Cada día se prueba que la peor medida de política económica en el Gobierno de Petro fue la reforma tributaria de 2022, que, pese a predecibles secuelas por las condiciones económicas, recibió aplausos desde el FMI hasta del “centro político”. Junto con el alza de los combustibles, también dictada por el FMI, derrumbaron el ahorro empresarial y arrastraron la inversión, incluso la de Ecopetrol, y el empleo. En la olla.
Se agregaron la inflación desbordada, el manejo monetario con altas tasas de interés por el Banco de la República y las erogaciones para el soborno a los políticos que aprobaron la tributaria. Caso notorio son las redes de un senador conservador en la UNGRD con el carrusel de carrotanques en La Guajira o giros multimillonarios a focos para manejos politiqueros, como en Sabana de Torres.
La economía fiscal enseña que el recaudo guarda proporción directa con el crecimiento, y uno del 0,6 por ciento de 2023 incidió en el incumplimiento de 11 billones de pesos frente a la meta propuesta, y para 2024, según JP Morgan, como se observó desde el último trimestre de 2023, “seguirá teniendo obstáculos” (La República, 2/2/24). El déficit anual previsto en las cuentas oficiales será descomunal: del 5,3 por ciento del PIB, casi el máximo permitido en la regla fiscal. En la superolla.
Consciente del lío, Petro decidió liquidar el presupuesto de inversión de 2024, en contravía de la ley, en partidas globales, en una bolsa común en la que quedaban sin asignación específica 108 proyectos y programas por 13 billones de pesos. Entre ellos el metro de Bogotá y el de Medellín de la 80, vigencias futuras de las vías 4G, infraestructuras como el túnel del Toyo en Antioquia y 1,2 billones para calidad y mejoramiento de infraestructura en 15 universidades públicas (Portafolio, 11/2/24). Por oponerse a esa maniobra, salió el director de Planeación.
El brinco de regiones y concesionarios arrebató algunos recursos, mientras en simultánea se amarraban los de la salud dirigidos a las EPS. Giros suspendidos o ralentizados y sobre todo la insuficiencia, reconocida por propios y extraños, del pago por persona, de la denominada UPC, conducta con la que, además, se presionaba la aprobación del proyecto de salud en el Congreso.
Vendrá el control de casi 30 millones de usuarios del sistema sanitario al sumar los docentes, sus familias y los pensionados del magisterio, cuando el primero de mayo venidero se concrete el zarpazo final al régimen especial, con la anuencia del comité ejecutivo de Fecode, que dizque fue “presionado”.
Los caficultores están en la fila de los damnificados. En circunstancias de mercado a la baja, con ventas a pérdida o con muy baja rentabilidad, el Gobierno de Petro los mira indolente, como Nerón a Roma en llamas.
El Icetex, por su parte, adeuda a las universidades privadas buena parte de los créditos educativos, “más de 500.000 millones de pesos”, que “representan entre el 15 y el 45 % de la matrícula”, utilizados para su operación, con secuelas en la liquidez. Capítulo aparte es el frente de la energía y, en particular, el de las tarifas en el Caribe. Petro acogió en el Plan de Desarrollo (art. 372) el régimen tarifario especial que había definido el de Duque (art. 318), gravoso e inicuo contra 10 millones de usuarios. En ambos hay un parágrafo que admite aplicar “recursos provenientes del sistema general de regalías” para financiar “infraestructura eléctrica, como aportes que no incidirán en la tarifa”.
Pese a esto y aunque la gente cambie comida por facturas, el Gobierno desecha las propuestas o para apalancar 2,5 billones de pesos que las comercializadoras Air-e y Afinia deben a las generadoras (Portafolio, 19/3/24), o que se abone, a nombre de los exprimidos usuarios, los saldos del componente de comercialización prorrogados sin fin por la vía de la “opción tarifaria”, soportada en la Resolución 101028 de 2023 de la Creg, que debe revocarse.
En el seno de la crisis fiscal subyace el servicio de la deuda pública que entre 2023 y 2024 sumará casi 200 billones, y Petro va al FMI a pedir plazos para el monto contratado bajo el sistema de línea flexible, que es una suerte de adelanto de efectivo en tarjeta de crédito, que implicaría mayor costo. Hace una semana, de remate, propuso una nueva reforma tributaria para bajar ahora las tarifas a las empresas sin saberse cuáles contribuyentes o qué tributos asumirían el descuento.
El laberinto lleva “a un estado de suma del déficit fiscal y en cuenta corriente de más del 10 % del PIB”, dice Eduardo Sarmiento, y añade que en ese “marco no cabe el gasto generado por las reformas sociales, en particular la de la salud, y en menor grado la de pensiones y la educación”. Esta tormenta perfecta, construida con perfidia neoliberal, es una auténtica debacle.
Columna de opinión tomada de Revista Semana.
Publicada el 19 de abril de 2024.
