En 1985, la escritora canadiense Margaret Atwood publicó El Cuento de la Criada y se juró a sí misma que, pese a escribir una distopía, solo incluiría en sus páginas aquello que ya hubiese ocurrido en algún momento de la historia con relación a las mujeres. No inventó nada. Solo recogió los escombros de la realidad y los organizó en un mundo llamado Gilead, donde las mujeres son reducidas a su función reproductiva y coartadas de sus derechos. Cuatro décadas después, la serie basada en su novela se viralizó en plataformas como Netflix y, en algunos casos, sensibilizó y reavivó la discusión frente a dicha práctica y el sometimiento de las mujeres en dicho contexto.
Actualmente, la gestación subrogada está en la agenda legislativa de países como México, Chile, y de manera particular en el Congreso de Colombia, donde el pasado 13 de agosto se radicó en la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 052 de 2026, que pretende prohibir esta práctica en todo el territorio nacional. Esta iniciativa reúne a fuerzas políticas muy diversas: desde partidos de derecha y legisladores confesionales, hasta algunos representantes de bancadas que se autodenominan progresistas o alternativas. Todos, por distintas razones, aseguran buscar un mismo fin: proteger a las mujeres, niñas y niños.
Mientras congresistas de los partidos tradicionales ocupan las pantallas y las primeras planas de los periódicos apropiándose del discurso de la sensatez, hay mujeres que llevan décadas luchando y acompañando a las que, precisamente, se han visto inmersas en prácticas de explotación reproductiva en el país, denunciando y luchando por la abolición.
Una de ellas es Alejandra Vera. Abogada, abolicionista, investigadora y directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete desde hace ocho años. Acumula 16 años de activismo en defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en razón del sexo. Además, ha fungido como representante nacional de todas las organizaciones de derechos humanos de las mujeres del país ante la Ley 1257 de 2008.
Esto nos contó:
“Hemos atendido 27.000 mujeres durante estos ocho años, de los cuales 630 hemos puesto en conocimiento y activado la ruta por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, reproductiva, venta de óvulos e incluso de cabello en el territorio de Norte de Santander. Atendemos todas las violencias, hacemos litigio estratégico, en algún momento ofrecimos un espacio seguro y de cuidado para adolescentes madres víctimas de trata.”
El negocio global y el papel de Colombia.
Según el informe presentado por Reem Alsalem, Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, «(…) en 2023, el mercado mundial de la reproducción subrogada estaba valorado en 14.950 millones de dólares y se prevé que para 2033 alcanzará los 99.750 millones de dólares». Personas o parejas de países con mayor poder adquisitivo viajan a naciones donde la legislación es laxa o inexistente para ‘contratar’ mujeres y comprar bebés. Con un marco normativo laxo y un aparato productivo que empuja a las mujeres a la supervivencia, Colombia se ha convertido en un eslabón clave de esa cadena.
Alejandra asiente. Ella y su organización han apoyado los informes de Reem Alsalem sobre explotación reproductiva y sexual como forma de violencia contra las mujeres, a su vez, el de sexo como categoria, en articulación con la Plataforma CIAMS[1] y otras organizaciones de carácter internacionalista.
Esto respondió:
«Colombia tiene una particularidad: después de Ucrania, nuestro país se volvió el territorio con más protagonismo en la explotación reproductiva. Es el país que más recibe mujeres migrantes venezolanas y para las redes criminales, donde llega tanta población de manera masiva, se vuelven su objetivo. Además, Colombia no tiene una regularización, en el sentido de que no se ha exhortado para erradicar o prohibir este delito. Existe y no hay control. A pesar de que no hay controles, llevamos como 10 o 15 años viendo cómo estas clínicas han aumentado su capital, van creciendo evidentemente. La captación ocurre en estas clínicas, no solo en las capitales, sino en territorios donde el Estado no tiene control.
El punto es que hay unos factores multicausales que se centran en captar masivamente a estas mujeres. Por eso Colombia, después de la pandemia, pasó a ser un país identificado y objetivo por los padres comitentes. La facilidad con la que entran y salen con bebés: Migración dice que aproximadamente salen del país 5.000 bebés al año y no hay mayor exigencia para su salida del país. La foto usual es un hombre con un bebé, dos hombres con un bebé. El mismo hombre llega al año siguiente y sale con otro bebé.”
Dos fuerzas políticas opuestas, un mismo consenso: regular, no prohibir
El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez se autodenominó «el gobierno de las mujeres» y, sin embargo, teniendo la oportunidad de prohibir la gestación subrogada, optó por regularla. Al mismo tiempo, Cambio Radical, en cabeza de Lina Garrido —hoy funcionaria del gobierno actual—, que se presenta como defensora de la familia, impulsó una iniciativa igualmente regulacionista envuelta en el discurso del altruismo que apenas disimula la explotación reproductiva.
Le pregunto a Alejandra cuál es la postura del movimiento abolicionista frente a ese consenso regulatorio. Su respuesta es implacable y sentencia sin titubeos:
“En el gobierno pasado no hubo posibilidad alguna. La misma relatora lo mencionaba: el gobierno de Gustavo Petro fue un gobierno que promovió toda esta agenda totalmente. Dejó meter a Soros, a la Open Society, una de las organizaciones que más financia la pornografía, las farmacéuticas y la explotación reproductiva. Eso fue un caballo de Troya que nos metieron. Siempre lo he dicho: el gobierno de Gustavo Petro no tiene nada que ver con la izquierda. La izquierda no le haría eso a las mujeres. Nosotras creemos que se disfrazaron para que creyéramos que venía un gobierno para las mujeres, pero obviamente no. Fue un caballo de Troya: un gobierno machista, misógino, con un odio y un desprecio hacia las mujeres, con el objetivo de mercantilizarlas.
