Incremento del salario, sin proceso paralelo de recuperación del mercado interno y fomento productivo nacional, es cháchara.
Por decreto y sin incomodar al capital extranjero. Así terminó el trámite de ajuste salarial, entre el Gobierno Petro y los gremios económicos. Las Centrales renunciaron a su silla en la Comisión Tripartita, actuando en todo momento bajo las órdenes oficiales. Escondieron esa actitud genuflexa tras la consigna de ajuste compensatorio de inflación y avance en poder adquisitivo. Una postura con la que tratan de quedar bien, mientras apoyan políticas gubernamentales contra trabajadores y el sector productivo colombiano, como la reforma tributaria de 2022.
Sindicalistas oficialistas ocultan que el Decreto lo firmó el jefe del gobierno de “el cambio”. El mismo que convoca a los trabajadores a movilizarse en defensa de sus políticas; las que mantienen un conjunto de normas y “micos” anti-obreros, como el proyecto original, en la reforma laboral y una reforma pensional por pilares, que elimina el principio básico de la solidaridad entre los cotizantes y fortalece AFP. El de las reformas para cumplir con “compromisos internacionales”, como el capítulo 17 de TLC con los Estados Unidos, obedecer los mandatos fiscales del Fondo Monetario Internacional (FMI), las “recomendaciones” del Banco Mundial y la Ocde. Es el mismo gobierno que impuso el “gasolinazo”, gravó los consumos a la canasta básica familiar y eliminó el subsidio a la energía del estrato 3 a partir de 2027. El que intenta eliminar el régimen de prestaciones sociales del magisterio. Con amigos así…
Ante la pantomima de las Centrales, se difundió la tradicional perorata de salario bajo para mantener competitividad en el contexto internacional, motivar la llegada de más inversión extranjera, evitar el desempleo y contener la inflación. Nada nuevo. Como tampoco es novedad que la oferta exportable de Colombia no es competitiva, es de materias agrícolas y minero-energéticas, cuyo principal género, el café, vive además una profunda crisis, hace rato dejó de competir en cantidad y pasa apuros en cuanto a la calidad. En la manufactura, nada que hacer.
En línea con la concepción clásica neoliberal, se acusa el valor del salario mínimo como factor desestimulante para la creación de empleo e incluso como generador de desempleo. La práctica lo desmiente. De ser así, no habría países industrializados; de hecho, entre más robusta y compleja la producción, menos desempleo y más altos son los salarios. En Colombia, con la vigente Ley 50 y 789 no se habría conformado un desempleo estructural mayor al 10%.
Tampoco es cierto, como sostienen algunos despistados, que el alza del mínimo es la varita mágica para reanimar la alicaída producción. El 40% del empleo formal ―3.7 millones de trabajadores― depende de micro y pequeñas empresas (Dane 2023), unidades sin músculo financiero y sin vínculos con el mercado internacional, en lo fundamental. Para este segmento productivo, los aumentos del mínimo, sin una política consistente de recuperación del mercado interno y sin un plan vigoroso de fomento productivo, que fije una tasa de cambio competitiva, abarate el crédito y cambie la política comercial de apertura desenfrenada, les resta toda perspectiva fructífera en el mediano plazo.
Menos de un tercio de los 11,5 millones de asalariados, devengan el mínimo (Dane, 2023). Al compararlos con el volumen entre independientes, desempleados y los asalariados con ingresos menores al mínimo, la relación es cinco a uno. Por cada asalariado del mínimo hay cinco trabajadores desempleados o sobreviviendo del rebusque, influyendo en el envilecimiento de la mano de obra, dentro de niveles de pobreza monetaria de más del 35%. Sin cambio del modelo económico, el alza de la remuneración mínima ni fortalece la demanda ni incentiva la oferta.
En otro tiempo, este asunto estaba relativamente claro entre las principales corrientes sindicales. Ahora se aplaude que Petro mantenga los TLC y firme uno nuevo (Emiratos Árabes). Celebran que intensifique la política monetaria y mantenga la circulación libre de capitales extranjeros, destinados a la especulación y a la toma de la economía nacional, que, sobre todas las cosas, resguarde las ganancias de los inversionistas foráneos sin importar cuántas empresas nacionales se cierren y cuántos empleados queden cesantes.
Piden, por ejemplo, que el Banco de la República baje la tasa de interés sin musitar palabra de reclamo a Petro que, a través de Ocampo (entonces MinHacienda), votó para encaramarla hasta el 13,25%. Alaban a Petro por cumplirle al FMI, con la receta del saqueo, al tramitar una Reforma Tributaria que elevó la tasa de tributación efectiva a las empresas colombianas, mientras se las redujo a las multinacionales; afectó variables claves en el índice de precios al productor, como combustibles y energía eléctrica; redujo la capacidad de compra de los asalariados al aumentar impuestos indirectos en gasolina, servicios públicos y alimentos. Todo recibe el apoyo de la dirigencia sindical, merced a las retribuciones burocráticas a conmilitones. Esa es la cruda verdad.
Colombia necesita un modelo de desarrollo basado en el florecimiento de las fuerzas productivas. Es urgente denunciar los TLC inicuos, para garantizar el mercado interno y el fomento al tejido productivo nacional, condición indispensable en la generación de empleo agrícola e industrial. La política monetaria y la cambiaria deben estar al servicio de la producción y no en favor del capital extranjero ni del sector financiero, y la política fiscal fundamentada en impuesto directos y progresivos. Asimismo, urge implementar planes de empleo público, enfocados en la mano de obra no calificada.
Nada de lo anterior es posible sin conquistar la soberanía nacional, sin construir una política económica autónoma. La verdadera independencia sindical consiste en denunciar a quienes traicionen ese justo y necesario propósito y en sembrar en la base laboral la voluntad indeclinable de no cesar en la brega por concretarlo.
