Consulta popular sin diagnóstico, la enfermedad está en la UPC

La crisis del sistema de salud colombiano tiene varias causas que preceden al actual Gobierno y que Petro no ha atendido con responsabilidad. Una de ellas es la insuficiencia financiera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Este es el mecanismo mediante el cual el Estado transfiere recursos por cada afiliado al sistema, buscando cubrir los costos de su atención. Sin embargo, la UPC ha sido históricamente insuficiente para cubrir el valor real de los servicios, lo que ha generado un déficit crónico que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. 

Entre 2022 y 2023, se calculó que el desajuste entre el valor real de la atención y la UPC generó un déficit superior a 7 billones de pesos¹. En respuesta, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno revisar el cálculo de la UPC y garantizar su suficiencia para no comprometer la prestación del servicio de salud en condiciones dignas². Aun así, esta advertencia no ha sido tomada como eje central de las reformas propuestas por el Ejecutivo. Al contrario, pretende modificar el sistema sin abordar de fondo el aspecto financiero. 

Luego del revés legislativo en el Congreso, el Gobierno de Gustavo Petro ha optado por proponer una “Consulta Popular 2.0”, que incluye cuatro nuevas preguntas enfocadas en temas del sistema de salud. Estas, plantean asuntos como eliminar la intermediación financiera de las EPS, fortalecer la compra y producción de medicamentos, establecer un modelo de atención preventiva y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Si bien estos temas son relevantes, la consulta ignora por completo el problema financiero estructural del sistema, centrando el debate en aspectos secundarios que, en muchos casos, ya están en marcha o pueden ser implementados sin necesidad de consulta.

Un ejemplo ilustrativo es el mecanismo de giro directo de recursos, una de las banderas del Gobierno en esta consulta. Mediante el Decreto 489 de 2024, el Ministerio de Salud reglamentó condiciones específicas para que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) realice el giro directo a hospitales, clínicas, farmacias e IPS en nombre de las EPS, utilizando los recursos correspondientes a la UPC y a los presupuestos máximos³. A un año de la aplicación de este decreto, la ADRES ya ha girado 57 billones de pesos a IPS y proveedores⁴. Es decir, lo que se presenta como una promesa aún por cumplir ya está en ejecución, y su profundización solo requiere voluntad política y una asignación responsable de recursos.

La falta de recursos se refleja también en la creciente deuda hospitalaria, que ya supera los 20 billones de pesos⁵. Este panorama se agrava por la falta de planeación del Ministerio de Salud, que ha adoptado decisiones unilaterales, sin diálogo técnico ni concertación con los actores del sistema. La antidemocracia en las mesas ordenadas por la Corte Constitucional para corregir el cálculo de la UPC fue constante y la resistencia a reconocer la dimensión del problema financiero solo ha empeorado la situación.

Por otro lado, existen preocupaciones sobre irregularidades en la adjudicación de contratos por más de 230 mil millones de pesos destinados a infraestructura hospitalaria, muchos de ellos entregados mediante procesos exprés a contratistas cercanos a actores políticos del Gobierno⁶. Esta situación refuerza la necesidad de fortalecer la transparencia con los recursos de la salud y avanzar hacia un modelo con mayor vigilancia y control de los dineros.

Es cierto que el sistema de salud debe avanzar hacia un modelo predictivo y preventivo así como revertir la intermediación financiera que tanto daño le ha hecho al sistema, pero también lo es que la consulta popular no aparece como una solución democrática ni técnica, sino como una estrategia política de alto costo e incierta eficacia. El Gobierno Petro desvía el foco del debate hacia temas en los que ya ha avanzado como el giro directo o la conformación de Equipos Básicos de Salud, mientras evade la necesidad de resolver la crisis financiera del sistema de salud colombiano, cuyo núcleo es una UPC mal calculada e insuficiente para las necesidades reales del sistema.

Referencias

1. Consultorsalud. (2024). Insuficiencia financiera del sistema de salud en Colombia. Recuperado de https://consultorsalud.com/insuficiencia-financiera-sistema-salud-colom
   
2. El País. (28 de enero de 2025). La Corte Constitucional le ordena al Gobierno reajustar los pagos a las EPS. Recuperado de https://elpais.com/america-colombia/2025-01-28/la-corte-constitucional-le-ordena-al-gobierno-de-petro-reajustar-los-pagos-a-las-eps.html
   
3. Ministerio de Salud y Protección Social. (2024). Decreto 489 de 2024. Bogotá, Colombia.
   
4. ADRES. (2024). Por ampliación de giro directo, ADRES pagó $57 billones a IPS y proveedores. Recuperado de https://www.adres.gov.co/sala-de-prensa/noticias/por-ampliacion-giro-directo-adres-pago-57-billones-a-ips-y-proveedores
   
5. Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC). (2025). Estudio de Cartera No. 53. Recuperado de https://achc.org.co/actualidad/estudio-de-cartera-numero-53-de-la-achc-reporta-deuda-superior-a-los-2/
6. La Silla Vacía. (2025). El carrusel de contratación de hospitales públicos con 234 mil millones del gobierno Petro. Recuperado de https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/el-carrusel-de-hospitales-publicos-con-234-mil-millones-del-gobierno-petro/