Como con los peores eventos traumáticos, durante mucho tiempo los colombianos han preferido no hablar del tema, negarlo, ignorarlo, autoinculparse y/o, en el mejor de los casos, llamarlo por otros nombres, esconderlo semánticamente para suavizarlo o hacer creer que nunca pasó. Para finales de 1903, a los “mil días de guerra”, destrucción y quiebra económica, le siguió un sentimiento de derrota colectiva y humillación ante la traición y el atraco del “aliado del norte”.
¿Cómo valorar la pérdida del territorio más estratégico? ¿Cómo ponderar no contar con un canal interoceánico? A pesar de lo que repite la mayor parte de la historiografía nacional, el robo de Panamá fue una agresión imperialista que definió la inserción de Colombia en el concierto internacional y el enorme complejo antinacional con el que se gobierna desde entonces.
La era del Imperio
Por esos días, el mundo era una descarnada rapiña. No por nada en la historiografía de este periodo se le conoce como “La era del imperio, 1875-1914” (Hobsbawm). En la India se recrudece la dominación británica con el establecimiento del Raj; en África, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia pactaron “por las buenas” la división del territorio (Conferencia de Berlín, 1885), y por las malas, la parte sur del continente se disputó en la Guerra Anglo-Boer (1902).
En el Caribe, Estados Unidos desplazaba al moribundo imperio español (1898) iniciando su fase imperialista haciéndose al control colonial de Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam; en oriente se concretaba el reparto final de China (1899) y Japón marcaba su ascenso como potencia industrial en el conflicto con el viejo imperio ruso por Manchuria y la península de Corea (1904); y la división de los territorios de Medio Oriente tras la disolución del Imperio Otomano (1916). En poco menos de 30 años, Alemania, Rusia, Japón, Francia, Estados Unidos e Inglaterra, habían anexado para su influencia 25 millones de kilómetros cuadrados de territorio.
Pero la mera expansión territorial no era el signo distintivo de la época. Un cambio cualitativo en el capitalismo estaba dando forma a una nueva fase, una que incluso negaba las bases fundamentales del sistema hasta entonces conocido. La libre competencia progresivamente cedía al monopolio, el poder y protagonismo de los industriales se transfería gradualmente al capital financiero. La acumulación sin precedentes, el exceso de producción y la necesidad de exportar capitales eran el motor de las aventuras imperialistas.
La impresionante expansión de la producción que se estaba gestando tuvo como epicentro los Estados Unidos, donde la Segunda Revolución Industrial tuvo especial auge. Para finales del siglo XIX, Estados Unidos ya superaba a Inglaterra en los principales renglones industriales (acero, petróleo, ferrocarriles, maquinaria, textiles, productos químicos). La unificación a favor del norte industrializado, la consolidación de un amplio territorio y el contingente de mano de obra inmigrante abonaron el terreno para la formación de la nueva superpotencia, pero el protagonismo estaba en los bancos.
En esta época afloró el poder e influencia que aún tienen entidades como el J.P. Morgan, BNY Mellon, Citigroup, Rockefeller Banking Group o The American Express Company. Bajo su dirección se realizaron las grandes fusiones y la consolidación de los grandes monopolios. Emblemático fue el caso de la United States Steel Corporation, monopolio del acero, que a comienzos del siglo XX controlaba más del 60% de la producción nacional, a través de la fusión masiva de varias compañías de acero que quedaron en cabeza de J.P. Morgan.
Similares eran los casos de Standard Oil Company de Rockefeller, The Northern Securities Company (ferrocarriles) de J.P. Morgan y James J. Hill., General Electric de Thomas Edison y J.P. Morgan., American Tobacco Company de James B. Duke. Los editoriales del United States Investor (1898-1989), señalaban cómo la creciente tendencia de las pequeñas industrias a ser absorbidas por las grandes corporaciones (trusts) y la acelerada tendencia hacia la ‘combinación del capital’ eran ‘la peculiar característica económica de la época actual’.
Ser o no una potencia imperialista fue parte del debate de la sociedad estadounidense de finales del siglo XIX, especialmente después de la adquisición de Filipinas. Mark Twain, William J. Bryan, Caroline O’Day, Andrew Carnegie fueron parte de las personalidades y activistas que, en nombre del Comité Antiimperialista de Estados Unidos (1898), denunciaron la incompatibilidad de esta política con los principios democráticos, republicanos y de respeto a la autodeterminación de los pueblos sobre los que se había erigido aquella nación.
