Entre bombos y platillos se anunció el pasado 22 de febrero en Chicoral, Tolima, el “Pacto por la tierra, el agua, el territorio, el ambiente y la vida”. Veamos de qué se trató este evento gubernamental y qué implicaciones tiene para la ruralidad colombiana y sus habitantes.
Como ya tiene acostumbrada a su audiencia, Petro no habló del tema del evento. Además de un par de alusiones históricas al famoso pacto conservador del 71, habló del General Melo, de México, del Cid Campeador y los castellanos a caballo. También de exorcismos, codicia, Pastrana y Papá Pitufo, pensiones, viejos tomando ron en los parques del país, Alberto Lleras, la destrucción industrial, cien años de soledad y las tumbas de los Aurelianos… de todo menos de tierras y de los detalles de su reforma rural. No dió una cifra. Fue un discurso muy similar a los que se acostumbró a dar en sus tres campañas presidenciales. A sus más fieles seguidores, sin embargo, les pareció magistral la perorata.
La ministra Martha Carvajalino, quien lo antecedió, recordó que el nuevo pacto surge de la reunión de 2.800 representantes de comunidades indígenas, negras, y mujeres rurales. También explicó la forma en la que la reforma agraria incluye, como debe ser, acciones y planes desde múltiples ministerios.
Sorprendió la presencia de la exsenadora y exministra Gloria Inés Ramirez, quien no ostenta cargo público alguno, y quien dió un discurso —en tono de candidata— sobre “la necesidad del contrato agropecuario en la reforma laboral”, y en defensa de las cuestionables reformas del gobierno. ¿A qué cargo se lanzará la exministra?
El llamado “Nuevo pacto de Chicoral” no es otra cosa que el plan decenal de la reforma agraria, o si se quiere, un relanzamiento de esta política pública, una de las pocas que ha avanzado en alguna medida durante el actual cuatrienio. Es un acuerdo que se construyó en dos jornadas con representantes de comunidades campesinas, negros e indígenas y que consta de 12 puntos. Debe reconocerse el intento por garantizar que tal y como quedó contemplado en el Acuerdo de Paz, se garantice que será una política de Estado. Sin embargo, es claro que —al menos en los documentos oficiales que circulan en la web— no dice nada nuevo y cae en múltiples generalidades.
En materia de derechos y garantías para los habitantes de la ruralidad, no existe nada que contenga el publicitado “nuevo” pacto que no esté contemplado ya en la Ley 160 de 1994. Donde se dice lo mismo e incluso profundiza más en las mencionadas garantías y mecanismos institucionales para el alcance del bienestar de los productores del campo. El numeral 9 del artículo 12 de esa ley, por ejemplo, describe a la perfección el programa compra de tierras que adelanta el gobierno Petro y que hoy promociona bajo el nombre de “Reforma Agraria”.
De hecho, el gobierno ha priorizado la compra directa, y poco o nada ha utilizado las prelaciones estatales contenidas en al capítulo VII de dicha ley, sobre expropiación, que pueden aplicarse en casos muy específicos sobre el gran latifundio y que no hacen parte integral de esta supuesta reforma “revolucionaria”. Recordemos que Colombia sigue siendo uno de los lugares más inequitativos del planeta en materia de posesión sobre la propiedad rural.
Según el IGAC, el 1 % de los propietarios nacionales para predios rurales de privados particulares (35.304 propietarios) posee el 49.8 % del total del área rural en esta clasificación, que corresponde a 24.783.413,3 hectáreas. ¿Está cambiando la Reforma Agraria esta situación? ¿Tiene algún sentido que en un país como Colombia, 35.304 individuos posean casi la mitad de las tierras rurales en un orden promedio de 702 hectáreas por persona?
Según puede leerse en el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos, fechado el pasado 22 de enero:
“El Acuerdo de Paz estableció una meta de 3 millones de hectáreas adjudicadas y 7 millones más de hectáreas formalizadas. Adicionalmente, el Gobierno definió como meta propia, en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, sumar 500.000 hectáreas al Fondo de Tierras, 2,9 millones de hectáreas adjudicadas y 3,9 millones de hectáreas formalizadas. A la fecha, se han sumado 494.556 hectáreas al Fondo de Tierras y adjudicado 154.568 hectáreas, lo que representa el 5,32 % de la meta global, y se han formalizado 1.308.523 hectáreas, que representan el 32,7 % de esa meta”.
Como puede verse, aunque la cifra objetivo del Fondo de Tierras está casi alcanzada en materia de adjudicación y formalización los resultados son más que insuficientes. Durante el paso de Cecilia López por la cartera agrícola el gobierno bajó la meta del PND en adjudicación a 1,5 millones de hectáreas, y aunque existen pequeños avances que no logran consolidarse, el Ejecutivo sigue en deuda. Las cabezas visibles de la institucionalidad agraria celebran sin embargo, como si fueran extraordinarios los logros sobre las metas propuestas.
¿Cuántos más avance habría en estos objetivos si, en lugar de gastar $33.000 millones del dinero de los contribuyentes en eventos, Felipe Harman destinará esos recursos a adjudicar tierras?
