Las promesas del Gobierno Petro sobre el mejoramiento de las condiciones laborales en el sector salud siguen sin cumplirse. A pesar de haber contado con el respaldo de una parte importante del gremio, las medidas adoptadas hasta ahora no han respondido a las demandas del sector. De un lado, la propuesta de reforma a la salud no resuelve los problemas estructurales del sistema y carece de un análisis fiscal sobre su viabilidad. De otro lado, el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ha resultado insuficiente para cubrir las necesidades crecientes del sistema de salud. En este contexto, mientras la salud sigue en crisis, las condiciones laborales de los trabajadores de la salud continúan deteriorándose.
Médicos y enfermeras ―quienes cuentan con una fuerza gremial considerable― han denunciado en redes sociales el progresivo deterioro de sus condiciones laborales. No obstante, hay otros profesionales de la salud cuya situación es aún más vulnerable y menos visible: los rehabilitadores.
La rehabilitación domiciliaria se ha convertido en una alternativa esencial para pacientes con dificultades de movilidad, especialmente adultos mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, detrás de este servicio se esconde una realidad preocupante: la precarización laboral de los profesionales encargados de brindar la atención.
Mónica Rodríguez es fonoaudióloga de la Universidad Nacional de Colombia y dedica su vida a la rehabilitación comunicativa. En esta entrevista nos habló sobre la precarización del mercado laboral para los profesionales de la rehabilitación en el país, en especial dentro de la modalidad de terapia domiciliaria.
Fotografía tomada de internet.
Periódico SOBERANÍA: ¿Cómo encontró la oferta de fonoaudióloga domiciliaria?
Mónica Rodríguez: La encontré en una plataforma de empleo mientras buscaba trabajo. Algo que me pareció muy particular fue que, a lo largo de todo el proceso de selección y contratación, la empresa fue cambiando ciertas condiciones laborales. Inicialmente ofrecían unas condiciones, pero luego las modificaban sobre la marcha.
Periódico SOBERANÍA: Es decir, usted postuló a una oferta laboral y terminó vinculada con otra diferente.
Mónica Rodríguez: Sí. Inicialmente me ofrecieron $22.000 pesos por sesión de terapia de media hora y más adelante, en el proceso de reclutamiento, dijeron que no eran $22.000 sino $21.000. Finalmente, cuando me informaron que había pasado el filtro del proceso, me dijeron que el pago era de $18.000 por sesión. Cuando le pregunté al reclutador por qué habían cambiado la oferta inicial, se negaron a responder y solo insistieron en que la tarifa final era de $18.000 pesos.
Periódico SOBERANÍA: En cuanto a las demás condiciones laborales, ¿qué le ofrecieron exactamente?
Mónica Rodríguez: Era un trabajo por prestación de servicios. Para poder iniciar, me exigieron un curso de atención a violencia intrafamiliar, que muchas empresas solicitan. Me dijeron que, como estaba en proceso de selección, ellos me “prestaban” el dinero para hacerlo, pero me lo descontarían del primer pago.
Al ser una modalidad domiciliaria, nos hacían recomendaciones como no ir en carro para evitar retrasos por parqueo y, en su lugar, utilizar bicicleta o transporte público. Además, la empresa definía que la sesión iniciaba solo desde el momento en que comenzábamos la terapia en la residencia del paciente. Sin embargo, el tiempo dedicado a realizar las evoluciones en las historias clínicas no era reconocido como parte de la jornada laboral.
Como mencioné antes, el pago por sesión de media hora era de $18.000 pesos, los pagos eran mensuales y nosotros debíamos presentar todos los soportes de los pacientes atendidos.
Periódico SOBERANÍA: ¿Le parecían justas esas condiciones en relación con el trabajo realizado?
Mónica Rodríguez: Definitivamente no. Era demasiado trabajo. Básicamente, uno tenía que asumir el costo del transporte, lo que significaba que ni siquiera estaba ganando $18.000 pesos por sesión. La empresa proporcionaba algunos equipos dependiendo del tipo de intervención, pero otros materiales debía comprarlos con mis propios recursos.
