Frente a las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe -a las que el ministro de defensa del gobierno de Petro dio la bienvenida– Colombia Soberana advirtió que “la intervención militar en América Latina pasó de ser la lucha antisubversiva a la lucha antinarcóticos” y que esto “abre la puerta para una nueva oleada de intervencionismo militar de parte de los Estados Unidos en los países del continente”.
Durante los últimos tres años, la fuerza pública bajo el mando de Petro ha continuado ejercicios con unidades militares estadounidenses. Hace apenas dos meses, la Fuerza Aérea Colombiana la Fuerza Aérea del Sur de los Estados Unidos y la Guardia Nacional Aérea de Carolina del Sur llevaron al cabo la operación Relámpago de los Andes, en el marco de lo que eufemísticamente llaman “colaboración eficaz”, con Estados Unidos como “socio duradero y confiable”.
El 15 de septiembre, el gobierno fue descertificado por EEUU en la lucha contra las drogas. Las afirmaciones subsiguientes de John McNamara, según las cuales esta decisión no implicaba cambio alguno ni acarreaba sanciones para Colombia, dejaron claro que esta obedecía a la puja entre las facciones republicana y demócrata del imperialismo, y no a la política de drogas de Petro, que ha sido sumisa a más no poder. La confrontación retórica escaló con el show electoral del petrismo en las calles de Nueva York, al que los yanquis respondieron quitándole la visa. Aunque el genocidio en Gaza era el centro del debate, el presidente de Colombia terminó desdiciéndose de su llamado a los soldados de Estados Unidos y, peor aún, ofreciéndose a poner soldados colombianos al servicio de sus propósitos.
Tras declarar el primero de octubre un “conflicto internacional contra el narcotráfico”, Estados Unidos ha atacado seis embarcaciones en el Caribe, de manera unilateral y prepotente, en una violación abierta del derecho internacional, mostrando su carácter de superpotencia agresora. Lo que se puede calificar como ejecuciones extrajudiciales ha cobrado la vida de 30 personas. Al menos una de ellas era un ciudadano colombiano.
A las denuncias de Gustavo Petro por las violaciones de los derechos humanos en esas acciones de invasión al territorio nacional, Trump respondió con amenazas imperialistas. Prometió “venir a cerrar de mala manera” lo que llama “campos de la muerte” y con suprimir la ayuda neocolonial por todo concepto; lo calificó de “líder narcotraficante”, y corren versiones de que se pondrían aranceles mayores a las exportaciones colombianas.
A semejante asechanza la respuesta prosternada de Petro es que “el problema es con Trump y no con Estados Unidos” y que el presidente gringo está “engañado por logias y asesores”, evocando una vez más sus debates contra el paramilitarismo, de los que se vanagloria mostrándolos como prueba de que es un “buen socio” de Estados Unidos.
La reedición de las épocas del “gran garrote” en tiempos de Trump reitera que, mientras existan las relaciones neocoloniales con las que el imperialismo norteamericano ejerce su preponderancia sobre el sur del Continente, no habrá paz ni prosperidad. Asimismo, que la misión de revertirla no podrá porfiarse en quienes, como Petro, bien discrepan o bien contemporizan, según sus conveniencias.
Por enrevesados que sean los hechos presentes, no puede omitirse que la construcción de otra Colombia tiene como requisito indefectible la conquista de la conducción soberana del país, sin ella no habrá bienestar general ni progreso social ni económico, para forjar una Nueva Democracia, como lo propone el número cinco del periódico Soberanía
