En 1985, la escritora canadiense Margaret Atwood publicó El Cuento de la Criada y se juró a sí misma que, pese a escribir una distopía, solo incluiría en sus páginas aquello que ya hubiese ocurrido en algún momento de la historia con relación a las mujeres. No inventó nada. Solo recogió los escombros de la realidad y los organizó en un mundo llamado Gilead, donde las mujeres son reducidas a su función reproductiva y coartadas de sus derechos. Cuatro décadas después, la serie basada en su novela se viralizó en plataformas como Netflix y, en algunos casos, sensibilizó y reavivó la discusión frente a dicha práctica y el sometimiento de las mujeres en dicho contexto.
Actualmente, la gestación subrogada está en la agenda legislativa de países como México, Chile, y de manera particular en el Congreso de Colombia, donde el pasado 13 de agosto se radicó en la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 052 de 2026, que pretende prohibir esta práctica en todo el territorio nacional. Esta iniciativa reúne a fuerzas políticas muy diversas: desde partidos de derecha y legisladores confesionales, hasta algunos representantes de bancadas que se autodenominan progresistas o alternativas. Todos, por distintas razones, aseguran buscar un mismo fin: proteger a las mujeres, niñas y niños.
Mientras congresistas de los partidos tradicionales ocupan las pantallas y las primeras planas de los periódicos apropiándose del discurso de la sensatez, hay mujeres que llevan décadas luchando y acompañando a las que, precisamente, se han visto inmersas en prácticas de explotación reproductiva en el país, denunciando y luchando por la abolición.
Una de ellas es Alejandra Vera. Abogada, abolicionista, investigadora y directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete desde hace ocho años. Acumula 16 años de activismo en defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en razón del sexo. Además, ha fungido como representante nacional de todas las organizaciones de derechos humanos de las mujeres del país ante la Ley 1257 de 2008.
Esto nos contó:
“Hemos atendido 27.000 mujeres durante estos ocho años, de los cuales 630 hemos puesto en conocimiento y activado la ruta por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, reproductiva, venta de óvulos e incluso de cabello en el territorio de Norte de Santander. Atendemos todas las violencias, hacemos litigio estratégico, en algún momento ofrecimos un espacio seguro y de cuidado para adolescentes madres víctimas de trata.”
El negocio global y el papel de Colombia.
Según el informe presentado por Reem Alsalem, Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, «(…) en 2023, el mercado mundial de la reproducción subrogada estaba valorado en 14.950 millones de dólares y se prevé que para 2033 alcanzará los 99.750 millones de dólares». Personas o parejas de países con mayor poder adquisitivo viajan a naciones donde la legislación es laxa o inexistente para ‘contratar’ mujeres y comprar bebés. Con un marco normativo laxo y un aparato productivo que empuja a las mujeres a la supervivencia, Colombia se ha convertido en un eslabón clave de esa cadena.
Alejandra asiente. Ella y su organización han apoyado los informes de Reem Alsalem sobre explotación reproductiva y sexual como forma de violencia contra las mujeres, a su vez, el de sexo como categoría, en articulación con la Plataforma CIAMS[1] y otras organizaciones a nivel nacional e internacional, conservando un carácter internacionalista.
Esto respondió:
«Colombia ha adquirido un lugar relevante dentro del mercado transnacional de la gestación subrogada. Después del inicio de la guerra en Ucrania y de las restricciones adoptadas en otros países, se ha observado un mayor interés de agencias e intermediarios extranjeros en el territorio colombiano.
Nuestro país, además, es uno de los principales receptores de población migrante venezolana. Las mujeres que atraviesan situaciones de pobreza, irregularidad migratoria, desempleo, desplazamiento o ausencia de redes de apoyo pueden encontrarse en una condición de mayor vulnerabilidad frente a mecanismos de captación y explotación.
