Hace tres años, el 1° de mayo de 2021, Colombia vivió una de las mayores expresiones de resistencia civil. Era el cuarto día del estallido social que comenzó el 28 de abril contra el paquetazo de Duque, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Un suceso que se extendió por más de 40 días, con más de 14 mil expresiones de descontento (CIDH, 2021), equivalentes al 50 % de las ocurridas entre 1975 y el 2018 (Cinep, 2018). El entonces senador Petro y sus más fieles escuderos sacaron el mayor provecho de estas movilizaciones, aunque no por desacuerdo con el paquetazo como queda en evidencia tras dos años de gobierno.
El gobierno Petro, que se jacta de ser el producto del estallido social 2021, no solo les incumple las promesas de cambio a sus electores, sino que, profundiza la condición de sometimiento de Colombia a los designios de Estados Unidos (EE.UU.), e intensifica la política que condena a la nación a la pobreza crónica y la desigualdad.
La política exterior está subordinada a los designios de la Casa Blanca. Es más notable la presencia del Comando Sur y de la Embajada de EE.UU. en los asuntos internos, como en la exigencia de la aprobación de la reforma laboral, la apertura de cuatros nuevas instalaciones militares (Gorgona, Pereira, Leticia y La Guajira) y la continuación de Colombia como aliado estratégico no miembro en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), auspiciadores de la guerra en Ucrania y soporte del Estado de Israel para cometer el genocidio contra el pueblo Palestino.
Para la clase trabajadora el gobierno del “cambio” ha representado una regresiva reforma tributaria con impuestos indirectos a los alimentos y combustibles; un gasolinazo y el sostenimiento del regresivo régimen tarifario de servicios públicos que impuso Duque; la no renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, compromiso determinante para ganar en la segunda vuelta, y la firma de un nuevo Tratado con Emirato Árabes; al magisterio le escamotea su histórico régimen exceptuado de salud. Con el gobierno Petro se acentúa el desempleo, el rebusque y el alza en el costo de vida.
El paquete de las mal llamadas “reformas sociales” responde a los intereses de Estados Unidos. La reforma laboral es el recetario del plan de acción laboral Obama – Santos (2011), repotenciado por las “recomendaciones” de la OCDE; un intento por eliminar el dumping social en favor de los gringos, cuyos estándares laborales son perversos. La reforma pensional es contraria a las históricas banderas del movimiento obrero de un sistema público, de fondo común, con cofinanciación tripartita (empleado, Estado y empleador), con solidaridad intergeneracional y social, etc. El modelo de pilares estructurada por el Banco Mundial es un sistema planeado para una Colombia sin empleo, de ahí la sustitución del derecho de pensión por subsidios de miseria (Pilar I – II), mientras que a los pocos con empleo los vuelven presa de la voracidad del sistema financiero. El Estado deja de concurrir con recursos y hace obligatoria la afiliación a fondos privados.
Aunque las reformas fueran progresivas ―no lo son―, no están precedidas de un riguroso plan de reactivación de fuerzas productivas. Sin producción nacional, no hay empleo y el Estado no tendrá de donde obtener recursos vía impuestos. Sin empleo no hay cotizantes para el sistema pensional y sin empleo el más avanzado régimen laboral es letra muerta. Sin recursos el Estado no puede financiar plena y oportunamente ninguna de las instituciones públicas a cargo de servicios sociales, ni fortalecer el sistema de seguridad social.
El de Petro es uno de los gobiernos más anti-populares, anti-obreros y anti-nacionales. Hasta el 21 de abril no había recibido una expresión contundente de rechazo, gracias a la cooptación que hizo de las más importantes expresiones del movimiento popular, entre ellas de centrales sindicales. Las mismas que fueron protagonistas en el Comité Nacional de Paro contra la agenda del gobierno Duque, ahora aplauden y respaldan el paquetazo, tal como lo ratificó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en su reciente Congreso Nacional.
La instrumentalización, permitida, del movimiento popular, en especial del obrero, ha llegado hasta el punto de la apropiación, por parte del gobierno, del emblemático 1° de Mayo, un perverso precedente que permiten las centrales sindicales, salvo la Confederación General del Trabajo (CGT) que lidera Miriamluz Triana. Entregaron las banderas y acogieron los reaccionarios términos de los gringos. Y la cereza del pastel es convertir una conmemoración de reivindicaciones históricas en una pasarela para que el gobierno siga engañando a la clase trabajadora y agrediendo los más sagrados intereses de la nación.
Bajo estas circunstancias se hace más apremiante la recuperación del rumbo patriótico del movimiento obrero y sindical. Las expresiones de resistencia civil en oposición al gobierno progringo de Petro, requieren del concurso consciente de la clase trabajadora organizada. Es la tarea urgente de las voces democráticas y con sentido proletario en el seno de la clase trabajadora.