Pero como hemos visto, el debate trascendía el aspecto moral. United States Investor definía el imperialismo como ‘Economic Necessity’. Sobre cómo aliviar la situación de superproducción: “Simplemente ofreciendo nuevos mercados para los productos terminados y nuevas oportunidades de inversión”.
Para Arthur Connat, editor del Banking Magazine y de The Wall Street Journal, y asesor financiero de los presidentes McKinley. T. Roosevelt, Taft y Wilson, el imperialismo “Is not a matter of sentiment. It is the result of a natural law of economics”. En su trabajo “Las bases económicas del imperialismo” (1898) explicaba:
“El exceso de ahorro, con la resultante acumulación de mercancías sin consumir, en los grandes países industriales es uno de los grandes problemas de la situación económica de hoy (…)la gran acumulación de capital y dinero, las convulsiones que sufrieron los grandes países capitalistas, más allá de sus respectivas políticas tarifarias y estándares monetarios, y la caída continua de la tasa de ganancia del capital -todas estas tendencias indican un exceso de capital ahorrado por sobre la demanda efectiva de la comunidad como la causa subyacente… Bajo el presente orden social se está volviendo imposible encontrar en casa, en los grandes países capitalistas, un uso para el capital acumulado que sea, a su vez, seguro y remunerativo” (Conant, 1898, pág. 330)
El debate sobre el imperialismo cruzó el Atlántico. En 1902 John Hobson (Hobson, 2009), economista liberal inglés, entusiasta defensor del capitalismo con reformas, explicó en su famoso libro sobre qué era lo que estaba detrás de este crecimiento y de la decisión de Estados Unidos de unirse al club de potencias imperiales:
“Esa súbita necesidad de mercados extranjeros para las manufacturas y las inversiones norteamericanas fue claramente la causa de que se adoptara el imperialismo como línea política y como práctica por el partido republicano, al que pertenecían los grandes jefes de la industria y las finanzas norteamericanas y que, a su vez, era un partido que les pertenecía a ellos. El intrépido entusiasmo del presidente Theodore Roosevelt y sus planteamientos sobre el destino manifiesto y la misión civilizadora no deben engañarnos. Fueron las compañías Rockefeller, Pierpont Morgan y sus asociadas las que necesitaban el imperialismo y lo cargaron a hombros del gran país norteamericano”.
En la década siguiente, los trabajos de los Marxistas Hilferding, Luxemburgo, Bukharin y Lenin harían aportes críticos encaminados a señalar cómo y porqué el capitalismo había entrado en una fase superior: el imperialismo, donde el protagonismo sería de los monopolios y el sector financiero, el viejo colonialismo paulatinamente daría paso al neocolonialismo, donde los medios económicos de dominación serían el aspecto principal de agresión a terceros países (sin abandonar los medios militares) y la exportación de capitales la característica fundamental. “Imperialismo, fase superior del capitalismo” de Lenin es seguramente la más emblemática y conocida de esas obras cuyo análisis mantiene plena vigencia.
Un asunto de Wall Street
Para comienzos del siglo XX las pretensiones colonialistas de la nueva potencia se habían concretado en Cuba y Puerto Rico. “América para los americanos”, se estaba transformado en “América para los Estados Unidos”, pero lo ocurrido con la entonces provincia colombiana de Panamá en 1903, tuvo un tinte especial. La omnipresente participación y manipulación de los agentes financieros de Wall Street marcó el signo imperialista.
En 1911, afrontando una nueva candidatura presidencial, Theodore Roosevelt pronunció orgulloso la infame frase: “Yo tomé el istmo”, que dio la vuelta al mundo y derivó en protestas en toda Sudamérica. El ostentoso mensaje reconocía la participación del gobierno estadounidense frente a los hechos que derivaron en el robo de Panamá años atrás, pero engañosamente también minimizaba el papel, incluso principal, que tuvieron los agentes financieros William Nelson Cromwell, J.P. Morgan, J.E. Simmons, Isaac Seligman, Douglas Robinson (cuñado de Theodore Roosevelt), H. W. Taft (hermano del secretario de Guerra de Theodore Roosevelt), entre otros agentes extranjeros como Philippe Jean Bunau-Varilla.
