Parte gruesa del problema arrocero pasa por las importaciones tras los acuerdos comerciales con Estados Unidos y países de la CAN, ante los que Colombia compite en condiciones asimétricas. Para el caso estadounidense, el éxito no recae en el área cultivada, sino en la productividad (toneladas/hectárea) figurando en el top cinco mundial, gracias a los avances tecnológicos y la fuerte política de subsidios. Exporta alrededor del 40 % de su producción; a Colombia, entre 2018 y 2023, en promedio, envió 136 mil toneladas (USDA).
Tiene dos programas específicos de subvenciones: la Cobertura de Pérdida de Precio (PLC), el más usado, y la Cobertura de Riesgo Agrícola (ARC). Además de préstamos para la asistencia a la comercialización. Y dineros para exportar a nuevos mercados, en 2024, con ese fin, los arroceros gringos recibieron 11,4 millones de dólares (casi $50 mil millones). En subsidios, las 16 granjas más grandes de arroz, recibe cada una, alrededor de USD 10 millones. De 1995 a 2021, anualmente, recibieron un valor combinado de USD 197.7 millones. Así quintuplicaron las ganancias (Octubre/2023, ewg.org).
Estos datos pueden servirle a la ministra Carvajalino que desconocía si el arroz norteamericano venía con dumping (Blu Radio). Podría calcularse al dividir los USD 250 millones ($1 billón), del programa general nacional estadounidense, entre los 5 y 6 billones de pesos estimados del valor de la cosecha colombiana, alrededor del 20 % de la misma. A contramano, el apoyo en Colombia, no llega ni a $100.000 millones, el 1 %.
En cuanto a la CAN. De Ecuador proviene el 60 % del arroz importado. Allí disponen de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA-EP), con alcance para hacer convenios sectoriales. De hecho, como parte del programa estatal de multiplicación de semillas, que incluye la asistencia técnica, sumó apoyos de USD 4.433 por productor ($17 millones) equivalente al 18% de los costos de producción (Revista Espacios. 15/01/2018). Además, tras eliminar salvaguardias, aumentó los envíos a Colombia, sin contar los contingentes por contrabando.
Mientras tanto, el presidente Petro desechó el incentivo de almacenamiento, dejado también bajo el tapete de la mesa del paro, omitiendo corregir sus fallas y añadirle alcances para impulsar políticas sectoriales. Además, sin tener que despojarlos de sus sombreros, logró pactar un acuerdo sin poner un peso ni medidas de apoyo, fomento y protección estatal. En contravía de lo que hacen los competidores. Aplicó la fórmula de abordar los síntomas y no las causas de la enfermedad. ¿Bastará con trasladar la solución del problema a otros actores de la cadena, entre los que figuran importadores de arroz, y a los consumidores?
El mercado arrocero colombiano es imperfecto, con 16.500 productores, y un oligopolio comprador con poder dominante sobre los precios de los productos. En una suerte de agricultura por contrato, la cura no es como predica la ministra Carvajalino, que “no se puede sostener al sector arrocero con subsidios, sino con líneas de financiamiento”. Esto oculta la negativa del gobierno a renegociar el TLC y revisar lo acordado con la CAN. Diferentes son las tesis aplicadas en Estados Unidos en el que los congresistas piden medidas para defender a algunos estados de las importaciones desde Tailandia. (Clay Higgins, 30/07/2025). Al final, tras lo acordado, la suerte de los arroceros quedó en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC. Mal precedente.
Columna de opinión tomada del Diario de Otún.
Publicada el 2 de agosto de 2025.
