La Universidad Nacional de Colombia, bastión del conocimiento y de la lucha social, ha alertado sobre las serias dificultades económicas que enfrenta para cumplir con el Decreto 391 de 2025 del Gobierno Petro que ordena la formalización de docentes y administrativos. Teniendo en cuenta que la financiación de las adecuadas condiciones laborales de profesores y trabajadores y la estabilidad financiera de las universidades públicas son condiciones necesarias para la calidad y deben ser financiadas por el Estado, rechazamos que Petro y su ministro de trabajo Sanguino impongan estas medidas sin el presupuesto necesario para garantizar su implementación y sostenibilidad en el tiempo.
Según informes presentados en el Consejo Superior Universitario, la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) deberá asumir un costo adicional de $226.000 millones de los $2,9 billones que el Sistema Universitario Estatal (SUE) estima que costará cada año tal “formalización” para todas las universidades públicas. Este gasto, impuesto en el reciente decreto, no viene acompañado de nuevos recursos para su financiación. Por el contrario, representa una carga adicional para las ya limitadas finanzas de las universidades, que dependen de una creciente autofinanciación para sobrevivir debido a los aportes insuficientes del Estado. En el caso de la UNAL, por ejemplo, el porcentaje de recursos provenientes de la autofinanciación ha aumentado de manera sostenida durante el gobierno de Gustavo Petro.
El rector de la UNAL, Leopoldo Múnera, ha advertido que la institución no dispone de los recursos necesarios para cubrir el costo que implica la medida. Pero el problema va más allá. A esta trampa financiera que significa el Decreto para las universidades públicas, hay que sumar otras medidas populistas del actual gobierno nacional que pretenden engañar con supuestos avances a la vez que sumen a las instituciones en una creciente crisis económica.
Un ejemplo de esta situación es el programa de Gratuidad, que no cubre el costo real por estudiante sino únicamente el valor del recibo de matrícula, cobija solo a algunos estudiantes y, lo que es peor, he presentado demoras de más de un año para desembolsar la totalidad de los compromisos de transferencias para cada cohorte, lo que pone en serios aprietos a las universidades que viven día a día buscando más recursos para llegar al final de cada año.
En adición, el Gobierno ha incorporado nuevos recursos a la base presupuestal de la UNAL a través de programas como «Universidad en tu Territorio», «Fortalecimiento de Sedes de Presencia Nacional» y «Facultad de Ciencias de la Vida». Si bien estos fondos aparentan ser un alivio, en realidad llegan condicionados al cumplimiento de metas específicas de gobierno, impidiendo expresamente inversiones en infraestructura. Esta restricción constituye una vulneración a la autonomía universitaria.
Así pues, en las últimas dos vigencias de presupuesto (2023 y 2024), el gobierno Petro aumentó el presupuesto por encima del IPC en 7% y 9%, sin embargo, 2% y 4% de aumento, respectivamente, son recursos condicionados y, con el 5% restante tendría que cubrir los mayores costos del Decreto de formalización. Como se evidencia en la siguiente gráfica, los recursos adicionales apenas alcanzan para una quinta parte del costo estimado para la agitada “formalización”.
(Fuente: elaboración propia con base en información recogida de la sesión del 02/04/2025 del CSU de la UNAL)
Lo que es peor, esta asfixia financiera significa un duro golpe a la producción científica de la universidad ya que, mientras que las transferencias públicas aumentan cada año con respecto a la inflación, los costos asociados al carácter científico deben crecer de manera más acelerada para garantizar la calidad. Según establece el Decreto 1279 de 2002, los salarios de los docentes se incrementan en función de la productividad académica, es decir, se rigen por un incentivo necesario a la producción científica que genera un crecimiento acelerado de la financiación.
En este contexto, si se suma la carga presupuestal que implican los nuevos docentes de planta de los programas con destinación específica, junto con la exigencia del Gobierno de formalizar docentes y administrativos sin recursos nuevos, la Universidad Nacional podría regresar a épocas de serios déficits para cubrir su nómina. La UNAL es un caso emblemático de esta crisis, sin embargo la situación es aún más grave en muchas instituciones de educación superior regionales, que carecen de músculo financiero y presentan mayores niveles de precarización.
Estas decisiones del gobierno Petro, aunque presentadas como progresistas, están aumentando la asfixia financiera de las universidades públicas. Ante este nuevo golpe a su carácter público y científico, llamamos al movimiento universitario a no caer en las trampas financieras del gobierno de turno y enfilar la resistencia civil contra sus políticas educativas que, igual que los anteriores, separa cada vez más la educación pública de los intereses nacionales.