El proyecto de construir un canal interoceánico inicialmente estuvo a cargo de la francesa Compagnie Universelle pour le Canal Interoceanic que en 1878 había obtenido la licencia exclusiva (la Concesión Wyse) por parte del gobierno colombiano y en 1880 había recaudado 120 millones de dólares para emprender el proyecto del Canal. Entre los diseños equivocados a nivel ingenieril y las enfermedades tropicales, la grande entreprise había fracasado y en 1894 se encontraba en bancarrota.
En Francia, tras la defraudación de cerca de 800 mil pequeños inversores, los representantes y accionistas mayoritarios enfrentaron juicios por fraude y uso ilícito de fondos. El ente regulador los forzó a suscribir acciones de una nueva empresa, la
Compagnie Nouvelle du Canal Interoceanic, que en 1894 debió lanzar una campaña para conseguir el capital suficiente y reiniciar la construcción del canal, así como negociar con el gobierno de Colombia una prórroga por 10 años (hasta 1904) de la Concesión Wyse.
Entre los grandes inversionistas sancionados estaban Ferdinand De Lesseps, constructor del Canal de Suez y principal promotor del canal interoceánico por Panamá; Philippe Bunau-Varilla, principal ingeniero de la compañía, socio de del banquero norteamericano Isaac Seligman y otros representantes de grandes bancos franceses. Pese a sus esfuerzos, el desprestigio del proyecto los arrastró de nuevo al fracaso.
La única forma de que los franceses recuperaran parte de su inversión era vender los derechos de construcción del Canal a Estados Unidos, país con reconocido interés en el proyecto. Eso llevó a Maurice Hutín, presidente de la Compagnie Nouvelle, a las oficinas de William N. Cromwell en Wall Street y a nombrarlo representante de la compañía francesa en 1896.
Cromwell era director y asesor general de la Panama Railroad Company desde 1893 y su bufé tenía entre sus clientes a J. P. Morgan, a quien ayudó en la fusión que creó la United States Steel Corporation —entonces la empresa más grande del mundo—, W. K. Vanderbilt (magnate dedicado a la construcción de barcos) y Edward Harriman, a quien asesoró en el diseño de las complejas finanzas y fusiones que permitieron fundar la primera compañía de ferrocarril transcontinental.
La misión de Cromwell era entonces posicionar nuevamente entre el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos la opción de Panamá como ruta para el canal interoceánico, alternativa desprestigiada por el fracaso de los franceses y que había sido desplazada por la propuesta de Nicaragua que ya contaba bastantes adeptos y hasta con una ley promulgada para constituir la empresa privada que construiría el Canal allí, la Maritime Canal Co.
Buscando cambiar esta tendencia, Cromwell buscó el apoyo del hombre considerado como el más poderoso de Washington, el senador Mark Hanna, director del Partido Republicano. Uno de sus clientes, J.E. Simmons, era uno de los principales financiadores electorales de Hanna y sirvió para que llegara a este.
Fuera por la destreza retórica de Cromwell o por la estrafalaria donación de 60.000 dólares de la Compagnie Nouvelle (una empresa extranjera) al Partido Republicano, tras la visita del “zorro” de Wall Street, el senador Hanna cesó en su apoyo al proyecto por Nicaragua y se convirtió en el principal defensor en el Congreso del canal por Panamá.
Para marzo de 1899, el Congreso creó una comisión (la Comisión Walker) que debía estudiar todas las opciones, incluida la del canal por Panamá. Cromwell y compañía habían logrado equilibrar las cargas a su favor. En agosto dicha comisión se encontraba en París, estudiando la propuesta del canal de la Compagnie Nouvelle.
La principal proeza de Cromwell fue convencer a los norteamericanos de que la maquinaria vieja y oxidada, avaluada en 3.5 millones de dólares, y el derecho a construir el canal, que expiraba en pocos años, costaban 40 millones de dólares. Monto por demás exorbitante, si se entiende que Nicaragua había ofrecido la tierra gratuitamente y que, por ningún territorio antes, se había desembolsado tal magnitud. Conjuntamente, Luisiana, Alaska y Filipinas
costaron a Estados Unidos 42,2 millones de dólares. A finales de 1899, Cromwell y J.P. Morgan constituyeron la Panama Canal Company of América.
