Luego de dos debates de control político en abril en la Cámara y el Senado, respectivamente, queda como un hecho irrefutable el respaldo irrestricto y el empeño absoluto del gobierno de Gustavo Petro en adelantar el proyecto militar financiado por Estados Unidos en el Parque Nacional Natural Isla Gorgona. La comunidad científica ha advertido que este proyecto amenaza con causar graves impactos a la riqueza biológica de la isla y con cercenar la soberanía nacional en un grado solo comparable al robo de Panamá, como lo afirmó el investigador Jimmy Viera, en un foro reciente del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
No es cierto, como se ha dicho desde un sector del ambientalismo afecto al gobierno, que la Dirección de Parques Nacionales es por sí sola “cómplice, incoherente e incongruente con lo que representa Gustavo Petro”. Como si esta fuera una rueda suelta que no hace parte de la jerarquía gubernamental y actuara bajo sus propios criterios sin seguir las directrices de la cabeza del sector que es la ministra Susana Muhamad.
Si hay un cómplice con el proyecto militar de Estados Unidos en la Gorgona, planificado por Uribe, autorizado por Santos y empezado por Duque, se llama Gustavo Petro. Su estruendoso silencio, que será recordado para siempre por los habitantes de Guapi, roto solo para estigmatizar a quienes nos oponemos al posible ecocidio, es prueba de ello.
Es alejado de la realidad afirmar, como lo hacen algunos miembros de ese sector que: “este es el Gobierno que va a parar este proyecto militar”, pues los hechos demuestran una y otra vez lo contrario. De no ser por la tutela que ganó el Consejo Comunitario de Guapi Abajo, gracias a los oficios del doctor Armando Palau Aldana, el proyecto estaría en plena construcción con el beneplácito del presidente Petro y del Sistema Nacional Ambiental, y estaría siendo celebrado como una victoria gubernamental.
El Comité Salvemos Gorgona pidió al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icahn) que emitiera un concepto sobre los vínculos ancestrales y culturales de las comunidades del área de influencia del Parque con la Isla, y así lo hizo. Este documento demuestra la necesidad que siempre ha habido de una consulta previa libre e informada. Si el Gobierno no quisiera implementar el proyecto, ¿por qué en lugar de lavarlo de verde como hizo en la rueda de prensa del 12 de febrero, no pidió este mismo concepto y tramitó por su propia voluntad y cuenta el proceso que todas las partes interesadas le advertimos que hacía falta?
“Todos tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones, pero no nuestros propios hechos”, dijo un famoso legislador estadounidense. El Comité seguirá adelantando acciones judiciales, y de resistencia civil en contra de esta iniciativa extranjera que nunca debió existir, como lo expreso el primer ministro de ambiente de Colombia, Manuel Rodríguez Becerra.
En un debate de control político memorable, el representante Juan Carlos Losada expuso, con apoyo de Jennifer Pedraza, de manera precisa ante el país las razones que demuestran el lavado verde que el gobierno le ha aplicado al proyecto. El viceministro del Interior, Diego Cancino, reconoció por fin el mea culpa del gobierno y declaro: “lo que ha pasado en la Gorgona no puede volver a pasar (…) asumimos esa responsabilidad”. Ante los certeros argumentos de los representantes, quedaron claros ante la opinión pública todos los errores que el gobierno ha cometido en este caso.
El Sistema Nacional Ambiental (SINA) en cabeza de Muhamad, debe tomar esta derrota judicial y política como una oportunidad para hacer un alto en el camino y actuar en adelante con la transparencia y honestidad de las que ha carecido a lo largo del proceso. En el marco de la consulta previa, libre e informada deben hacerse públicos y deben exponerse a los consejos comunitarios y a los terceros intervinientes los rubros específicos que tendrían las acciones del Ministerio de Defensa y la Armada en la Isla que suman 12 millones de dólares. El gobierno debe dejar de excusarse en un acuerdo de la época del presidente Kennedy, el de la Alianza para el Progreso, para ocultar el detalle que implica la millonaria inversión gringa, diciendo como lo ha hecho en múltiples ocasiones ante nuestras solicitudes, que es secreto por tratarse de un asunto “de seguridad nacional”.
De igual forma, en virtud de la coherencia que poco lo ha caracterizado, el gobierno Petro debe cumplir lo anunciado por la ministra Muhamad en el debate de control político en Cali, el pasado 18 de abril, y respetar el resultado de la consulta previa, sin intentar una consulta express, ni tratar de incidir sus resultados con promesas de inversión social que es ante todo una obligación estatal y no un artilugio para comprar conciencias.
Es la hora de las comunidades, su voz debe ser respetada
Colombia entera debe confiar en la firmeza de la voluntad de las comunidades que ya se ha expresado en múltiples ocasiones por medio de las opiniones de sus legítimos voceros en escenarios como el Congreso de la República, donde expusieron sus argumentos para oponerse al proyecto.
El señor Edgar Mancilla, pescador de Playa Bazán, mencionó la relación de la seguridad alimentaria del interior del país con la actividad de pesca que ellos realizan en esta zona. Jeisson Pineda, representante del Consejo Comunitario del Río Santinga, expresó en la Cámara que se han sentido invisibilizados por el gobierno nacional, al no entender la diferencia entre espacio geográfico y espacio de vida, pues no han convocado a los 39 consejos comunitarios de los ocho municipios del área influencia de la isla Gorgona para la consulta previa, y recordó que el gobierno no ha pedido perdón público por los múltiples errores cometidos. De igual manera, exigió que se permita una veeduría con participación directa de la comunidad, y que se permita que en la Isla se hagan fotos y videos libremente como parte de esta.
A su turno la señora Aura Elena González, lideresa de Ríos Unidos, recordó en una intervención muy sentida, que “no hay peor sordo que el que no quiere escuchar ni peor ciego que le que no quiere ver”, y agregó que aunque no son oposición: “estamos con la esperanza herida”, caracterizando de manera perfecta la actitud del gobierno frente a las comunidades en el marco de este proyecto.
El 12 de abril de 2023, la Mesa para la Gobernanza Ambiental del Territorio Insular, Étnico y Estratégico Gorgona-Sanquianga, le dió un no rotundo al proyecto militar. La preservación del patrimonio ambiental de los colombianos y la soberanía del país depende en gran parte de que ese pronunciamiento se ratifique como resultado de la consulta previa, libre e informada.
Sea cual sea el resultado de esta brega de la sociedad civil, asimilada por algunos como una batalla de David contra Goliat, hace un año parecía imposible de ganar, y hoy ve la luz al final del túnel. Está en manos de estas comunidades poner en jaque-mate el proyecto y lograr su cancelación definitiva para alcanzar una verdadera “paz con la naturaleza”.
Vienen nuevas luchas contras proyectos similares a este, con el mismo financiador extranjero en La Guajira, Pereira, y Leticia. La lucha por la soberanía no tiene descanso.
Columna de opinión tomada de La Silla Vacía.
Publicada el 3 de mayo de 2024.