Además, Colombia no tiene una regularización, en el sentido de que no se ha exhortado para erradicar o prohibir este delito. Existe y no hay control. A pesar de que no hay controles, llevamos como 10 o 15 años viendo cómo estas clínicas han aumentado su capital, van creciendo evidentemente. La captación ocurre en estas clínicas, no solo en las capitales, sino en territorios donde el Estado no tiene control.
Esta realidad exige una investigación rigurosa. Se ha advertido, de manera preliminar, sobre la posible salida del país de hasta 5.000 niños y niñas al año que podrían estar relacionados con procedimientos de gestación subrogada. Sin embargo, esta cifra debe manejarse como una estimación presunta y sujeta a verificación, debido a la ausencia de un registro oficial unificado y a la posibilidad de un importante subregistro.
Dos fuerzas políticas opuestas, un mismo consenso: regular, no prohibir
El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez se autodenominó «el gobierno de las mujeres» y, sin embargo, teniendo la oportunidad de prohibir la gestación subrogada, optó por regularla. Al mismo tiempo, Cambio Radical, en cabeza de Lina Garrido —hoy funcionaria del gobierno actual—, que se presenta como defensora de la familia, impulsó una iniciativa igualmente regulacionista envuelta en el discurso del altruismo que apenas disimula la explotación reproductiva.
Le pregunto a Alejandra cuál es la postura del movimiento abolicionista frente a ese consenso regulatorio. Su respuesta es implacable y sentencia sin titubeos:
“En el gobierno pasado no hubo posibilidad alguna. La misma relatora lo mencionaba: el gobierno de Gustavo Petro fue un gobierno que promovió toda esta agenda totalmente. Dejó meter a Soros, a la Open Society, una de las organizaciones que más financia la pornografía, las farmacéuticas y la explotación reproductiva. Eso fue un caballo de Troya que nos metieron. Siempre lo he dicho: el gobierno de Gustavo Petro no tiene nada que ver con la izquierda. La izquierda no le haría eso a las mujeres. Nosotras creemos que se disfrazaron para que creyéramos que venía un gobierno para las mujeres, pero obviamente no. Fue un caballo de Troya: un gobierno machista, misógino, con un odio y un desprecio hacia las mujeres, con el objetivo de mercantilizarlas.
Cuando tuvimos conocimiento de que el Ministerio de Justicia avanzaba en la preparación de un proyecto de ley para regular la gestación subrogada, diferentes mujeres, organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos solicitamos formalmente conocer y revisar su contenido.
Como resultado de esta actuación colectiva, se promovió un espacio de discusión en Bogotá en el que participaron varias compañeras y representantes de organizaciones. Allí solicitamos que la iniciativa fuera analizada con rigor técnico, jurídico y constitucional, incorporando los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres y el principio del interés superior de los niños y las niñas.
Manifestamos nuestra preocupación porque la propuesta no ofrecía garantías suficientes frente a los posibles escenarios de captación, intermediación económica, violencia reproductiva, incumplimiento contractual, afectaciones a la salud y separación del niño o la niña de la mujer que lo había gestado.
También advertimos la necesidad de una participación efectiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Resultaba jurídicamente inadmisible construir una regulación sin involucrar de manera central a la entidad responsable de la protección integral de los niños y las niñas.
¿Prohibir es restringir la autonomía de las mujeres?
Diversos sectores sostienen que prohibir o abolir la gestación subrogada equivaldría a restringir la autonomía de las mujeres y su capacidad de decisión sobre sus propios cuerpos, calificando esta postura como neoconservadora.
Al respecto señala:
«Aunque estas prácticas pueden presentarse bajo una apariencia de legalidad, consentimiento y solidaridad, deben examinarse desde los derechos humanos y no solamente desde el derecho contractual o privado.
Las clínicas y agencias suelen sostener que existe un acuerdo libre entre las partes, una remuneración y la intención de ayudar a otras personas a conformar una familia. Sin embargo, el objeto del contrato involucra el cuerpo, la salud y la capacidad reproductiva de una mujer, así como el nacimiento y la posterior entrega de un niño o una niña. Por ello, no puede tratarse jurídicamente como una transacción comercial ordinaria.