El 25 de mayo de 1900 Cromwell dejó de ser representante de Compagnie Universelle, y lo sucedió Bunau-Varilla. El mismo día, Cromwell suscribió junto con J.P. Morgan, E.J. Simmons, Isaac Seligman, Douglas Robinson, H.W. Taft, y otros especuladores un memorándum confidencial con el propósito de comprar la mayor cantidad de acciones de la Compagnie Nouvelle y de la Compagnie Universelle por el menor dinero posible con los 5 millones de dólares con los que se estaba suscribiendo dicho acuerdo secreto.
Por medio del Credit Lyonnais, dirigido por Maurice Bo (socio de Cromwell y Bunau-Varilla) y otros bancos sancionados de la Compagnie Nouvelle, la camarilla orientó comprar discretamente los bonos de la Compagnie Universelle en la bolsa de París con la estricta indicación de no comprar los bonos a centenares sino en grupos de cinco a diez entre los miles de ciudadanos que los detentaban. En cuestión de meses, la camarilla se hizo con miles de acciones de la vieja compañía, gastando cerca de 3.6 millones de dólares para hacerse con el control de una compañía que luego pretendían vender al gobierno estadounidense.
En septiembre de 1901, tras el asesinato del entonces presidente William McKinley y la posesión de su vicepresidente, Theodore Roosevelt, la operación de los especuladores encontró un impulso adicional. No solo porque entre la camarilla de banqueros se encontraba su cuñado y consejero, el financista Douglas Robinson, sino porque a nivel político Roosevelt era un ferviente defensor de la expansión colonialista de Estados Unidos.
Roosevelt respaldó públicamente la anexión de Cuba, Puerto Rico, Hawai y Filipinas y en muchas ocasiones defendió que el proyecto del canal interoceánico era la clave para el posicionamiento de Estados Unidos como potencia mundial, además de la función estratégica y logística a nivel comercial y militar de conectar ambas costas del país, en especial, después de la experiencia bélica frente a España.
Cuando Roosevelt se posicionó, la alternativa por Nicaragua tenía mayor cantidad de adeptos en la opinión pública y mayorías en el Congreso. Para enero de 1902, la Cámara de Representantes había aprobado la ley para la construcción del canal por Nicaragua. Pero la coordinación entre Roosevelt, Hanna, Cromwell y Bunau Varilla logró en poco tiempo cambiar la pretensión de Maurice Hutin, presidente de la Compagnie Nouvelle, de vender los derechos de construcción de 110 millones de dólares hasta a los 40 que ya había propuesto Cromwell; presionar uno a uno a los miembros de la Comisión Walker para que reconsideraran su decisión en vista de la nueva oferta de la Compagnie Nouvelle y emitieran un concepto a favor de esta y difundir Fake news como que en Nicaragua había hecho erupción un volcán, manipulando la opinión pública y la del Congreso.
Al final, en junio de 1902, a través de la Ley Spooner lograron que el Congreso terminara priorizando la construcción del canal por Panamá, en cuanto se lograra la cesión absoluta y a perpetuidad de la tierra en donde se construiría dicho canal, si Colombia no aceptaba, entonces negociar con Nicaragua. El Congreso también autorizaba la compra, por 40 millones de dólares, de la concesión que detentaba la Compagnie Nouvelle.
La posición de Colombia
Cuando se habla sobre Panamá, gran parte de los historiadores, políticos y analistas nacionales prefieren hablar de “separación” o “independencia” y distribuyen la carga de responsabilidades entre el “ventajismo” y las “necesidades” norteamericanas y la “miopía”, el “aislacionismo” y la “indecisión” de los políticos colombianos.
Es evidente que con esa distribución de responsabilidades se minimiza y hasta justifica la naturaleza imperialista de la actuación de Estados Unidos, sin ponderar qué, premeditadamente para la alianza Washington-Wall Street, o Colombia se sometía a un acuerdo que cediera absolutamente y a perpetuidad el territorio del Canal o intervendrían militarmente para asegurar su control como finalmente terminó sucediendo pues como ya había amenazado Roosevelt el istmo de Panamá constituía un dominio internacional innegable y que Estados Unidos tenía derecho a construir el Canal independiente de la opinión de Colombia.