Yo era la representante nacional de la Ley 1257, la ley más importante para los derechos humanos de las mujeres en Colombia. Cuando nos enteramos de que el Ministerio de Justicia tenía listo un proyecto de ley —y no sé cómo lo hicieron, creo que sin luz, como que no había nada— fue aterrador. Logramos una movilización e incidencia que les tocó hacer una audiencia y explicarnos ese proyecto. En principio nos entregaron una cosa que no tenía ningún rigor técnico, todo mal. Logramos que eso se quedara en ese momento, no pasó.
Pero algo que nos pareció increíble fue que el ICBF no estaba incluido en el proyecto, teniendo en cuenta que niños y niñas eran las principales víctimas, junto con sus madres. El instituto nos decía: ‘No, nosotros no tenemos nada que ver ahí, porque son productos’.»
¿Prohibir es restringir la autonomía de las mujeres?
Diversos sectores sostienen que prohibir o abolir la gestación subrogada equivaldría a restringir la autonomía de las mujeres y su capacidad de decisión sobre sus propios cuerpos, calificando esta postura como neoconservadora.
Al respecto señala:
«Esto en apariencia es legal, pero en derechos humanos hay una vulnerabilidad y las clínicas dicen que todo está en regla: se basan en una teoría del agradecimiento, que están ayudando a otra familia a ser feliz, que hay un contrato, un producto, una remuneración. Todo desde el derecho privado, como si compraran un celular. Pero hay cláusulas donde los compradores deciden si el ‘producto’ —el feto— no les resulta agradable o si identifican alguna malformación, pueden solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. Voluntaria para ellos, no para la mujer. Si ella desarrolla enfermedades en el proceso o se arrepiente, no puede decidir interrumpir y eso sí coarta la agencia y libre elección de las mujeres. Todo gira alrededor de los deseos individuales de los hombres, los principales compradores.
Pero quien escuche a una sobreviviente, se dará cuenta de que siempre hay una necesidad detrás: fueron abandonadas por sus parejas, deben sostener a sus hijos, pagar un tratamiento para una enfermedad, comer, etc. Se mal usa la palabra ‘empoderamiento’ para que las mujeres pongan su cuerpo a la venta. Parece que cada parte de nuestro cuerpo es vendible y mercantilizable. ¿E incluso nuestros hijos?
Nosotras siempre hablamos de los derechos de las mujeres en razón del sexo y la invitación es que escuchemos cómo se representan las mujeres y si escuchamos que estas mujeres se representan como feministas, pero están a favor de la prostitución, están a favor de los vientres de alquiler, Onlyfans, webcam, de todas estas formas de explotación, que se nos prendan las luces y huyan de ahí, por favor.
Sigan la línea de la defensa de los derechos de las mujeres basados en el sexo porque esto es fundamental para entender estos temas y no creer que la explotación reproductiva está basada en la libre elección.”
La Invitación:
Le pregunto acerca de los principales retos que enfrenta el movimiento para lograr que este proyecto pase y qué invitación les hace a las mujeres colombianas para que se sumen a esta causa.
Su llamada se centra en:
“Pienso que nos va a ir bien, pese a que hay muchos intereses, pues esto mueve mucha plata.
Esperamos que los cambios al proyecto no sean tan grandes, porque es un proyecto de corte abolicionista y espero que sea reconocido como la trata reproductiva que es y que realmente proteja a las mujeres y a sus hijos.
Mi llamado es a organizarnos, a mantener este tema visible en todo momento, a mantenerlo en la agenda pública y, sobre todo, a estar presentes cuando lleguen las audiencias. No hace falta que seamos amigas ni que compartamos una misma línea ideológica; lo importante es la causa. Además, un aspecto fundamental es involucrar a la academia, generar discusión y pedagogía, especialmente con los profesionales de la salud. Porque, aunque hay un debate ético, muchas veces se aborda sin tener en cuenta los derechos de las mujeres y de los niños y niñas.»
Más allá de la advertencia literaria representada en la sociedad distópica de Gilead, esta es la realidad que enfrentamos las mujeres en Colombia. Porque si una está sujeta a ello, todas somos susceptibles. Ojalá el Congreso esta vez sí esté a la altura. Que ninguna mujer tenga que convertir sus capacidades reproductivas y sus hijos en moneda de cambio para sobrevivir. Nos sumamos al llamado a la organización y lucha de las mujeres, más allá de lo coyuntural, y a elevar el nivel de conciencia de estas discusiones en la academia y en la sociedad en general. A su vez, a luchar por un país soberano que deje de ser sinónimo de la compra y venta de mujeres, niñas y niños.
[1] La Coalición Internacional para la Abolición de la Gestación Subrogada (CIAMS) es una federación de organizaciones feministas y de derechos humanos fundada en 2018 para abogar por la explotación reproductiva. Persigue este objetivo con sus 60 organizaciones activas en 20 países de cuatro continentes (Australia, Corea del Sur, Japón, Ucrania, Rumanía, Hungría, Croacia, Grecia, Austria, Italia, Bélgica, Suecia, el Reino Unido, Irlanda, Francia, España, Colombia, Nigeria, Canadá y Estados Unidos) y con organizaciones asociadas y activistas que trabajan sobre el terreno y a través de las fronteras para poner fin a la explotación reproductiva de las mujeres y la mercantilización de las niñas y los niños, organizada por una industria que ha crecido hasta alcanzar miles de millones de dólares en la última década.
