La apuesta de Estados Unidos con Petro fue aplacar el volcán de la lucha social que estremeció a Colombia durante el Gobierno de Duque. El Gobierno Petro desarticuló la mayor plataforma de lucha social de las últimas décadas, el Comité Nacional de Paro. Ahora las principales organizaciones que lo conformaron, entre ellas las centrales sindicales, están al servicio de la agenda de marchas que convoca el Gobierno, acciones con las que velan el carácter reaccionario y antinacional de su política.
Con la intensificación de la agenda de recolonización imperialista, se avivan los conflictos sociales y nuevas expresiones de resistencia se levantan junto a las pocas que no se dejaron seducir por la cooptación del Gobierno Petro. Según la Defensoría del Pueblo durante el año 2022 se presentaron 1.427 eventos de conflictos, el 64 % después de posesionado Petro; 2.046 en el transcurso del 2023, y; en el primer semestre del 2024 la cifra alcanzó los 1.718. Más del 60 % de la resistencia se expresa en formatos de bloqueos de vías, plantones y marchas. Los conflictos tienen como protagonistas a usuarios de servicios públicos, especialmente en la costa Caribe, comunidades educativas, usuarios de transporte urbano, empleados estatales, madres comunitarias, productores agrícolas, pequeños empresarios, mineros artesanales, transportadores, obreros industriales, productores de café, comunidades indígenas y campesinas.
Del 2024 se destacan la manifestación del 21 de abril y el paro camionero del 1 al 6 de septiembre. Obedeciendo la política del Banco Mundial, el Gobierno Petro implementó el sistema de precios internacionales para liquidar la tarifa de combustibles nacionales. Lo que empezó para la gasolina, pronto se anunció para el diésel. La respuesta del gremio del transporte de carga fue convocar un paro nacional, catalogado de manera demagógica por el Gobierno y sus escuderos en el sector sindical como “un intento golpista de la oligarquía”. Finalmente, el Gobierno dividió al gremio y terminó por imponer la política de incremento gradual del precio del diésel.
Los proyectos minero-energéticos en La Guajira se ensañan contra las comunidades y sus territorios ancestrales. Este fue el mensaje durante una manifestación wayuú el pasado 29 de octubre, por parte de comunidades indígenas no resguardadas. “¿Cómo se cuida la vida y el ambiente sin defender el territorio y a sus cuidadores ancestrales?”, preguntó Jazmín Romero en su discurso frente a Corpoguajira. “El Gobierno Petro engaña al mundo en la COP16, permitiendo indolente el despojo de nuestros territorios”. A la fecha de esta publicación, estas comunidades no reciben una atención oportuna y plena como exige la Corte Constitucional (Sentencia T-302/2017). En cambio, Jazmín Romero ha sido objeto de amenazas.
Durante el primer semestre de 2025, se destacan la valerosa votación de huelga de los obreros de Acerías PazdelRío, las protestas de las madres comunitarias, las manifestaciones de los trabajadores del ICA, las protestas del magisterio en los departamentos ante la pésima atención en materia de salud, el paro nacional de productores de arroz, las protestas de los empresarios afectados por la multinacional WOM, la toma de la plaza de Bolívar por parte de indígenas del suroccidente que exigen reconocimiento a sus formas organizativas por fuera de las plataformas oficialistas, el primer año de la carpa de resistencia de los trabajadores de Nestlé en Bugalagrande, las protestas del personal y usuarios del sistema de salud y el plantón de trabajadores de Bavaria, liderados por USTIAM, rechazando la política de precarización laboral de la multinacional AB InBev, entre otras.
La alianza entre organizaciones sociales y el Gobierno Petro ha tenido éxito reaccionario. Lo que a Duque se le derrotó con un portentoso proceso de resistencia civil, ahora lo defienden a capa y espada. La reforma tributaria que le extrae más de $20 billones de pesos a la canasta familiar, vía impuestos indirectos, la eliminación de subsidios a servicios públicos, el gasolinazo, la imposición del modelo pensional del Banco Mundial, la agudización de la política de financiación a la demanda con focalización para las universidades públicas, el gasto de más de $14 billones de pesos en compra de aviones de combate y hasta la fallida reforma laboral para cumplir con el capítulo 17 del TLC con los Estados Unidos. Cuando no es apoyo es silencio, como en el fenómeno de asesinato de liderazgos del campo popular. Según Indepaz, en lo transcurrido del Gobierno Petro, han sido asesinados 458 líderes sociales y 100 firmantes de paz (del 7 de agosto de 2022 al 14 de marzo de 2025). La destorcida de la paz total la paga cara la nación y en especial las comunidades del Chocó, Cauca y el Catatumbo.
A un año de las elecciones, Petro y sus aliados redoblan los esfuerzos para mantener una cauda electoral. Las organizaciones con curules en la lista del Pacto Histórico están agitando la bandera de una Consulta Popular sobre la reforma laboral. Un intento de mantener cautivos los votos entre los trabajadores, a los que estafan con la reforma pensional al servicio del sistema financiero y la reforma laboral al pedido de Estados Unidos en lugar del Estatuto del Trabajo que eleve la calidad de las condiciones del empleo.
Entre más avance la agenda del Gobierno progringo de Petro, más daños para el país. Urge la coordinación nacional de las distintas expresiones de luchas sociales. Cuenten con Colombia Soberana en este propósito. Resistencia civil por una nueva democracia para Colombia.