Previo a la aprobación del Congreso estadounidense de la Ley Spooner, el gobierno colombiano por medio de su embajador José Vicente Concha había firmado con el secretario de Estado John Hay un tratado. En la negociación, Colombia había bajado su pretensión de un pago inicial de 20 millones de dólares a 7, una renta anual de 600.000 dólares a una cifra indeterminada que a posteriori sería establecida por un panel de árbitros y un arriendo fijo de 100 años a un arrendamiento renovable durante periodos de 100 años.
Cuando se aprobó la Ley Spooner que imponía un control absoluto y a perpetuidad de Estados Unidos sobre el Canal, Hay y Cromwell prepararon una enmienda al tratado. Concha se opuso, pero en Colombia el presidente Marroquín aceptó por 10 millones de contado y una renta anual de 600.000 después de 14 años. Esto derivó en la renuncia de Concha, que no validó la cesión de soberanía que imponía el tratado, y el encargo de Tomás Herrán como nuevo embajador.
Para la nueva negociación, Hay delegó a Cromwell, también representante de la compañía francesa, como intermediario frente a la delegación colombiana. Entre amenazas directas y veladas, incluyendo las del propio presidente Roosevelt, en enero de 1903 se firmó el tratado Herrán-Hay, que aceptaba la concesión a perpetuidad del canal y para Colombia un pago inicial de 10 millones de dólares y una renta anual de 250.000 dólares. A mediados de marzo, el Senado de Estados Unidos ratificó el tratado sin enmiendas y se esperaba que en agosto el Congreso colombiano hiciera lo propio.
En Colombia el gobierno de Marroquín contaba con que el Congreso colombiano rechazaría tajantemente el tratado Herrán-Hay y legítimamente ganar tiempo para las negociaciones a la espera del vencimiento en 1904 de la concesión que se le había otorgado a la empresa francesa. Sin la intermediación de los banqueros, nuevos propietarios de la Compagnie Nouvelle, Estados Unidos podría adquirir la concesión para construir el Canal a la mitad del precio, y el Estado colombiano, mejores condiciones y un mayor beneficio por la explotación de su territorio estratégico.
En el peor de los casos, Colombia, valiendo su derecho reclamaría a la empresa francesa 15 de los 40 millones de dólares que recibiría por parte de Estados Unidos, pues de acuerdo con la Concesión Wyse los franceses no podían vender, transferir ni ceder estos derechos a otra persona o entidad sin la aprobación explícita del gobierno colombiano, además los franceses habían incumplido rotundamente lo pactado incluso cuando se les había otorgado una extensión de 10 años tras su primer fracaso.
Cuando en Estados Unidos la camarilla conoció la aspiración de Colombia de reclamar una parte del pago a los franceses, reaccionó por medio de Hay, secretario de Estado, quien expresó: «Estados Unidos considera esta sugerencia totalmente inadmisible». Una declaración fuera de lugar, pues era un asunto que no era competencia del gobierno estadounidense. A propósito de este episodio en las páginas del New York World, el periodista Henry Hall escribió:
¿Para quién, en realidad, resultaba completamente inadmisible esta sugerencia, para Estados Unidos o para el señor Cromwell y sus amigos especuladores, cuyas utilidades serían entonces reclamadas en parte o en su totalidad por Colombia? ¿Era desventajoso para Estados Unidos que Colombia impusiera condiciones, justas o injustas, al concesionario en bancarrota que repetidamente había fracasado en la ejecución de su contrato?
En el New York Herald se advertía previamente a la votación del Congreso colombiano:
«Personas interesadas en obtener los 40 millones de dólares por el canal de Panamá están, desde luego, ansiosas de que este gobierno proceda a tomarse la propiedad, incluso si eso causa una guerra». El 9 de junio, Hay le envió un telegrama a Arthur Beaupré, encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, con el famoso ultimátum: «Si Colombia rechaza ahora el tratado, se podría emprender una acción antes del siguiente invierno que todos los amigos de Colombia lamentarían».
