Por: María Gutiérrez Romero & Teddy Peluffo
Un nuevo riesgo de conflicto se vislumbra en el Caribe, por cuenta del decreto 0514 de 2026, que redefine territorios indígenas y sus sitios sagrados, en zonas donde la violencia se ha recrudecido.
A pocos días de la tragedia ocurrida el pasado viernes en el departamento del Cauca, que cobró la vida de seis personas y dejó centenares de heridos, por cuenta del enfrentamiento entre el pueblo Misak y el resguardo indígena de Pitayó -adscrito al CRIC, desde La Guajira se prenden alarmas por las tensiones territoriales que pueden generarse entre el pueblo Wayuu, comunidades afrodescendientes y a los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta (Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo), por cuenta del nuevo decreto de la “Línea Negra” expedido por el Presidente Petro, en abierta violación a lo ordenado por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo.
El origen del malestar
El pasado 12 de febrero de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 1500 de 2018, mediante el cual el Gobierno Santos, a menos de 48 horas de terminar su mandato, redefinió el territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, conocido como la Línea Negra, ampliando de 54 a 348 los sitios ancestrales para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
El decreto fue presentado como un avance histórico. Y lo era, en tanto su intención principal fue proteger lugares sagrados para los pueblos indígenas, pero tenía una grieta fundamental: entre las comunidades cuyos derechos de participación no fueron garantizados se encuentran los Wayuu, el más numeroso de los pueblos indígenas de Colombia, cuyos territorios quedaron superpuestos dentro de la delimitación, tanto en su parte continental como en sus áreas costeras.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi reconoció que el mapa oficial sólo estuvo disponible hasta 2023, cinco años después de la firma del decreto. Es decir, se trazó una frontera sagrada sin mapa, sin consulta plena, y sin escuchar a quienes viven dentro o en los bordes de ese polígono.
El pueblo Wayuu —que comparte territorios con la Sierra Nevada en su flanco occidental, que tiene sitios de pagamento conectados con sus sistemas de agua y espiritualidad— fue tratado como un tercero, como un dato secundario en una ecuación que le era propia, excluido de una decisión que impacta directamente su territorio y su cosmovisión.
Las consultas “exprés” del gobierno Petro.
Como si se tratara de una mera formalidad administrativa, el Ministerio del Interior realizó entre el 20 y el 22 de abril, con una reducida cantidad de comunidades indígenas en Riohacha, Dibulla y Uribia, reuniones exprés, que carecieron de los requisitos legales que comprende el derecho a la consulta previa, y de las cuales no puede concluirse el consentimiento del pueblo Wayuu respecto de la delimitación actual o del texto del decreto. El 19 de mayo de este año, para sorpresa de todas las partes afectadas, el Presidente Petro firmó el nuevo decreto de la Línea Negra.
Una vez más el gobierno actual en nombre de la defensa de los pueblos indígenas, resulta transgrediendo el sistema de organización indígena, desconociendo su autonomía y relegando el Derecho Mayor Wayuu (Aleya Wakuatpa). Tal ha sido la manera de proceder del ejecutivo frente a los proyectos de parques eólicos en la alta Guajira, líneas de transmisión eléctrica en el sur del departamento y proyectos de infraestructura como la Mega cárcel ERON en Riohacha.
Tanto en el cuerpo del nuevo decreto, como en el discurso del Presidente al momento de la expedición del decreto, se mantiene la exclusión al pueblo Wayuu y a las demás comunidades que fueron relegadas entonces por el decreto de Santos y ahora por el de Petro, y se le otorga autoridad a los cuatro pueblos de la Sierra Nevada para decidir sobre proyectos ubicados en territorios de otros pueblos indígenas y afrodescendientes.
Huelga mencionar, que por siglos la relación entre estos pueblos indígenas ha sido armoniosa, y el tránsito entre sus territorios se ha producido de manera pacífica. Por eso cabe preguntarse, ¿Con qué objetivo pretende el Gobierno juridificar esta relación entre pueblos indígenas desmejorando la posición de uno de ellos?, y lo que es peor: ¿Por qué se niega el Gobierno a consultar debidamente al pueblo Wayuu y demás comunidades a consultarles sobre una decisión que los afecta directa y profundamente?
Las molestias no se han hecho esperar y desde diferentes comunidades a lo largo y ancho de La Guajira se anuncian acciones jurídicas y vías de hecho contra el decreto 0514 del 19 de mayo, con el que el actual gobierno burló la sentencia del Consejo de Estado.
¿Y la administración distrital?
Riohacha es una ciudad donde el pueblo wayuu no es minoría discreta, sino parte estructural. Cualquier decisión que afecte el territorio wayuu afecta a Riohacha. El fallo del Consejo de Estado señaló además que en 2018 hubo un exceso en la potestad reglamentaria del presidente, quien interfirió en la autonomía territorial de los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena, y en la de sus municipios.Sin embargo, la Alcaldía y el Concejo distrital han brillado por su ausencia en todo este debate. Guardaron silencio en 2018 y aún hoy siguen sin pronunciarse de fondo y sin abrir espacios de diálogo y discusión con la ciudadanía. ¿No tienen nada que decir ante semejante raponazo territorial?
