposiciones.
Rayando en lo cínico, de aprobarse la nueva ley, se le conceden facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro para expedir decretos con fuerza de ley para reglamentar materias relacionadas con formación, trabajo y acceso cultural, patrimonio, sanciones, tributos y normas de contratación pública. Los artistas y todos los colombianos no pueden esperar sino medidas contra sus intereses, dado el historial petrista y del gobierno, de sumisión a los dictámenes del extranjero, el carácter regresivo en derechos laborales, la tercerización oficial masiva, la apropiación antidemocrática de los medios públicos para convertirlos en propagandistas de bolsillo oficiales y las pretenciones de imponer conceptos ideológicos amañados y manipulados para su propia conveniencia siguiendo la agenda de las multinacionales neoliberales en los campos económicos, políticos y culturales.
Dado lo anterior, Colombia Soberana rechaza el retrógrado y lesivo proyecto para una nueva Ley General de Cultura, los recortes presupuestales, la entrega de nuestra soberanía cultural en manos de los monopolios inetrnacionales del entretenimiento, la pérdida de la libertad expresiva artística, ligándola obligatoriamente a las temáticas y la ideología gubernamentales, y llama a los artistas, gestores, trabajadores y todos los miembros de la producción cultural, así como a la sociedad civil, a la organización de mesas y espacios de trabajo permanentes de resistencia civil a estas nefastas políticas en detrimento de la cultura nacional y de la vida y el trabajo dignos de los trabajadores culturales.