El 13 de junio en el New York World se publicaba un informe transmitido por Roger Farnham, agente de prensa de Cromwell, que pronosticaba la fecha de una revolución en Panamá el 3 de noviembre si el Congreso colombiano no aprobaba el Tratado:
El presidente Roosevelt está decidido a tener el canal de Panamá… El estado de Panamá se separará si el Congreso colombiano no ratifica el tratado… Los ciudadanos de Panamá proponen, después de la secesión, firmar un tratado con Estados Unidos, dando a este gobierno el equivalente de una soberanía absoluta sobre la Zona del Canal. A cambio, el presidente de Estados Unidos reconocería con prontitud el nuevo gobierno.
Cuando el 29 de junio el Congreso colombiano rechazó el Tratado Herrán-Hay, la camarilla de Washington-Wall Street aceleró el plan de desmembramiento de Colombia. En agosto, el senador Shelby Cullom, volviendo de la residencia de verano del presidente Roosevelt, declaró a la prensa: «Es posible que firmemos otro tratado, no con Colombia sino con Panamá».
El golpe militar y la jugada financiera
Los colombianos, en ambos lados del Tapón del Darién, eran actores de reparto en una historia que ya habían guionizado los gringos y de la que eran los principales actores. Por las buenas o por las malas, los Estados Unidos se harían con el control absoluto y a perpetuidad del futuro Canal.
Su agresión se materializó con las órdenes secretas enviadas por cable al comandante Hubbard desde el Departamento de la Marina el 2 de noviembre de 1903, para evitar el desembarco de la fuerza armada colombiana en su propio territorio en Panamá, cuando ni siquiera había habido señales de disturbio ni declaración o acción alguna de revolución independentista. Pero la orden al capitán Hubbard no había sido una medida repentina, ya que, desde el mes de julio, Roosevelt había ordenado un informe de inteligencia militar cuyas conclusiones conoció el 16 de octubre.
El documento daba cuenta de las características geográficas del interior de Panamá, una descripción de cada cala donde podían atracar barcos, puertos existentes, rompeolas, así como reconocimiento topográfico de las 25 estaciones de la ruta del ferrocarril, también describía la mejor manera posible de transportar artillería desde Colón hasta la ciudad de Panamá por ferrocarril y a pie por las vías férreas.
Por eso, en vísperas de la “revolución”, los navíos de guerra norteamericanos provenientes del Pacífico, así como el Dixie, el Boston y el Nashville y otros, estaban premeditada y estratégicamente ubicados en el Caribe para conjurar la “amenaza colombiana” antes de que siquiera se oyera el primer grito de independencia.
La actuación de Roosevelt no solo violaba abiertamente la soberanía de Colombia, rompía con el derecho internacional de la época y particularmente traicionaba el tratado Mallarino-Bidlack de 1846 por el que los colombianos le habían dado <<derecho de tránsito por el istmo>> y autorización para la construcción del primer ferrocarril intercontinental a cambio de que los estadounidenses fueran garantes de «los derechos de soberanía y propiedad que tiene y posee Colombia sobre dicho territorio».
En el Istmo, la veintena de conspiradores independentistas eran empleados de la Panama Railroad & Steamship Co., cuyo director y representante era Cromwell. Entre sus subordinados estaba Manuel Amador Guerrero, quien sería el primer presidente de la naciente república y que también integró, a través de un testaferro (F.L. Jeffries), el memorándum de acuerdo secreto con el que la camarilla de Wall Street emprendió la tacada financiera para apropiarse de la mayoría de las acciones de la compañía francesa.
Como lo reconocieron una década más tarde, los “revolucionarios independentistas” ante estrados judiciales y la prensa internacional, con declaraciones orales, testimonios escritos y la entrega de pruebas, la gesta de independencia de noviembre fue planificada y financiada por la camarilla que lideraba Cromwell desde las oficinas de Wall Street.
Sobre el “ánimo revolucionario” de los panameños, el capitán norteamericano Hubbard del Nashville afirmó: “Los panameños eran un rebaño de ovejas; nuestros muchachos tuvieron que hacerlo todo”. No podía ser de otra manera: las masas revolucionarias que coreaban en la plaza “¡Viva Panamá! ¡Viva el gobierno norteamericano!”, la componían 442 miembros del cuerpo de bomberos y 500 policías sobornados.