Volviendo al mentado Pacto, llama la atención el punto 5, que reza: “Transformación del modelo de producción agrario para la garantía de los derechos individuales, colectivos y de la naturaleza, y la promoción de la soberanía alimentaria”. El alcance de la soberanía alimentaria es casi imposible mientras el agro colombiano siga sometido al modelo impuesto de los TLC. Analicemos por qué.
Colombia lleva 35 años entregándole su soberanía alimentaria al libre mercado
Desde principios de los 90, de la mano de la apertura de Gaviria, Colombia comenzó a entregarle su sector agrícola, y por ende su seguridad alimentaria, a los vaivenes del comercio exterior y a las obedientes políticas económicas impuestas desde el extranjero, como los TLC. La renegociación de esos acuerdos es otra de las grandes promesas de campaña incumplidas por Petro.
Investigaciones recientes han demostrado que entre 1970 y el 2024 la variable del comercio exterior, en su componente de exportaciones tradicionales, no ha cambiado su naturaleza: en 1970 el café, el oro el petróleo y banano constituían el 59,2 % de las exportaciones colombianas y en 2024 fueron el 60,9 % (Suárez, 2024); el orden de la economía internacional que gobierna el mundo, conocido también como la división internacional del trabajo, le asignó a Colombia desde la década de los 80 un papel de proveedor de materias primas y bienes agrícolas sin valor agregado, que no ha cambiado. Aunque hoy el país tenga suscritos más de 14 TLCs con una treintena de países, el modelo de desarrollo y alcance de bienestar para las mayorías poblacionales basadas en la letanía “exportar, exportar y exportar” ha fracasado por completo.
Sin papa, sin arroz y sin maíz no hay país
Como lo hace cualquier mal propagandista, pretendiendo mostrar la parte por el todo, Petro en otra publicación reciente en la red social de la que hace uso desmedido, subió el video de una señora recogiendo maíz junto el mensaje: “En Aguachica, en las fincas entregadas al campesinado, ahora se siembra Maíz, ya no se importa”, a lo que el exdirector de la UPRA Felipe Bueno le respondió : “En 2024, Colombia importó 6,12 millones de toneladas de maíz amarillo duro y 2 millones de toneladas de torta de soya y soya, principales materias primas para la industria de alimentos balanceados (…)”. A su turno el investigador de temas agrícolas Santiago Flórez también ripostó: “El maíz blanco, de consumo humano para las arepas, siempre se ha cultivado en Colombia. El que se importa, y se sigue importando, es el maíz amarillo (el de consumo animal -pollos-). Hasta el momento Petro no ha cumplido con su promesa de sustituir las importaciones de maíz”.
Fenalce, la asociación Colombiana de Cultivadores de Cereales, también le salió al paso a Petro, con un comunicado titulado “En Colombia faltan garantías para sembrar maíz”, en el que le recordó a la opinión pública que: “en la actualidad se están importando más de 14 millones de toneladas de grano entre maíz, soya, torta de soya, cebada, trigo y fríjol”. ¿Es esta la soberanía alimentaria de la que habla el “Nuevo” Pacto de Chicoral?
El balance para la soberanía alimentaria que espera reivindicar la política agrícola del Gobierno Petro es hasta el momento incoherente. Entre 1990 y el año pasado la dotación de Maíz por habitante pasó de 33.7 kilos a 29.4, al mismo tiempo que la de papa ―cuyos productores atraviesan al igual que los de la cebolla y arroz serias dificultades― pasó de 68,4 kilos por habitante a 49 en el mismo lapso de tiempo (Suárez, 2024).
El caso del algodón es emblemático porque fue una de las primeras muestras de los efectos perversos de sustituir toda una industria, sus encadenamientos productivos y sus empleos por importaciones, en este caso por el famoso Cotton USA. Colombia pasó de tener una dotación de 9,3 kilos de algodón por habitante en 1990 a cero en la actualidad. De igual forma pasamos a tener 174 mil hectáreas sembradas con esta fibra, a cero.
Si nos descuidamos, va a pasar lo mismo con el arroz, cuya importación en 2030 tendrá arancel cero, y será mucho más barato traerlo que producirlo y transformarlo aquí en Colombia. Los productores del grano han anunciado paro nacional esta semana y tiene listo su pliego de peticiones, ¡es deber cívico respaldarlos pues están produciendo a pérdida!
Aunque merece una columna aparte, vale cerrar diciendo que, en el contexto de tanta propaganda gubernamental y tan pocos resultados que existen en materia de tierras, está demostrado luego del impasse diplomático que casi le cuesta a los floricultores colombianos 500 millones de dólares a causa de un trino trasnochado a las 3 de mañana por parte del presidente, que el sector agrícola y la soberanía y seguridad alimentarias del país están en un posición muy vulnerable ante un Trump impulsivo, que seguramente tiene a Colombia es su lista de países a los que tarde o temprano impondrá aranceles. ¿Qué planes tiene el sector agrícola y quiénes lo dirigen para reaccionar a esa contingencia previsible?
Columna de opinión tomada de La Silla Vacía.
Publicada el 2 de marzo de 2025.
