El sistema de salud colombiano agoniza lentamente. Bajo la administración de Gustavo Petro, la crisis del sector no solo se ha profundizado, sino que se ha acelerado peligrosamente, dirigiéndose hacia el colapso.
El más reciente Estudio de Cartera de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) reveló que la deuda total con los hospitales y clínicas llegó a $20,3 billones de pesos con corte a diciembre de 2024, un incremento del 6,9 % frente a los $18,9 billones reportados en junio del mismo año. La situación es aún más crítica si se considera que las EPS intervenidas y vigiladas son responsables de más de $10 billones, lo que representa el 77,4 % de la deuda total de las EPS que siguen en operación. Esta asfixiante carga financiera deja a hospitales y clínicas al borde de la quiebra, sin recursos para garantizar la continuidad de los servicios médicos que millones de colombianos necesitan.
A este panorama se suma la negligente gestión del Ministerio de Salud en la mesa técnica para la revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), ordenada por la Corte Constitucional. Lejos de ser un espacio técnico y participativo, la mesa se ha convertido en una farsa institucional. El Ministerio impuso una metodología cerrada, establecida unilateralmente, sin consultar a los actores del sistema. Peor aún, mediante la resolución 370 de 2025, redujo la participación, limitó el acceso a la información y se arrogó la potestad exclusiva de definir qué datos son válidos y cuáles no.
El Ministerio de Salud contradice el mandato de la Corte Constitucional, que ordenó una revisión urgente y participativa de la UPC de 2024 —insuficiente para cubrir los costos reales del sistema—, sino que podría configurar un abierto desacato, como lo ha advertido ya la Procuraduría General de la Nación en un concepto elevado incluso a la Fiscalía.
Las críticas son múltiples. Los participantes de la mesa técnica: pacientes, EPS, hospitales y demás actores, se reúnen entre sus sectores, sin intercambiar insumos ni deliberar colectivamente. Las preguntas orientadoras que plantea el Ministerio son imposibles de responder: se solicita a todos los participantes información técnica de la que solo dispone el propio Ministerio o las EPS, como datos de siniestralidad o frecuencias de uso. Esto distorsiona el análisis y desnaturaliza el propósito mismo de la mesa.
Más preocupante aún es la exclusión deliberada de actores relevantes como Asocajas o la ANDI, lo que ha generado protestas legítimas y ha obligado a la Corte a exigir explicaciones formales al Ministerio sobre los criterios de selección de los convocados. Es claro que no se buscan construir consensos, sino validar decisiones predefinidas por el Gobierno.
El Ministerio busca orientar la discusión hacia una única metodología que justifique su definición de la UPC, excluyendo cualquier cálculo independiente que contradiga su narrativa. Lo que debería ser un ejercicio plural y técnico se ha transformado en un procedimiento amañado que profundiza la desconfianza entre los actores del sistema.
Cuando se cruzan los datos del Estudio de Cartera de la ACHC con la metodología en la mesa de la UPC, se revela un panorama desolador: hospitales y clínicas al borde de la quiebra, una red de prestación de servicios colapsando por falta de pagos, y un Gobierno que se empecina en decisiones unilaterales mientras cierra los espacios de diálogo.
La promesa de Petro de fortalecer la salud pública y proteger el derecho a la salud se desvanece entre las cifras rojas de la cartera hospitalaria, el descontento generalizado de los actores del sector y la antidemocracia de sus decisiones. Sin transparencia y rigor técnico, el sistema de salud seguirá desangrándose, y con él, la esperanza de millones de colombianos que cada día enfrentan un acceso cada vez más precario a la atención médica.
