En su primera edición, en mayo 2023, el Periódico SOBERANÍA denunció el carácter de las llamadas “reformas sociales” del Gobierno de Petro. En su editorial advirtió que estas no eran más que “políticas acomodadas a la apropiación e incorporación del reformismo, como parte de las transformaciones necesarias al imperialismo para apuntalar la recolonización y mitigar las luchas de los pueblos. El espejismo del ‘cambio’, al mejor estilo de Giuseppe Tomasi Di Lampedusa en el ‘El Gatopardo’, aboga porque todo cambie para que todo siga igual”.
En el marco de esa falso cambio, el Gobierno del Pacto Histórico pretende realizar una consulta popular promovida con la falsa motivación de “devolverle” derechos laborales a la clase obrera mientras oculta su verdadero propósito: profundizar las fallidas políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos y la Organización para la Cooperación el Desarrollo (OCDE), pero está vez, usando a la clase obrera con propósitos politiqueros y engaños para que respaldara las medidas a las que antes se mostraban contrarios.
De manera oportuna el comité obrero del partido Colombia Soberana develó “el diablo en los detalles” de la reforma laboral, señalando que su contenido distaba de las consignas con las que se promovía y que, al contrario, buscaba dar cumplimiento al capítulo laboral del TLC con Estados Unidos, superpotencia imperialista que continúa organizando el mundo de acuerdo a sus intereses, dándose el lujo de exigirle el cumplimiento a Colombia de derechos laborales que ellos mismos omiten, tal como lo expone con lucidez Aurelio Suárez en su columna “la reforma laboral a la medida del TLC con USA impacta la conectividad agrícola”.
Las 12 preguntas de la consulta popular no constituían reales medidas que restituyeran los derechos laborales bajo la modalidad del prometido Estatuto del Trabajo, ni cuestionaban la Ley 789 de 2002, ni la Ley 50 de 1990, bases de la política neoliberal, al contrario, recogían recomendaciones de la OCDE, organización que impulsa cambios regulatorios a favor de los países poderosos y de sus grandes multinacionales, y que ha sido reiterativa en la necesidad de que Colombia reduzca el salario mínimo a través del salario diferencial por regiones y sectores productivos; no se acababan los contratos por prestación de servicios (OPS); los trabajadores de plataformas no tendrían contratos colectivos; se introducía directamente la diferenciación salarial entre el campo y la ciudad e, incluso, se despojaba al campesinado del derecho a una pensión plena, reemplazándola por un bono pensional. Por lo demás, al igual que en la fallida reforma laboral, en la consulta se mantenía incólume la informalidad, aquel ejército de mano de obra de reserva “que regula el movimiento general de los salarios”, como lo enseñaba Marx.
Tras el fracaso de la reforma laboral en el Congreso, el Gobierno de Petro decidió utilizar la herramienta de la consulta popular, no porque le interese consultar a la población, sino porque es la excusa para poder utilizar los recursos públicos a su antojo, abusar del enorme poder del Estado y evitar la responsabilidad política por el fracaso de su gobierno. Como ya lo aclaraba Francisco Mosquera: “con las ‘asambleas populares’, las ‘consultas populares’ y demás artificios ‘populares’, las cabildadas se terminan legitimando” y recordaba las palabras de Mario Latorre Rueda, miembro del sanedrín de la Constituyente, cuando decía “El plebiscito, dentro de nuestras instituciones, es un golpe de Estado”. No en vano el ministro Benedetti, compinche de Petro, afirmó que la iniciativa se trataba de una “mini reelección”, hecho que corrobora que la consulta popular no era más que una jugarreta, una treta política antidemocrática donde se montan, junto al monopolio sobre los medios públicos, más de novecientos comités “populares” de respaldo y propaganda para las políticas gubernamentales, a fin de impulsar las candidaturas del partido oficialista y utilizar la mermelada estatal para promocionar a sus candidatos.
No bastaron las amenazas, las movilizaciones de bolsillo, el respaldo de la cúpula de una la burocracia sindical cooptada que renunció a defender los derechos de los trabajadores, los ingentes recursos oficiales usados para la propaganda, la publicidad a través de los medios públicos que perdieron su autonomía y se convirtieron en herramienta de uso exclusivo del Gobierno, ni los malabares, triquiñuelas y demás maniobras sanctas y non sanctas esgrimidas en sus correrías por los salones y pasillos del Congreso, del resucitado, a pesar de todas las acusaciones en su contra, Armando Benedetti, ahora ungido como ministro del Interior. La plenaria del Senado negó la realización de la consulta tramposa urdida contra los trabajadores por 49 votos por el no y 47 por el sí.
Sin embargo, Petro y su gobierno insisten en su empeño, con el anuncio de recursos pretendiendo desconocer el resultado legítimo, o con la radicación de una nueva consulta a pesar de que se aprobó el trámite para un nuevo debate de la reforma laboral que en lo fundamental no se diferencia, a menos que sufra cambios medulares, de la anterior. Con ello y la supuesta adición de una nueva pregunta sobre salud (reforma que también se encuentra en debate), se demuestra que su verdadero propósito es politiquero, electorero y antidemocrático.
Por lo anterior, Colombia Soberana invita a ABSTENERSE de participar en cualquier consulta popular tramposa ―impulsada por un gobierno que pretende afianzar las cadenas de la dominación imperialista mientras habla de libertad y derechos laborales― y, en su lugar, invita a los colombianos a ampliar las tareas de denuncia y educación alrededor de la necesidad de sacar de la confusión a la clase obrera y demás clases sociales susceptibles de sumarse a un gran frente único de carácter patriótico, que retome la conducción de los destinos de Colombia por la senda de la auténtica soberanía nacional.