Además, la terapia no es solo la sesión de media hora con el paciente. Hay que planear las intervenciones, evaluar los casos y analizar los avances, lo que implica un tiempo adicional que no es remunerado. A pesar de que el contrato era por prestación de servicios, exigían disponibilidad para atender ocho pacientes al día.
Como era OPS, no cubrían afiliación a salud ni ARL, tampoco ofrecían bono de transporte. Solo daban algunos incentivos económicos por cumplimiento de plazos e indicadores.
Periódico SOBERANÍA: ¿Qué fue lo más crítico de trabajar bajo esta modalidad?
Mónica Rodríguez: Para mí, lo más difícil fueron las condiciones laborales. Es triste que justamente en el sector salud los trabajadores sean los más descuidados. Si un paciente confirma su cita, uno debe ir bajo cualquier circunstancia, llueva, truene o relampaguee.
Otro problema es la falta de garantías. Quienes tienen un contrato laboral pueden acceder a incapacidades si se enferman, pero en prestación de servicios, si uno se enferma, simplemente no trabaja y no le pagan.
El tiempo también es un problema. Aunque la empresa dice que la sesión es de media hora, en la práctica, se extiende más porque uno debe evaluar al paciente y buscar la mejor estrategia terapéutica. Además, los traslados entre domicilios consumen tiempo, lo que hace que sea casi imposible cumplir con los pacientes que piden y tener una jornada laboral sostenible.
Periódico SOBERANÍA: ¿Qué le dirías al gremio de rehabilitadores del país sobre este tipo de ofertas laborales?
Mónica Rodríguez: Entiendo por qué muchas personas aceptan estas ofertas, sobre todo cuando están buscando experiencia y necesitan un ingreso. Pero al aceptarlas, terminamos permitiendo que las empresas se acostumbren a precarizar nuestro trabajo. Somos nosotros mismos quienes hemos dejado que nuestra labor sea subestimada y menospreciada.
Debemos reflexionar sobre hasta qué punto seguimos permitiendo que esto pase. Está en nuestras manos poner un alto a estas prácticas.
Periódico SOBERANÍA: ¿Cree que este tipo de ofertas reflejan el estado actual del sistema de salud?
Mónica Rodríguez: Tengo una sensación contradictoria. Sé que estas ofertas no son justas y que no remuneran de manera adecuada la labor de un terapeuta o de cualquier profesional de la rehabilitación. Pero, al mismo tiempo, sé que hay muchas ofertas laborales peores.
Sin duda, estas ofertas muestran el estado crítico del sistema de salud y la falta de reconocimiento hacia los fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y respiratorios. Parece que nuestro trabajo no fuera valorado y que fuéramos “uno más del montón”.
Periódico SOBERANÍA: ¿Crees que la unidad y movilización del gremio pueden ayudar a mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la rehabilitación?
Mónica Rodríguez: Absolutamente. Estoy segura de que la unidad puede lograr cambios, pero el problema es la falta de disposición dentro del gremio. También hay mucha deslealtad.
He conocido casos de colegas que subcontratan fonoaudiólogas a su nombre y les pagan un valor aún más bajo, quedándose con una parte del pago. Así que los problemas son varios: la falta de disposición, la deslealtad y la forma en que nos vemos a nosotros mismos como profesionales.
La unidad y la movilización son necesarias, pero son difíciles de lograr porque las personas necesitan comer, tienen familias y gastos. Es frustrante salir de la universidad después de años de esfuerzo, amar tu profesión y no encontrar un trabajo que te remunere de manera justa.
Además, si lo analizamos desde una perspectiva regional, yo estoy en Bogotá y sé que mis condiciones son mejores en comparación con las de colegas que trabajan en zonas rurales, donde la precarización es aún peor. A pesar de todo, creo que la lucha vale la pena y que debemos seguir insistiendo en mejorar nuestras condiciones laborales.
