Por: Stiven Vitola Zambrano
Es posible estar de acuerdo con la necesidad ética de aumentar el salario mínimo en Colombia; de hecho, en un modelo de economía cerrada y de demanda, un incremento del 23% sería el motor del desarrollo. Sin embargo, bajo la administración de Gustavo Petro, esta medida se ha convertido en una quimera. La razón es simple: el Gobierno aumentó los costos laborales pero mantuvo intacto el modelo neoliberal de apertura económica. No se cambiaron las reglas del juego, solo se encareció al jugador local.
El anacronismo no es solo cronológico, sino técnico. Se está intentando inyectar «diésel» (estímulo a la demanda vía salarios) a un motor que, desde los años 90, fue diseñado para funcionar exclusivamente con «gasolina» (economía de oferta). Al no renegociar los Tratados de Libre Comercio (TLC) ni poner frenos a la entrada masiva de mercancías —desde los gigantes asiáticos como Temu hasta los productos subsidiados de las potencias occidentales—, el Gobierno ha dejado a la producción nacional en la indefensión total.
El desplome del ahorro: La falla estructural.
En una economía de oferta, el ahorro es el único combustible que permite la inversión. Como ha señalado Eduardo Sarmiento, el ahorro nacional se ha desplomado un 30% respecto a su tendencia histórica. Sin ahorro, no hay tecnificación ni capacidad de respuesta productiva.
Al subir el salario un 23% en un entorno de márgenes estrechos y competencia feroz de productos importados, se drena el poco ahorro empresarial que quedaba. El resultado no es más riqueza, sino empresas que se achican o desaparecen.
La devaluación como única salida técnica.
Si se decide jugar bajo las reglas del modelo neoliberal de apertura, la devaluación de la moneda es la única herramienta de supervivencia. No se puede encarecer la mano de obra interna y, al mismo tiempo, mantener un peso fuerte ($3.700) que premia al importador.
La devaluación funcionaría como un «arancel natural», encareciendo lo que viene de afuera y permitiendo que el productor de yuca o el pequeño industrial local pueda competir pese a sus mayores costos laborales. Sin una tasa de cambio alta, el aumento salarial es, en la práctica, un subsidio indirecto a los productores extranjeros.
El espejismo de la demanda efectiva.
La idea de que este dinero extra reactivará la economía es una ilusión técnica. En una economía abierta, la «demanda efectiva» se fuga por los puertos. El dinero del trabajador colombiano no termina en la tienda de la esquina en Sincelejo, sino en las cuentas de empresas transnacionales. En ciudades con un 70% de informalidad, el impacto es doblemente cruel: el informal no recibe el aumento, pero sí paga la inflación de costos de una economía que se vuelve más cara para producir, pero más barata para importar.
Subir el salario sin cambiar el modelo productivo ni proteger la frontera comercial es una receta para el colapso. Petro no cambió el modelo; simplemente le añadió una carga que el chasis neoliberal de Colombia no puede soportar. Sin estímulo al ahorro y sin una protección vía tasa de cambio, el aumento salarial no es justicia social, es la fundición definitiva del motor productivo nacional. El Efecto Dominó: Crónica de una Parálisis Anunciada
Las consecuencias de este anacronismo técnico no tardarán en manifestarse como una tormenta perfecta en tres frentes que erosionarán la estabilidad del país. El primer síntoma será una explosión de la informalidad, que dejará de ser un fenómeno marginal para convertirse en el único refugio de supervivencia. En regiones como Sucre, donde la informalidad ya es la norma, el aumento del 23% actúa como una barrera de entrada infranqueable.
Las pequeñas y medianas empresas, atrapadas entre costos laborales de primer mundo y una productividad estancada, se verán forzadas a la clandestinidad o al cierre. El salario mínimo, en lugar de ser una herramienta de equidad, se transforma en un privilegio de élite, condenando a las mayorías al rebusque en una economía que se vuelve formalmente inviable.
A esto se suma un agravamiento irreversible del déficit comercial. Al mantener un modelo de apertura absoluta —sin denunciar ni renegociar los TLC— mientras se encarece la producción interna, el Estado colombiano está financiando el crecimiento de potencias extranjeras con el bolsillo de sus propios ciudadanos.
Cada peso adicional en el salario de un trabajador formal no se quedará dinamizando el comercio local; se fugará masivamente hacia la compra de bienes transables importados que, gracias a un peso artificialmente fuerte, llegan al país con precios de remate. Estamos ante el absurdo económico de «importar nuestro propio consumo», destruyendo el poco tejido industrial y agrícola que aún resistía el embate de la globalización.
Finalmente, el colapso llegará por la vía del déficit fiscal. El Estado, que es el mayor empleador de la nación, verá sus costos operativos dispararse de forma automática, mientras sus ingresos por recaudo de renta empresarial se marchitan debido a la caída de las utilidades privadas.
Es una trampa técnica: por querer inflar la demanda con decretos, el Gobierno terminará asfixiando la inversión pública de los próximos años. El próximo ciclo político no heredará una economía pujante, sino una «política contraccionista» forzada, donde no habrá recursos para infraestructura ni desarrollo social.
Lo que se avecina es el estancamiento con inflación de costos, un escenario donde el Banco de la República mantendrá las tasas altas para frenar un incendio que él no provocó, impidiendo así la devaluación necesaria para que el país vuelva a ser competitivo. En última instancia, la quimera del bienestar salarial terminará en una realidad de estantes llenos de productos extranjeros y fábricas nacionales vacías.
