Los problemas tienen que ver tanto con los TLC erróneamente negociados para el sector agrícola como las políticas nacionales que incluyen serias fallas en las fronteras.
Los tratados condicionados al cumplimiento de cuotas de importación, redujeron aranceles paulatinamente desde su firma hasta llegar a cero para el año 2030. A esto se suma el dique en las fronteras como la de Ecuador en la que abundan ilegalidades como el contrabando ante la falta de control.
En este punto es necesario recordar que la renegociación de los TLC y el fortalecimiento de la producción de alimentos con la producción campesina y agroindustrial, fue parte de la agenda política con la que este gobierno llegó al poder.
Pero la realidad es que el sector agrícola colombiano sigue padeciéndolos en mayor grado. Es así que después de tan solo dos meses del último paro arrocero, los líderes del sector llaman nuevamente a las carreteras. Y es que después de otra mesa de concertación entre el gremio y el gobierno, aducen incumplimiento de los diferentes puntos acordados. Se veía venir desde la firma del deficiente acuerdo firmado para levantar el paro.
Sin embargo, a pesar de que la problemática aborda frentes temas, el principal llamado obedece a la baja del precio del arroz paddy “verde”; es decir, la venta de la cosecha en fresco o con alto grado de humedad, sin someterlo a un proceso de secado ya que los productores no cuentan con infraestructura de secado, ya sea por el alto costo de adquisición o por la falta de asociatividad, que evite la grave estacionalidad del 70% de la cosecha en el segundo semestre, viéndose obligados a venderla en el momento de la recolección a la industria molinera.
De hecho, según la Bolsa Mercantil de Colombia, esta industria se comporta como un Oligopolio, término económico que indica “la presencia de un puñado de empresas que tienen la capacidad de influir en el mercado, y por tanto controlar la formación del precio de los productos o servicios”. También aduce que, aunque las molinerías asumen niveles de deuda más altos que los productores de arroz, sus ingresos y rentabilidades son superiores.
Por lo tanto, consideramos, es importante empezar por cerrar el dique de las importaciones con Ecuador y Perú. En cuanto a los faltantes de arroz, deben traerse vía marítima con los controles debidos al contrabando técnico el cual está causando pérdidas de más del 10 % por carga a los cultivadores colombianos.
De igual modo, hay que implementar de manera urgente un mecanismo de apoyo a los productores para almacenar los excedentes temporales, que sea equitativo y vigilado.
También, solicitar a la Super Intendencia de Industria y Comercio SIC, que en el cumpliendo de sus deberes, revise los medidas y prácticas que están conduciendo a la baja de los precios al productor
También urge la entrega inmediata de áreas de siembra por parte del ICA en colaboración con Fedearroz, Dane y otras entidades vinculadas a fin de que no se siga especulando con la tierra para este propósito.
Y además de los asuntos coyunturales, deben implementarse políticas públicas que trasciendan la “buena voluntad” y las “mesas” gubernamentales que se han convertido en un embeleco. .
Por último, el ejecutivo y el legislativo deben prestar atención a los insumos presentados en las Audiencias Públicas. Como la del pasado 23 de mayo realizada en Saldaña Tolima convocada por el Senador Richard Fuelantala, con asistencia del sector arrocero del país y gobernantes de la región productora. De haber atendido estos asuntos, el país se hubiera ahorrado los platos rotos en las carreteras. Por lo tanto, solicitamos se atiendan con rigor las peticiones aquí ampliadas. Los productores de arroz y los dirigentes agropecuarios y analistas del sector, tienen la razón.
