La reapertura de la prisión de Alcatraz en Estados Unidos, el reciente arribo de tropas estadounidenses a las tres bases cercanas al canal; los más de 120 efectivos en la base de Juanchaco, Buenaventura; y los ejercicios militares conjuntos con las fuerzas armadas de Colombia y otros países de la región no son hechos aislados.
En medio de un clima internacional cada vez más tenso, marcado por el retorno de discursos abiertamente imperiales en boca de Donald Trump y sus planes expansionistas e intervencionistas, preocupa profundamente que Colombia siga abriendo sus puertas a esta influencia, aunque los discursos de Petro y los recientes episodios de choque diplomáticos pretendan simular lo contrario.
Defendamos la biodiversidad y la soberanía
En este contexto, el avance y defensa del proyecto militar en esa perla de biodiversidad —financiado por Estados Unidos y ejecutado por el Ministerio de Defensa de Colombia— representa no solo una amenaza ambiental, sino a la soberanía y la integridad territorial de Colombia, que señala el verdadero rumbo de su política exterior y ambiental.
A finales de mayo, como parte del Comité Salvemos Gorgona —coalición ciudadana que lleva más de tres años oponiéndose activamente a este proyecto— realizamos una visita de veeduría a la isla. Pese al rechazo persistente de las comunidades locales y de buena parte de la comunidad científica, el proyecto no se ha cancelado.
En terreno, constatamos la presencia de más de 30 militares, en una isla cuya vocación, según la ley, es la conservación y no la militarización. A pesar de nuestras múltiples solicitudes de información, ni la ministra de Ambiente ni el ministro de Defensa han respondido con transparencia.
La opacidad y las respuestas evasivas a nuestros derechos de petición constituyen una violación directa al Acuerdo de Escazú, instrumento regional que Colombia se comprometió a implementar, y que exige el acceso público a la información ambiental, la participación y la justicia en asuntos ecológicos.
Gracias a la resistencia de organizaciones sociales, comunidades negras, ambientalistas y académicos, hoy sabemos que los materiales que se pretendían usar para la construcción del muelle —una pieza clave del proyecto militar— fueron retirados hace algunos meses.
Esta decisión, aunque representa un logro parcial, no garantiza la cancelación del proyecto. La Armada y el Ministerio de Defensa siguen incumpliendo las condiciones de la cuestionada licencia ambiental otorgada por la Anla, y continúan adelante con la ejecución de actividades relacionadas con el lavado verde que este gobierno pretende aplicarle al proyecto militar.
¡Gorgona no se toca!
Desde el Comité, exigimos al gobierno nacional cancelar de manera definitiva este proyecto incoherente e inconsulto, que contradice los compromisos climáticos, de protección a la biodiversidad.
Justamente el mes pasado, el Parque Nacional Natural Gorgona fue reconocido internacionalmente con el premio Blue Park por su conservación excepcional, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos. Insistir en su militarización, en lugar de su protección, es una afrenta al país y a la comunidad internacional.
Si el gobierno de Gustavo Petro persiste en esta ruta, terminará —paradójicamente— asegurando los intereses estratégicos de Trump en la región y convirtiendo en objetivo militar un área natural protegida, en medio de las disputas geopolíticas entre Estados Unidos y la China en el Pacífico. La soberanía no se defiende con fusiles en islas protegidas, sino con coherencia, transparencia y respeto por los territorios y sus comunidades.
Hacemos un llamado a la ciudadanía, a los sectores académicos, ambientales y a los medios independientes a mantenerse vigilantes y exigir al Gobierno nacional: ¡Gorgona no se toca! Que la presión pública detengan de una vez por todas este proyecto militar y defienda la vida en uno de los ecosistemas más valiosos del Pacífico colombiano y del Pacífico en el Hemisferio Occidental.
Columna de opinión tomada de La Silla Vacía.
Publicada el 14 de julio de 2025.