El prestigioso diario The New York Times publicó el 29 de diciembre de 1903: “El canal fue propiedad robada. Los socios del robo son un grupo de promotores del canal y especuladores y cabilderos que obtuvieron su dinero como producto de la rebelión fomentada, protegida y realizada por el gobierno de los Estados Unidos”.
El 6 de noviembre, sin cumplirse tres días del comienzo de la “revolución”, los Estados Unidos reconocían al gobierno insurgente como gobierno de facto en la ciudad de Panamá. Los buques de guerra norteamericanos rodeaban ambos lados del istmo prohibiendo el acceso de las fuerzas armadas colombianas. La junta de gobierno provisional de la República de Panamá designó al ciudadano francés Bunau-Varilla como embajador plenipotenciario de la República de Panamá y el 13 de noviembre, el gobierno de Roosevelt le otorgó el reconocimiento de jure en Washington.
El 18 de noviembre se cerraba el Tratado Hay-Bunau-Varilla, otorgando a los Estados Unidos la concesión del Canal, aceptando todas las condiciones, especialmente aquella que confería control absoluto y a perpetuidad del futuro Canal, y otorgando a la nueva república la indemnización de 10 millones de dólares. Panamá había nacido como un protectorado estadounidense.
El encargado de ejecutar los pagos no fue el secretario del Tesoro sino J.P. Morgan, que fue designado como agente fiscal para las transacciones entre Estados Unidos, Panamá y la compañía francesa. Morgan pagó alrededor del 30% del dinero a los accionistas franceses sancionados, quienes obtuvieron beneficios superiores al 129% sobre su inversión inicial. Bunau-Varilla recibió al menos 440.000 dólares. El resto del dinero, el 60% de los 40 millones, acabó en manos de los miembros norteamericanos de la camarilla que había suscrito el acuerdo secreto, que obtuvieron unos rendimientos sobre sus inversiones de hasta el 1.233% aproximadamente.
Cromwell se convirtió en asesor general, agente fiscal y representante de Panamá en Estados Unidos hasta 1937, cuando él y J. P. Morgan entregaron el fondo al Chase Manhattan Bank, invertido en más de 100 títulos hipotecarios en Nueva York. También fue asesor de Roosevelt y, más tarde, del presidente Taft, rigiendo los destinos del canal de Panamá durante más de una década. Antes de perder el control de la Panama Railroad & Steamship Co., logró extraer otro millón de dólares mediante la emisión de bonos, repartiendo dividendos con su camarilla, al tiempo que dejaba la deuda al fisco estadounidense.
Los hallazgos sobre la participación de Wall Street se dieron en el marco de una disputa legal entre el gobierno de Theodore Roosevelt, que demandó por calumnia (1909) al periódico World de Joseph Pulitzer, en un caso que giró en torno a la libertad de prensa y censura. El caso surgió a raíz de las denuncias de los periodistas Henry Hall y Earl Harding, sobre cómo la camarilla de Wall Street había trabajado con el Gobierno para perpetrar el robo de Panamá, donde señalaban como Cromwell fue «prácticamente el secretario de Guerra en lo que se refería al canal de Panamá» y que «su bufete de abogados en el 41 de Wall Street era la verdadera oficina ejecutiva del canal de Panamá».
Entre los hallazgos principales que aportaron los periodistas estaba el memorando confidencial en el marco de un litigio en el que Cromwell cobrara los honorarios del 2% por los 40 millones de dólares pagados por Estados Unidos por los servicios prestados a la Compagnie Nouvelle desde 1896. Cromwell describió con detalle cómo había convencido al secretario Hay de impedir que Colombia exigiera dinero a la Compagnie Nouvelle, su papel en los planes de la revolución de Panamá y la creación de la camarilla norteamericana para comprar los activos de la Compagnie Nouvelle.
Los periodistas también hallaron los testimonios de los conspiradores, incluyendo el de Raoul Amador, hijo del primer presidente de Panamá con pruebas sobre el origen gringo de la creación intelectual de la “revolución” independentista y de su financiación, así como la distribución de sus comisiones y cientos de giros directos de J.P. Morgan dirigidos a la Junta revolucionaria empezando por Manuel Amador.
