Se aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley Estatutaria de Educación que regulará todo el sistema educativo nacional y al cual deberán ajustarse todas las otras normas relativas, incluida la Ley 115 de 1994 y la Ley 30 de 1992.
Pese a que se han hecho ingentes esfuerzos desde el gobierno nacional y sus sostenedores parlamentarios por situar el debate en la supuesta garantía del acceso universal a la educación como derecho, es necesario una reflexión que lo coloque en el lugar que corresponde, esto es, en la consideración de la educación como la expresión de un proyecto de país y, por lo tanto, en cómo la legislación al respecto pone o no al sistema en función de los intereses nacionales.
El texto aprobado, resultado del acuerdo alcanzado por la Ministra de Educación de Petro con el Centro Democrático, el Partido Conservador y Cambio Radical, sigue al pie de la letra las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la educación colombiana, expresadas en un documento que se cita diez veces en la exposición de motivos del texto original presentado por el Gobierno.
El documento citado se titula ‘La educación en Colombia: revisión de políticas nacionales en educación’ y, pese a que se introduce como una fuente de datos “confiable” es un documento que en palabras del Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas (OLPE) de la Internacional de la Educación América Latina (IEAL) expresa que el sector empresarial debe tener un liderazgo en el proceso de descentralización educativa (p. 255)… propone el desarrollo de un nuevo proyecto curricular nacional, en el que los gobiernos locales jueguen un papel central (p. 42), que profundice el proceso de descentralización y se generen mecanismos de incentivos para los gobiernos locales que muestren mayor habilidad para brindar los servicios educativos. Como una forma de apoyar la descentralización, llama a continuar una “estrategia para subsidiar la escolarización privada de niños de escuelas y colegios públicos en su esfuerzo por incrementar el número de matriculados” y a que la sociedad civil se involucre más en las decisiones en educación y que, incluso, asuma “parte de los costos” del proceso educativo (p. 256) (OCDE, 2016, p. 44, citado por OLPE – IEAL, 2023, Pág. 17).
Estas “orientaciones” cuya aplicación explica el espaldarazo tantas veces celebrado a la política de Gustavo Petro por parte de la OCDE, se enmarcan en la consistente coincidencia entre la OCDE y el Banco Mundial (BM) en lo tocante a qué deberíamos hacer los latinoamericanos con nuestros sistemas educativos, una coincidencia que se materializa en una apuesta por la desfinanciación de la educación pública, por la disminución de la presencia del Estado y el aumento de la participación privada en la política educativa, la promoción de la participación del sector privado en la prestación de servicios educativos como norma y el desarrollo de mecanismos y modelos de negocio cada vez más sofisticados (OLPE – IEAL, 2023, Pág. 13).
Para la materialización de los objetivos mercantiles de la OCDE y el BM, es preciso que el Estado colombiano renuncie a su obligación legal de prestar el servicio educativo en instituciones propias y pase a jugar el papel de inspección y vigilancia en un sistema integrado por actores públicos, privados y MIXTOS. Tal como se establece en el Proyecto de Ley Estatutaria desde la primera versión presentada por el Gobierno de Gustavo Petro.
La introducción de instituciones mixtas en la definición del sistema educativo y para “la materialización del derecho fundamental a la educación” es un buen ejemplo del refinamiento y la corrección de errores anteriormente cometidos, que, para los intereses de la OCDE, el BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI), representa el gobierno de Gustavo Petro.
Ya en el 2011, Juan Manuel Santos intentó introducir esta fórmula en nuestro sistema educativo, por la vía de una reforma a la Ley 30. Al expresar de manera explícita que estas instituciones nuevas serían mixtas con ánimo de lucro, la frase generó que toda la sociedad colombiana respaldara a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), en su glorioso paro nacional universitario.
Si fuera necesario recordarlo, las políticas globales para la educación de las que bebe el proyecto de Ley son, entre otras, el Capítulo de Servicios del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y las emanadas de la propia OCDE y las instituciones mixtas que se introducen son las famosas Alianzas Público-Privadas (APP) ―de tanto gusto para el presidente Petro, como lo demostró en su alcaldía en Bogotá― en las cuales la OCDE ha sido brutalmente franca al afirmar que son un:
…acuerdo entre el gobierno y uno o más socios privados (que incluyen financiadores y operadores) según el cual el socio privado entrega un servicio de manera que los objetivos gubernamentales de servicio están alineados con los objetivos privados de lucro y en la que la efectividad de esta alineación depende de una suficiente transferencia de riesgos a los socios privados (OCDE, 2008, p. 12, citado por OLPE-IEAL, 2023, Pág. 20).
El fementido acceso universal a la educación no es más que el esfuerzo del gobierno de Gustavo Petro para crear una oferta que el capital financiero y los actores privados puedan cubrir, cumpliendo así los compromisos adquiridos con la OCDE y el BM.
Pero no llega hasta ahí el entuerto, pues se eleva a categoría de Ley la prestación de la educación a través de modalidades asistidas, tales como la educación virtual y a distancia, contra las cuales FECODE lleva años peleando, acertadamente, por su pésima calidad y bajísimos niveles de cientificidad.
En cuanto a la financiación el proyecto no menciona una sola vez la billonaria deuda del Estado con la educación pública por cuenta de la eliminación del situado fiscal y consiguiente creación del Sistema General de Participaciones por parte de Andrés Pastrana mediante el acto legislativo 01 de 2001 y la desfinanciación creciente de la educación universitaria por cuenta de la fórmula de aumento presupuestal establecida en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.
En el texto aprobado en tercer debate, reaparecen elementos contenidos en la propuesta original de Gustavo Petro, empeorados con algunos nuevos como la resurrección del denominado sistema de educación terciaria que incluye la educación superior, la educación para el trabajo y el desarrollo humano, la formación para el trabajo y la formación profesional integral del SENA.
Lo anterior, sumado al principio de articulación, que revive los ciclos propedéuticos propinándole un durísimo golpe a la calidad de la educación superior en Colombia.
Adicionalmente, el proyecto aprobado desconoce el preescolar de tres grados, amarra la evaluación docente a los resultados de los estudiantes en las pruebas de Estado y posibilita la creación de váucher educativo, una de las formas contemporáneas que asume la privatización de la educación.
En síntesis, el Proyecto de Ley Estatutaria de Educación, lejos de merecer respaldo por la engañosa garantía del acceso universal, amerita que todos aquellos que consideran que la educación pública es esencial en la labor de transformar a Colombia en una nación próspera, democrática y soberana lo rechacen con toda contundencia, pues no hace nada de lo que grandilocuentemente Petro y sus sostenedores parlamentarios de “izquierda” y centro se jactan y sí avanza ―más que ningún otro gobierno desde el acto legislativo 01 de 2001― en la desfinanciación y mercantilización de la educación.
En educación, como en el resto de los problemas nacionales, lo que toca es crear el más amplio frente de lucha democrática por transformarla de tal manera que cumpla cabalmente con su función de reproductora y productora de conocimientos científico-técnicos que puedan ser puestos al servicio de la solución de los problemas históricos del país y el desarrollo de las fuerzas productivas de la nación.
Esto se manifiesta hoy como el más contundente rechazo al proyecto de Ley Estatutaria de Educación, otro campo en el que Petro hace lo que Uribe, Santos y Duque no pudieron, porque se enfrentaron a la resistencia civil organizada del pueblo colombiano.