Algunos contratos conceden a los comiténtes facultades para decidir sobre aspectos esenciales del embarazo, incluidos procedimientos médicos, reducción embrionaria o interrupción del embarazo cuando se identifica una posible enfermedad, discapacidad o malformación. Al mismo tiempo, pueden establecer limitaciones a la capacidad de la mujer gestante para tomar decisiones sobre su propia salud y sobre la continuidad del embarazo.
Esta asimetría demuestra que el consentimiento inicial no resuelve todos los conflictos éticos y jurídicos que pueden presentarse. La autonomía debe mantenerse durante todo el proceso y no puede quedar subordinada a los intereses económicos o reproductivos de quienes contratan.
La experiencia de las sobrevivientes también demuestra que detrás de estos acuerdos suelen existir necesidades económicas concretas: mujeres abandonadas por sus parejas, madres responsables del sostenimiento de sus hijos, mujeres migrantes, desempleadas o con familiares enfermos y sin acceso suficiente a la protección social.
En estas circunstancias, resulta problemático utilizar conceptos como libertad, elección o empoderamiento sin analizar las condiciones de desigualdad que preceden al consentimiento. La necesidad económica no puede convertirse en el fundamento para legitimar la disposición comercial del cuerpo y de la capacidad reproductiva de las mujeres.”
La Invitación:
Le pregunto acerca de los principales retos que enfrenta el movimiento para lograr que este proyecto pase y qué invitación les hace a las mujeres colombianas para que se sumen a esta causa.
Su llamada se centra en:
“Confiamos en que el Proyecto de Ley 052 de 2026 pueda avanzar en el Congreso conservando su orientación abolicionista. Sabemos que existen importantes intereses económicos alrededor de la gestación subrogada y que durante el trámite legislativo pueden presentarse modificaciones dirigidas a sustituir la prohibición por un modelo de regulación.
Por eso es indispensable que las mujeres, las organizaciones feministas, las defensoras de derechos humanos, las sobrevivientes, la academia y los profesionales de la salud acompañemos cada etapa del debate. Debemos participar en las audiencias públicas, hacer seguimiento a las ponencias y promover una discusión informada en universidades, organizaciones sociales, instituciones sanitarias y medios de comunicación.”
Más allá de la advertencia literaria representada en la sociedad distópica de Gilead, esta es la realidad que enfrentamos las mujeres en Colombia. Porque si una está sujeta a ello, todas somos susceptibles. Ojalá el Congreso esta vez sí esté a la altura. Que ninguna mujer tenga que convertir sus capacidades reproductivas y sus hijos en moneda de cambio para sobrevivir. Nos sumamos al llamado a la organización y lucha de las mujeres, más allá de lo coyuntural, y a elevar el nivel de conciencia de estas discusiones en la academia y en la sociedad en general. A su vez, a luchar por un país soberano que deje de ser sinónimo de la compra y venta de mujeres, niñas y niños.
[1] La Coalición Internacional para la Abolición de la Gestación Subrogada (CIAMS) es una federación de organizaciones feministas y de derechos humanos fundada en 2018 para abogar por la explotación reproductiva. Persigue este objetivo con sus 60 organizaciones activas en 20 países de cuatro continentes (Australia, Corea del Sur, Japón, Ucrania, Rumanía, Hungría, Croacia, Grecia, Austria, Italia, Bélgica, Suecia, el Reino Unido, Irlanda, Francia, España, Colombia, Nigeria, Canadá y Estados Unidos) y con organizaciones asociadas y activistas que trabajan sobre el terreno y a través de las fronteras para poner fin a la explotación reproductiva de las mujeres y la mercantilización de las niñas y los niños, organizada por una industria que ha crecido hasta alcanzar miles de millones de dólares en la última década.