Otro hallazgo fundamental fue el Memorándum de acuerdo de la Camarilla de Wall Street, de 16 páginas, que relacionaba, paso a paso, el plan de especulación y compra de acciones en Francia, así como los nombres, montos y firmas de cada participante. Más de 600 páginas ocupan los anales de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre lo sucedido en Panamá en 1903, conocidos como The Story of Panama: Hearing on the Rainey Resolution Before the Committee on Foreign Affairs of the House of Representatives.
En Colombia, el sentimiento de traición y agravio que provocó el robo de Panamá entre su población, por parte de “el gran cerdo del norte”, no tuvo resonancia en los sucesivos gobiernos que, con resignación y sumisión, aceptaron dócilmente la realidad impuesta. Estados Unidos no reconoció el perjuicio perpetrado contra Colombia y esta tuvo que esperar dos décadas, la muerte de Roosevelt y los hallazgos petrolíferos, para recibir el “resarcimiento” económico que finalmente ofreció el gobierno estadounidense en 1922.
Colombia entra al siglo XX no solo con el lastre de una sangrienta guerra civil y profundos rezagos feudales, sino también con la desintegración territorial producto de una agresión imperialista por parte de Estados Unidos. No es cosa menor, en el proyecto de consolidar un Estado, enfrentar la separación a la fuerza de la zona más estratégica. En adelante, el asunto sobre la soberanía será un tema central en las relaciones internacionales de Colombia, en particular en sus asuntos económicos.
De hecho, cual síndrome de Estocolmo, la política económica colombiana ha estado presa desde entonces de una especie de afección por su abusador institucionalizada con la doctrina respice polum (Mirar hacia el norte). Panamá fue el primer capítulo de una relación neocolonial que se consolidó en el transcurso del siglo XX y continúa hasta hoy: la Misión Kemmerer, los acuerdos Petroleros y el leonino tratado de comercio de 1935, las políticas de “desarrollo” con la creación del Banco Mundial, la devaluación forzada en la década del 60, el plan de endeudamiento a través de los préstamos Concord, la apertura económica, el Plan Colombia y su capítulo económico, la “confianza inversionista”, las bases militares, el TLC, la alianza con la OTAN, por mencionar solo algunos.
Con este video, damos apertura a una serie sobre la historia de las relaciones económicas y políticas entre Colombia y Estados Unidos que expresan su naturaleza neocolonial.
Esperando elevar el nivel de conciencia entre los colombianos y la resistencia civil que necesitamos para lograr una… Colombia soberana.
Fuentes
El texto de este video fue escrito por Julio César Peluffo, basado originalmente en el artículo “Antecedentes de la inserción de Colombia en la economía global” que a su vez tuvo como principales fuentes:
1. Del tratado Herrán-Hay al tratado Hay-Bunau Varilla. Panamá, historia crítica del atraco yanqui, mal llamado en Colombia la “pérdida de Panamá” y en Panamá “Nuestra independencia de Colombia” (1936), de Óscar Terán, abogado y político colombiano, representante a la Cámara por el entonces departamento de Panamá, consumó, tras tres décadas de investigación, el libro más valioso y rigurosamente documentado sobre la “independencia” de Panamá.
2. El país creado por Wall Street. La historia no contada de Panamá (2001), de Ovidio Díaz Espino, panameño magna cum laude en ciencias políticas de la Universidad de California que ubica, con todo el rigor, la participación del capital financiero y los lobos de Wall Street en la conspiración por hacerse con el canal.
3. El capital norteamericano y la penetración imperialista en Colombia (1930), de Fred J. Rippy, profesor e historiador norteamericano de la Universidad de California, Berkeley, con más de dos decenas de publicaciones sobre historia diplomática de Estados Unidos y América Latina.
4. Colombia siglo XX: estudio histórico y antología política 1886-1934, de José Fernando Ocampo.
5. Y el gringo ahí: 200 años de relaciones entre Colombia y Estados Unidos, Alfonso Cuellar.
6. The Untold Story of Panama, de Earl Harding
7. The Path Between the Seas, de David McCullough
8. La principal fuente de información sobre Bunau-Varilla son sus propias memorias publicadas, en el especial Panama: The Creation, Destruction and Resurrection,
