En mayo de 2022, 15 días antes de la primera vuelta presidencial, Gustavo Petro le dijo al periódico El Tiempo que se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a disminuir el déficit. Explicó que por eso el Fondo, en una carta poco conocida, afirmó que “no tenemos temores de los candidatos”. Sacó pecho: “Me incluye a mí”. Petro ha cumplido con rigor la promesa hecha al FMI. Las monitorias de esa institución en 2023 y 2024 resaltan la aplicación de políticas económicas “históricas”.
¿A qué precio? El de extraerle en dos años cerca de 40 billones de pesos a la economía, por la reforma tributaria de Ocampo en 2022, incluidos los impuestos al consumo de la canasta familiar, y 20 más gracias a la “internacionalización” del precio de los combustibles. Son recursos alejados del principio de presupuesto balanceado, que obliga a retornarlos a la comunidad, porque han corrido al barril sin fondo del servicio de la deuda pública.
De 2022 a 2024 se fueron a ese agujero negro 248,2 billones de pesos. Si se suman los 112 programados para 2025, al cerrar el año serán 360,8 billones. Los intereses del costo de la deuda están disparados y en este cuatrienio llegarían a 163,1 billones, 45 por ciento de lo pagado. Por ejemplo, para 2025 este importe será superior al abono a capital, 52,63 billones frente a 50,76. Un gota a gota, se “paga para prestar y se presta para pagar”.
La tormenta se perfeccionó con la caída del recaudo impositivo: de 279,4 a 267,2 billones de pesos entre 2023 y 2024, una reducción nominal de 12,2 billones que, ajustada por inflación (5,2 por ciento), representa 13 billones. El 0,7 por ciento del PIB, más de la mitad que lo que entra por la reforma de 2022 por año. Bajón descomunal.
El bajo crecimiento económico es otro catalizador de la crisis. Con el 0,6 por ciento en 2023 y de menos de 2 para 2024, la relación entre la actividad económica y el acopio de tributos lleva a un laberinto: más impuestos, por encima de la capacidad de las personas y del país, que frenan la economía, pero, si no se decretan, los gobiernos llegan al impago.
Entre 2005 y 2024, mientras la deuda pública por habitante en pesos constantes pasó de 8,3 millones a 19,2, el 130 por ciento, el ingreso individual apenas lo hizo en el 53,5 por ciento, de 12,2 millones de pesos a 18,73. Los impuestos para honrar la deuda cortan tajadas cada vez más grandes del presupuesto de los hogares. Con Petro sigue así.
Si se añaden la sentencia de la Corte Constitucional, que permitió a compañías petroleras y mineras descontar el valor de las regalías del impuesto de renta, y las “cuentas de la lechera” de Luis Carlos Reyes, sobre la gestión de la Dian y las eventuales recuperaciones de cartera, el resultado es una estrechez fiscal extrema. El cierre de la caja de la Tesorería Nacional es de insignificantes 3,8 billones de pesos, la cuarta parte del promedio histórico. Del cuello.
Sin embargo, es peor como Petro, igual a los gobiernos anteriores, sortea la crisis para cumplirle al FMI. A finales de 2024, aplazó traslados al sector eléctrico, de subsidios a los más pobres y de la opción tarifaria por entre 6 y 7 billones de pesos; al sector salud, solo por presupuestos máximos para enfermedades y atenciones especiales, por 2,3 billones; a contratistas y requerimientos de caja de diversas entidades, en al menos un billón y a Invías, para financiar 55 proyectos viales, por otro billón. Los 13 billones faltantes.
Eso sin contar recortes por 28,4 billones (noviembre) al presupuesto de 2024, en los que sobresalen los de la inversión en Inclusión Social y Reconciliación, con 1,8 billones de pesos; Transporte, con 1,4 billones de pesos; Agricultura, con 1,2 billones de pesos y Vivienda, con 647.000 millones de pesos. ¿Lo social primero?
Para el Presupuesto de 2025 vuelve y juega: asigna 12,5 billones menos, respecto a 2024, a programas en Prosperidad Social, en la Agencia de Tierras, para reforma agraria, en el Fondo Nacional de Vivienda, para las VIS, a los ministerios de Educación y Deporte e Invías. Reducciones que explican al menos la mitad del recorte a la inversión para este año.
El decreto de aplazamiento (0069 de 2025), sumado a dicho tijeretazo, les carga la mano a obras públicas estratégicas en Bogotá, en el Canal del Dique y Antioquia, a la ANI, a Invías, al Consejo Electoral, al Ministerio de Vivienda, al de la Igualdad y al de Salud y, en el colmo, a Colpensiones por 2,7 billones de pesos. No obstante, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advierte que el ajuste necesario debe ser por 40 billones de pesos para “estabilizar las finanzas públicas”. En la olla.
Petro honra su promesa de campaña al FMI con una guadaña a la inversión social, como cualquier Gobierno neoliberal. Cumplirle al Fondo es su extraño orgullo.
Columna de opinión tomada de Revista Semana.
Publicada el 31 de enero de 2025.
